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Una reciente investigación ha revelado irregularidades dentro del sistema penitenciario. Varios reos ya sentenciados, que por norma deberían cumplir su condena en la Granja Penal de Pavón, continúan en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Según fuentes internas, esta situación responde a decisiones tomadas por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo que ha despertado inquietudes sobre posibles actos de favorecimiento y complicidad con los sentenciados. Estos privados de libertad no solo permanecen ilegalmente en el centro preventivo, sino que además ejercen control sobre los sectores, manejan negocios ilícitos gozando de privilegios dentro del penal, de los cuales se presume el ministro Jiménez recibe ganancias. Lo siguiente detalla un listado de los sentenciados y su influencia actual dentro del preventivo: Nombre Nacionalidad Sector / Función Observaciones Franklin Geovany Pineda Velásquez Guatemalteco Control total del sistema, Sector 12 Figura clave en toda la estructura de poder carcelario Jesús Eduardo Sandoval Silva Colombiano Controla panadería del Sector 7 Maneja negocio desde prisión Juan Carlos Paredes Guatemalteco Control del Sector 7 Coordinador interno Walter Puxunic Sinsinai Guatemalteco Ex PNC, maneja tortillería en Sector 7 Ex PNC con contactos internos Macedonio Alberto Quiñones “el mono” Guatemalteco Sector 7 Reo con alto nivel de influencia Pedro Paulo Hernández Luargas Guatemalteco Mano derecha de “el mono” Segundo al mando en el Sector 7 José Luis Cervantes Mexicano Sin sector específico Vínculos con autoridades, goza de privilegios César Garay Carrillo Mexicano Sin sector específico Vínculos con autoridades, goza de privilegios Jonathan Ignacio Garay Mexicano Sin sector específico Vínculos con autoridades, goza de privilegios Alias “el Belloso” Guatemalteco Control total del Sector 8 Otro líder de gran poder dentro del penal Los privilegios otorgados a estos reos, el poder que muestran y su permanencia ilegal en el preventivo de zona la 18 reflejan una profunda crisis de gobernabilidad , la cual desaprueba el trabajo del ministro Francisco Jiménez y del Gobierno.

La gestión del actual secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Christian Esaú Espinoza Sandoval, ha sido fuertemente cuestionada por decisiones que, han debilitado seriamente el Sistema de Inteligencia en Guatemala. Uno de los casos más graves es la contratación onerosa de Julio Roberto Barrios Prado como asesor del despacho superior. Barrios, quien recibe un salario anual de más de Q298,000, tiene antecedentes penales por violación. Además, enfrenta denuncias por otros delitos, como abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, hurto agravado y falsedad material. A pesar de este historial, Barrios fue contratado por Espinoza, quien también es su socio comercial en la organización civil Diálogos. Esta decisión ha generado preocupación sobre la transparencia y ética dentro de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece la necesidad de contar con un sistema de inteligencia robusto y eficiente. Sin embargo, bajo el liderazgo de Espinoza, se desmanteló el funcionamiento del Centro de Formación y Profesionalización en Inteligencia Estratégica, creado en 2019, el cual era el órgano responsable de capacitar al personal de inteligencia. Además, se eliminó el Sistema de Carrera, que garantizaba igualdad de oportunidades y un avance profesional basado en méritos. Otro proyecto afectado ha sido el Centro Nacional de Inteligencia, una de las iniciativas más ambiciosas y costosas del Estado en materia de seguridad. El abandono de este proyecto representa una pérdida significativa de recursos y capacidades operativas. También se han reportado despidos injustificados de personal clave dentro de la institución. Algunos exfuncionarios han denunciado haber sido separados de sus cargos con acusaciones falsas, lo que ha afectado directamente la operatividad de la SIE. Una denuncia adicional señala que un programa de cooperación con la Embajada de Estados Unidos estaría siendo utilizado para realizar seguimientos ilegales a diputados, analistas y medios de comunicación críticos al gobierno. Expertos y analistas coinciden en que la administración de Espinoza ha representado un retroceso en los esfuerzos por fortalecer la inteligencia estratégica del país. En lugar de reforzar la seguridad nacional, sus acciones han generado desconfianza y debilitado una de las instituciones diseñadas para la protección del Estado y sus ciudadanos.

Agencias del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Sección de Economía y Política, el FBI HSI y la CIA, bajo las órdenes de Washington, están llevando a cabo una investigación exhaustiva contra el viceministro Antinarcótico, Werner Ovalle. El principal objetivo es desmantelar las redes criminales que él estaría liderando junto con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; el ministro de la Defensa, Henry Sáenz; y otros involucrados de la Embajada de EE. UU., encubiertos por el asesor de INL, Ricardo Guzmán Loyo. Las agencias mencionadas han señalado a estos como los responsables del aumento y flujo de cocaína en el país. Además, se ha evidenciado que Ovalle desmanteló unidades especializadas como DIPAFRONT y las unificó bajo su mando. Las pruebas recabadas hasta ahora vinculan a Werner Ovalle, quien, durante su administración como Intendente de Aduanas en el gobierno de Alejandro Giammattei, habría tenido acceso a información y recursos que le permitieron perpetrar operaciones de narcotráfico, corrupción y defraudación. Se permitió que grupos del crimen organizado operaran con libertad, no solo en el tráfico de drogas, sino también en el contrabando en los puertos y otras áreas clave para el comercio internacional. En este contexto, las organizaciones de narcotráfico habrían utilizado los puertos como puntos estratégicos para el tráfico de drogas, sin que las autoridades pudieran tomar medidas efectivas. Hace unos días, de manera inesperada, los líderes de los 48 cantones se pronunciaron a través de una conferencia de prensa, calificando a Werner Ovalle de "impresentable" para asumir el cargo de Superintendente de la Administración Tributaria (SAT). Exigieron una investigación profunda sobre su figura, afirmando que su liderazgo está viciado y obstaculiza los esfuerzos por controlar la corrupción y el narcotráfico dentro de las aduanas. Este escándalo ha puesto en entredicho la gestión de Ovalle y también la capacidad del gobierno para mantener el orden en una de las instituciones clave en la lucha contra el narcotráfico.

