Presuntas presiones y amenazas para el pago de sobornos bajo investigación internacional

Empresas nacionales y extranjeras con inversiones en Guatemala habrían denunciado presuntas presiones, amenazas y solicitudes de pagos ilícitos por parte de altas funcionarias del Ejecutivo, como condición para no revocar o retrasar licencias ambientales previamente otorgadas.

De acuerdo con los señalamientos, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes de Lehnhoff, y la secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, estarían involucradas en un modus operandi consistente en advertencias directas o indirectas a representantes empresariales, vinculando la continuidad de sus operaciones al pago de “coimas” o contribuciones irregulares. Estas prácticas, presuntamente, se habrían dirigido a empresas con capital e intereses provenientes de Estados Unidos, Suiza, Italia y otros países europeos.

Quejas elevadas a embajadas

Varias de las compañías afectadas habrían optado por elevar quejas formales ante sus respectivas embajadas, argumentando un entorno de inseguridad jurídica, abuso de poder y utilización discrecional de la normativa ambiental. Según las denuncias, las amenazas incluirían la cancelación de licencias, la paralización de proyectos y la imposición de procesos administrativos sin sustento técnico suficiente.

Fuentes cercanas al proceso indican que la Embajada de Estados Unidos habría mostrado un interés especial en documentar y verificar estas denuncias, dada la afectación directa a empresas estadounidenses y al clima de inversión extranjera en el país.

Señalamientos sobre decisiones desde Casa Presidencial

De acuerdo con fuentes vinculadas a la Embajada de Estados Unidos, la selección de empresas y empresarios presuntamente sometidos a presiones o intentos de extorsión se estaría realizando desde Casa Presidencial, lo que ampliaría el alcance de las denuncias más allá de las dependencias directamente involucradas en la gestión ambiental.

Según estas mismas fuentes, tanto la ministra de Ambiente como la secretaria Privada de la Presidencia habrían insistido ante representantes empresariales en que las advertencias sobre la cancelación de licencias ambientales se emiten por orden presidencial, argumento utilizado para reforzar la presión sobre las empresas afectadas.

Estos señalamientos, de confirmarse, podrían implicar un nivel de responsabilidad política mayor, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la supuesta intervención directa del presidente en dichas decisiones.

Investigación y posibles sanciones migratorias

Según la información disponible, funcionarios diplomáticos estadounidenses estarían recopilando testimonios, documentos y patrones de actuación, con el objetivo de determinar si las conductas denunciadas podrían configurar actos de corrupción susceptibles de sanciones bajo la legislación estadounidense.

En ese contexto, las dos funcionarias señaladas figurarían preliminarmente entre una lista de altos cargos del actual gobierno que podrían enfrentar la revocación de visas u otras medidas migratorias, en caso de comprobarse su participación en prácticas corruptas.

Silencio oficial y preocupación empresarial

Hasta el momento, ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ni la Secretaría Privada de la Presidencia han emitido una postura oficial frente a estos señalamientos. Tampoco se ha informado sobre la apertura de investigaciones administrativas internas.

Sectores empresariales consultados advierten que este tipo de denuncias, de confirmarse, representarían un serio golpe a la credibilidad del discurso anticorrupción del actual gobierno, con posibles repercusiones directas en la inversión extranjera, la cooperación internacional y la imagen del país ante sus principales socios estratégicos.