Crisis carcelaria, negociaciones fallidas y una cortina de humo política

En las últimas horas ha trascendido que el Ejecutivo habría entrado en pánico tras perder el control de una negociación que se mantenía con estructuras de las maras Barrio 18 y MS-13, la cual era operada por Mario Bozos, director de la DIGICI, bajo órdenes directas del presidente Bernardo Arévalo y del embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez.

Como parte de esa maniobra, un privado de libertad habría sido presuntamente coaccionado por Bozos para grabar un video en el que se hacía un llamado a un supuesto golpe de Estado, con el objetivo de crear una cortina de humo mediática y desviar la atención de lo que realmente estaba ocurriendo dentro del sistema penitenciario.

Sin embargo, la verdadera causa de los motines sería otra. Según información interna, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López, por órdenes directas del viceministro de Seguridad, Estuardo López Solórzano, y con el respaldo del director de la PNC, David Custodio Boteo, habría triplicado los cobros ilegales a la población reclusa, conocidos como la talacha.

Estas medidas se habrían impuesto bajo amenazas de traslados arbitrarios, retiro de privilegios y un endurecimiento deliberado de las condiciones carcelarias, lo que habría detonado la reacción violenta en distintos centros penitenciarios.

El trasfondo de esta crisis, de acuerdo con fuentes cercanas a la Embajada de los Estados Unidos, tendría un claro tinte político: provocar una situación de ingobernabilidad que permita al Ejecutivo justificar un estado de excepción a nivel nacional.

Con ello, se buscaría ejecutar fondos públicos sin someterse a la Ley de Compras y Contrataciones, además de acceder a recursos destinados, presuntamente, a la compra de voluntades dentro del Congreso de la República.