Autoridades habrían facilitado rutas clandestinas para el narco: dos campesinos asesinados en Zacapa

Una denuncia gravedad revela información que implicaría al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo en presuntas alianzas con el narcotráfico, facilitando operaciones ilegales desde las más altas esferas del poder. Según fuentes cercanas a la zona de Santa Rosalía Mármol, en el departamento de Zacapa, el Estado habría promovido la construcción de caminos y pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas cargadas con droga y dinero, con la colaboración de autoridades del más alto nivel.

De acuerdo con reportes recibidos, la supuesta red de complicidad involucra directamente al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; al ministro de la Defensa, Henry Sáenz; y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo. Estas figuras estarían detrás de un plan estratégico para habilitar pasadizos sin control estatal, facilitando el libre tránsito de cargamentos ilícitos. Lo más preocupante es que estas acciones habrían contado con el respaldo de la hidroeléctrica que opera en la zona, cuyos propietarios, según los testimonios, ya estaban al tanto de la operación e incluso habrían colaborado en la habilitación de carreteras clandestinas.

Los intereses económicos ligados al narcotráfico habrían llevado a pactar el desalojo de familias campesinas que habitan estas tierras. Como respuesta, las comunidades afectadas se organizaron para resistir el desplazamiento forzoso, denunciando públicamente que la orden de desalojo provenía directamente de un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios de la hidroeléctrica.

La tensión escaló dramáticamente este martes 29 de julio, cuando a las 11:00 a.m. ingresó al área un fuerte contingente de fuerzas antimotines, enviado por las autoridades gubernamentales. La incursión terminó con un saldo trágico: dos campesinos fueron asesinados mientras defendían su territorio.

Alerta en Baja Verapaz

La preocupación se extiende ahora hacia otras regiones. Se ha emitido una alerta comunitaria en Baja Verapaz, donde habitantes temen que pueda replicarse la misma estrategia de desalojo violento. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido vigilancia y acompañamiento internacional ante el inminente riesgo de represión.

La situación expuesta revela una peligrosa erosión de las estructuras democráticas del país. La presunta colusión entre altos funcionarios del Gobierno y redes del narcotráfico representa una amenaza directa a la soberanía, al Estado de Derecho y a la seguridad de las comunidades rurales. De confirmarse, estaríamos frente a un caso de narcoestado, donde las instituciones que deberían garantizar la protección ciudadana y el control territorial están, por el contrario, facilitando operaciones del crimen organizado.

El uso de la fuerza contra la población civil, así como la instrumentalización de los cuerpos de seguridad para proteger intereses ilegales, demuestra una desconexión alarmante entre el Gobierno y los derechos fundamentales de su pueblo.

Guatemala se encuentra en una situación crítica. Las denuncias deben ser investigadas con urgencia, tanto a nivel nacional como internacional, y es fundamental que la ciudadanía y la comunidad internacional se mantengan vigilantes ante posibles nuevas acciones de represión.