El J8 el día que expuso el narco estado: crimen organizado y el alto mando militar

El pasado 8 de junio, la línea fronteriza entre Las Champas, México, y La Mesilla, Guatemala, se convirtió en escenario de un hecho que desnuda la fragilidad de las instituciones guatemaltecas frente al crimen organizado. Una persecución policial mexicana contra presuntos narcotraficantes derivó en un tiroteo en suelo guatemalteco, con al menos cuatro personas muertas, pero lo verdaderamente escandaloso fue lo que ocurrió —o más bien, lo que no ocurrió— del lado guatemalteco.

Videos grabados por pobladores muestran a los criminales cruzando la frontera aún armados, mientras elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército guatemalteco observan sin intervenir. No hubo disparos, no hubo detenciones, ni siquiera intentos por bloquear el paso. Algunos testigos incluso aseguran que las fuerzas guatemaltecas obstaculizaron momentáneamente el ingreso de los agentes mexicanos, facilitando así la huida de los perseguidos. ¿Inacción estratégica? ¿Miedo? ¿Complicidad?

El silencio que incomoda

Las respuestas oficiales no han logrado despejar la duda. El Ministerio de Gobernación presentó un informe el 13 de junio y puso a disposición a los 12 agentes asignados en La Mesilla. El Ministerio de la Defensa, por su parte, se limitó a decir que sus efectivos actuaron “con prudencia” para evitar daños colaterales. Pero la población local lo dice sin rodeos: eso no fue prudencia, fue protección.

No es la primera vez que se denuncia la cooptación institucional en la región. En Huehuetenango, como en otras zonas del occidente guatemalteco, el crimen organizado ha encontrado terreno fértil para operar. La sombra del general Orozco Orozco —quien dirigió inteligencia militar durante el gobierno anterior y estableció redes de poder en la zona con la aparente complacencia del actual ministro de la Defensa, Henry Sáenz— vuelve a aparecer. Se le atribuye haber creado estructuras que hoy permiten el control del narco en Huehuetenango, colocando incluso a su protegido, el coronel Gil Cordón, al mando de la región.

La frontera sin ley

El incidente del 8 de junio no es aislado. Es apenas una muestra visible, captada por celulares, de una realidad que lleva años gestándose: la presencia del narcotráfico en territorio guatemalteco ya no es clandestina, es estructural. No solo cruzan la frontera, operan con respaldo. Lo grave es que ese respaldo parece venir desde el Estado mismo.

México, aunque ofreció disculpas diplomáticas por el ingreso de sus agentes a Guatemala, también dejó entrever su frustración: el país vecino ya no representa un aliado confiable en la lucha contra el crimen. “Allá los narcos se sienten más seguros que en casa”, comentó un funcionario mexicano en condición de anonimato.

¿Quién manda en la frontera?

La falta de coordinación entre los ministerios de Defensa y Gobernación fue evidente incluso en sus declaraciones públicas, particularmente durante la rueda de prensa del lunes 9 de junio. La vicepresidenta de la República, ausente del tema, tampoco ha asumido un rol claro ante la crisis. Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta: si las fuerzas de seguridad no responden, ¿quién decide a quién se protege y a quién se persigue?

Pero esta crisis ya no es solo un asunto doméstico. Estados Unidos ha lanzado una amplia misión de observación y recolección de inteligencia sobre lo ocurrido, y ha presionado directamente al presidente Bernardo Arévalo para que realice cambios inmediatos en las carteras de Defensa y Gobernación. Sin embargo, los compromisos de distinta índole que el mandatario mantiene con Francisco Jiménez lo han llevado no solo a sostenerlo en el cargo, sino a forzar negociaciones con la embajada estadounidense para tratar de “lavarle la cara” ante su evidente incapacidad. La presión internacional crece, pero dentro del país las decisiones siguen atrapadas por lealtades políticas.

El país espera respuestas, pero sobre todo acciones concretas. Entre ellas:

1. Una investigación independiente, pública y con resultados vinculantes sobre la actuación de los agentes de la PNC y el Ejército el 8 de junio.

2. Sanciones reales: desde los agentes en campo hasta los altos mandos responsables de la cadena de decisiones.

3. Revisión urgente de los protocolos fronterizos, para garantizar que situaciones como esta no se repitan.

4. Destitución de los ministros de Gobernación y Defensa, por su evidente falta de coordinación, control y liderazgo.

   
   

Lo que ocurrió en La Mesilla no fue un hecho aislado ni un error de cálculo. Fue una postal de cómo el crimen organizado ya no opera al margen del Estado, sino desde adentro. Si el gobierno no depura sus instituciones, si no rompe las cadenas de mando que hoy responden a intereses paralelos, entonces lo que se protege con uniforme no es la soberanía, sino la impunidad.