Negociaciones en la sombra: cárceles bajo control de maras y un plan de terror orquestado por el gobierno

La violencia que estremece a las cárceles del país en las últimas semanas ya no puede verse como simples motines o reacciones aisladas. Diversos indicios apuntan a un plan orquestado desde el gobierno, donde la negociación con las pandillas se ha convertido en la pieza clave de una estrategia para sembrar miedo y distraer a la opinión pública de otros escándalos de corrupción.

Fuentes internas aseguran que funcionarios del Ministerio de Gobernación han sostenido negociaciones directas con la mara Barrio 18, otorgándoles control de cárceles y libertad de operaciones en áreas específicas, a cambio de que incrementen su ofensiva violenta en las calles. Entre las condiciones pactadas estarían asesinatos selectivos de personalidades, atentados contra empresas repartidoras y ataques con explosivos en lugares concurridos, con el objetivo de instalar un clima generalizado de terror.

Lo que está pasando en las cárceles es solo un reflejo de lo que han negociado con el gobierno. Allí se han registrado amotinamientos, tomas de rehenes, traslados masivos y la muerte de víctimas inocentes, hechos que, según múltiples versiones, el propio Ministerio ha ordenado ocultar a la prensa. Testigos describen el ambiente en los centros penitenciarios como un polvorín a punto de estallar, donde el enfrentamiento entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha podría desembocar en una masacre de gran escala.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala tiene conocimiento de estas negociaciones y ha advertido que el Barrio 18 ha adquirido armamento ilegal en Honduras, lo que eleva aún más el nivel de la amenaza. De forma paralela, se investiga a funcionarios vinculados al despacho del Ministerio de Gobernación, a la DIGICI y a la PNC, así como al analista político y actual embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez, por su presunta colaboración con estas redes criminales.

Estos hechos revelan un escenario mucho más complejo: las cárceles han dejado de ser centros de reclusión para convertirse en bastiones del crimen organizado, amparados por el propio Estado. La combinación de pactos secretos, violencia dirigida y tráfico de armas coloca a Guatemala al borde de un colapso de seguridad con consecuencias directas para toda la región.

Lo que ocurre hoy en los penales no es un problema aislado ni coyuntural: es el reflejo de un Estado debilitado que ha entregado el control a estructuras criminales. Mientras las autoridades mantienen un silencio cómplice, las cárceles se consolidan como el epicentro de una bomba de tiempo que amenaza con estallar y expandir su violencia hacia las calles, empresas y espacios públicos, arrastrando consigo la estabilidad del país y poniendo en riesgo la seguridad regional.