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Superintendente de la SAT acusado de pertenecer a una Estructura Criminal y manejar empresas del presidente Bernardo Arévalo



Nuevas investigaciones han puesto en evidencia al Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, tras revelarse presuntos vínculos con una estructura criminal y brindar asesorías a empresas relacionadas con el presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León. Estas asesorías habrían sido realizadas a través de la firma de auditores llamada Moore Díaz Reyes.


Según las investigaciones, el hermano del Superintendente, Julio César Díaz Reyes, jugó un papel crucial en estas operaciones al encargarse de la contabilidad y asesoramiento de las empresas contratistas y proveedores del Estado escondiendo todo tipo de problemas para ser favorecidos. Esta práctica, además, se habría perpetuado desde el gobierno de Alejandro Giammattei, y ahora se ven involucrados otros funcionarios del actual gobierno incluyendo al presidente de la República, Bernardo Arévalo.


Otros presuntos involucrados en esta estructura incluyen a William Estuardo Dionisio Cruz y Evelyn De León. De León, además de estar asociada con la firma, funge como catedrática en la Universidad Internacional, una institución que, de acuerdo con fuentes cercanas, habría recibido inversiones provenientes del capital generado por estas asesorías. Asimismo, las investigaciones señalan que Marco Livio Díaz Reyes habría realizado negociaciones con personas de otras nacionalidades.


Está situación trae fuertes consecuencias al desgaste de la imagen del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien llegó al poder con una plataforma de cambio y honestidad, lo que podría ver su reputación empañada. Aunque no se ha presentado evidencia directa que lo involucre, la percepción de cercanía entre su gobierno y un funcionario acusado de irregularidades podría alimentar dudas sobre la transparencia de su administración.


Este tipo de casos, que involucran a altos funcionarios públicos, puede erosionar la confianza en las instituciones estatales si no se aborda de manera efectiva. Una acción rápida y transparente de parte de las autoridades judiciales es esencial para reforzar la autoridad del sistema de justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley.

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