Embajada y agencias de seguridad sorprendidas por cuestionados nombramientos en el Ministerio de Gobernación

La reciente designación de las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación por parte del presidente Bernardo Arévalo ha generado sorpresa y preocupación tanto en la ciudadanía como en la Embajada de Estados Unidos, según confirmaron diversas fuentes.

La decisión se produjo tras la renuncia de Francisco Jiménez, quien aún se encuentra ocupando el cargo de ministro luego de enfrentamientos internos y presiones políticas. De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo, los nombres seleccionados para ocupar los nuevos cargos no figuraban entre los perfiles inicialmente considerados como opciones con trayectoria técnica o reputación intachable.

El nuevo ministro de Gobernación sería Marco Antonio Villeda Sandoval, juez de carrera con más de 30 años de experiencia en el Organismo Judicial. Villeda es conocido por haber estado al frente de casos de extinción de dominio; sin embargo, fuentes vinculadas al sistema de justicia afirman que existen señalamientos y evidencia sobre presuntos actos de enriquecimiento ilícito relacionados con una red que habría operado dentro del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, vinculada al hurto de dinero y joyas durante allanamientos.

No obstante, hay una alta probabilidad de que Villeda no pueda asumir el cargo, ya que podría violar el artículo 207 de la Constitución, que establece que el puesto de juez es incompatible con cualquier otro cargo público. En consecuencia, debería renunciar al Organismo Judicial para poder asumir como ministro de Gobernación. De no hacerlo, su nombramiento podría ser impugnado legalmente.

Esta situación podría ser aprovechada por el exministro Francisco Jiménez, quien fue quien lo propuso para el cargo. Si Villeda no logra asumir, Jiménez podría prolongar su salida del ministerio para ganar tiempo, mantener su inmunidad y negociar la posibilidad de evitar una orden de captura en su contra por el caso Fraijanes II.

De acuerdo con información obtenida por este medio, el listado de las personas que el mandatario consideraba para ocupar el Ministerio del Interior incluía a Roberto Antonio Mota Bonilla, Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante y Oliverio García Rodas, quienes tampoco habrían pasado el visto bueno de las agencias de Estados Unidos.

En el Viceministerio de Seguridad fue designado Estuardo Roberto Solórzano Elías, quien anteriormente ocupó cargos en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y en la Inspectoría del Sistema Nacional de Seguridad. Solórzano ha sido mencionado en informes y denuncias por su presunta participación en un grupo clandestino de seguridad y sicariato que habría operado al servicio de la entonces primera dama Sandra Torres.

Por su parte, el nuevo viceministro de Antinarcóticos, Víctor Hugo Cruz Reynoso, trabajó como asesor en la Embajada de Estados Unidos y anteriormente en el área de Aduanas de los Puertos. Según información obtenida por fuentes de inteligencia, Cruz enfrenta serios señalamientos de enriquecimiento ilícito y posibles vínculos con una red de corrupción encabezada por Miguel Martínez y el exasesor de Gobernación Vinicio Ramírez, entre otros.

Las designaciones en el Ministerio de Gobernación abren un nuevo frente de incertidumbre para el gobierno de Bernardo Arévalo. Aunque las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre los señalamientos, las reacciones diplomáticas y el malestar dentro de las agencias internacionales reflejan preocupación por la dirección que podrían tomar las políticas de seguridad y justicia en el país.