Fuga bajo sospecha: Francisco Jiménez habría abandonado el país con apoyo interno

Imágenes filtradas el día de ayer muestran al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, cruzando la frontera hacia El Salvador, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible huida del país.

Fuentes cercanas al caso afirman que Mario Bosos, actual director de la DIGICI, habría ordenado la suspensión temporal del sistema de migración, lo que permitió eliminar el arraigo judicial que pesaba sobre Jiménez y facilitó así su salida del territorio nacional.

De acuerdo con las mismas fuentes, la exviceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, también habría huido de Guatemala, cruzando de forma irregular el río Suchiate, que separa Guatemala de México, a la altura de Tecún Umán.

Mientras tanto, el ministro de la Defensa, Henri Sáenz, habría realizado gestiones y pagos millonarios a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de Jenny Noemy Alvarado Teni, magistrada de la CSJ, esposa del Coronel Cristhian Alfredo Schmidt Paredes, comandante de la 7ma brigada, esto para acelerar la emisión del  permiso especial que le permitiría asumir a Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación.

Las imágenes que circulan muestran a Jiménez desplazándose en un vehículo registrado a nombre de la empresa Armas Defensivas y Deportivas, S.A., donde trabajó anteriormente.Registros públicos en Guatecompras revelan que la compañía recibió en 2011 una adjudicación de Q15 millones del Ministerio de Gobernación. En ese momento, la contratación fue gestionada por el entonces primer viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano Elías, quien habría sido presionado por Jiménez para beneficiar a dicha empresa.

Cabe destacar que Solórzano volverá a ocupar el mismo cargo, según lo ha anunciado el presidente Bernardo Arévalo. Este año, la empresa Armas Defensivas y Deportivas, S.A. obtuvo un nuevo contrato por Q612,000. Sus representantes legales son José Gilberto Martínez Costa y José Manuel Martínez Padilla.

Fuentes consultadas aseguran que, al igual que en 2011, Francisco Jiménez busca mantener el control del Ministerio de Gobernación a través de Solórzano, con quien habría establecido un acuerdo para conservar su influencia dentro de la institución.

Asimismo, sostienen que Jiménez posee información personal comprometedora sobre Marco Antonio Villeda, lo que le permitiría ejercer presión política sobre él.

Analistas advierten que la fuga del exministro podría detonar una purga interna en el gabinete y profundizar la crisis política que ya enfrenta el Ejecutivo, tras el progresivo deterioro de las instituciones de seguridad.

La participación de altos funcionarios en maniobras de encubrimiento y los vínculos empresariales que conectan al exministro con contrataciones públicas configuran un patrón de corrupción estructural y una fuga planificada con respaldo estatal.

Si el Gobierno no actúa con transparencia y contundencia, este caso podría convertirse en un punto de quiebre para la credibilidad del régimen y comprometer aún más la estabilidad política del país.