DEA, violencia en Nahualá y decisiones extraordinarias: versiones que colocan al Gobierno bajo presión

Fuentes cercanas al Ejecutivo sostienen que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) habría trasladado señalamientos graves al presidente Bernardo Arévalo, relacionados con el actual Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico.

De acuerdo con estas fuentes, durante una visita realizada el miércoles 10 de diciembre, el administrador de la DEA, Terry Cole, habría planteado directamente al mandatario guatemalteco la necesidad de remover al titular de la Defensa, debido a información que estaría en poder de agencias estadounidenses y que vincularía al funcionario con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Hasta el momento, no existe confirmación pública oficial por parte de la DEA, del Gobierno de Estados Unidos ni del Ejecutivo guatemalteco, lo que mantiene el tema en el terreno de las versiones no oficiales, aunque de alto impacto político y diplomático.

Movimientos internos, tensión institucional y versiones de fuga

Fuentes dentro del Ejecutivo aseguran que, tras estos señalamientos, ya se estarían produciendo reacomodos internos en el alto mando de la Defensa Nacional, en un intento por contener el daño político y evitar una escalada internacional.

Según estas versiones, el general Israel Barrera Rosales habría sido considerado o incluso definido como posible reemplazo al frente del Ministerio de la Defensa Nacional, lo que reforzaría la percepción de una crisis interna en desarrollo.

Las mismas fuentes afirman que Henry Sáenz estaría evaluando abandonar el país, ante el temor de enfrentar eventuales procesos judiciales fuera de Guatemala. Este escenario lo colocaría dentro de una lista creciente de exfuncionarios del actual gobierno que, según versiones no oficiales, habrían salido del país en medio de cuestionamientos graves y señalamientos internacionales.

Entre los nombres que circulan en estos espacios figuran el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la exviceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, ambos mencionados en círculos políticos y diplomáticos, aunque sin procesos judiciales públicos confirmados hasta ahora.

Violencia reciente y decisiones de excepción

Otra información revelada y de acuerdo con versiones que circulan en ámbitos de seguridad, se menciona la posible existencia de negociaciones indirectas entre grupos vinculados al narcotráfico y sectores del poder, tras el ataque ocurrido el sábado contra un destacamento militar en el territorio de Nahualá.

Estas versiones señalan que dichos hechos habrían sido utilizados como factor de presión para impulsar la aprobación inmediata de un Estado de Prevención, figura legal que faculta al Ejecutivo a realizar compras y contrataciones de manera ágil y sin los procesos ordinarios de licitación, lo que abre serios cuestionamientos sobre transparencia, control y uso de recursos públicos.

Más allá de los desmentidos o silencios oficiales, la acumulación de señalamientos, reacomodos internos y decisiones extraordinarias dibuja un escenario de alta fragilidad política, que contrasta con el discurso de ruptura con las viejas prácticas que el actual gobierno prometió al asumir el poder.