Una red de complicidad entre altos funcionarios del gobierno de Guatemala y cárteles de narcotráfico está poniendo en grave peligro la seguridad nacional del país. Diversas fuentes han señalado a figuras clave del gobierno, entre ellas el ministro de Gobernación Francisco Jiménez, el viceministro de Antinarcóticos Werner Ovalle, el ministro de Defensa Nacional Henry Sáenz, el presidente del Congreso Nery Ramos, y los diputados Luis Fernando Aguirre Estrada del partido CABAL y Samuel Pérez del oficialismo, quienes estarían involucrados en una estructura que facilita el tráfico de drogas a través del país. Esta situación ha atraído la atención de Estados Unidos, que ha enviado una fuerza de tarea para monitorear y recolectar información sobre esta red de complicidad. Uno de los funcionarios más señalados es Werner Ovalle, quien antes de ser viceministro de Antinarcóticos, ocupó el cargo de intendente de Aduanas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ovalle está siendo investigado por las autoridades estadounidenses debido a la falta de control en la verificación de operaciones antinarcóticas en los puertos del país. Durante 2024, bajo su gestión, Guatemala fue utilizada como ruta de tránsito para el narcotráfico, lo que generó preocupación a nivel internacional. Además, el ministro de Defensa Nacional Henry Sáenz y el comandante de la Brigada de Infantería de Marina Carlos Humberto Mota Ramírez también están siendo investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción. La situación empeoró cuando fueron divulgados videos que muestran a un convoy de narcotraficantes mexicanos fuertemente armados cruzando la frontera hacia Huehuetenango sin ninguna intervención por parte de las autoridades. En otro video se observa un enfrentamiento entre cárteles que emplean explosivos en sus ataques, destacándose la ausencia total de las fuerzas de seguridad, lo que han informado que, bajo la orden del ministro de Gobernación, se suspendieron los patrullajes en la zona, permitiendo el libre tránsito de los narcotraficantes. La creciente evidencia de la colaboración entre altos funcionarios del gobierno y los cárteles de narcotráfico ha puesto a Guatemala en una situación crítica. La presión internacional sobre el gobierno está aumentando, mientras que la inacción de las autoridades locales revela la complejidad de esta red de corrupción. La necesidad de una investigación exhaustiva, transparencia y rendición de cuentas es urgente para frenar esta corrupción institucionalizada y recuperar la confianza en las fuerzas de seguridad y en el gobierno de Guatemala.

El diputado Samuel Pérez ha sido protagonista de una serie de situaciones controvertidas que han puesto en evidencia su conducta irresponsable, tanto en su vida personal como en su rol público. Desde altercados públicos hasta presuntos encubrimientos, las acciones del diputado parecen reflejar una cultura de impunidad y corrupción que persiste en la política de muchos países. Un incidente particularmente notable ocurrió en agosto de 2023, cuando Pérez protagonizó un altercado con la seguridad privada de un edificio en zona 4. En ese momento, se le vio intentando ingresar por la fuerza a un lugar, empujando al agente de seguridad del lugar e incluso se observó la agresividad con la que trató a su acompañante cuando intentaba calmarlo. Lo más alarmante de este hecho fue que el diputado se encontraba visiblemente alterado por el consumo de alcohol. Este episodio mostró abuso de autoridad, violencia de género y una actitud agresiva e intransigente, algo que se ha vuelto una constante en su comportamiento público. Apenas unos meses después, en mayo de 2024, el diputado nuevamente se vio involucrado en una situación bochornosa. Esta vez, se le vio en un centro nocturno, aparentemente en estado de ebriedad, besando a una trabajadora sexual. El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales, provocando una ola de comentarios negativos. Al ser cuestionado por los medios, Pérez optó por ignorar las preguntas, lo que dejó en claro su actitud evasiva y su desdén hacia la opinión pública. Sin embargo, el incidente más grave ocurrió el pasado 15 de marzo de 2025, cuando el diputado Pérez estuvo involucrado en un fatal accidente de tráfico en la carretera RN-10, cerca de Santa Lucía Milpas Altas. En el accidente, un transeúnte, Julio César Coyoy Vicente, perdió la vida al ser atropellado por el vehículo en el que viajaba el diputado. Según los informes iniciales de los Bomberos Voluntarios, tanto Pérez como su acompañante estaban bajo los efectos del alcohol. A su llegada al lugar, Pérez se mostró agresivo y confrontativo con los agentes y cuerpo de bomberos, identificándose como diputado del Congreso de la República. En el vehículo, además, se encontraron botellas de cerveza y dos colmillos que presuntamente contenían cocaína. A pesar de estos hallazgos, el informe fue rápidamente desmentido y retirado, aduciendo que la información era falsa. El encubrimiento del caso fue aún más evidente cuando fuentes cercanas señalaron que el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el Director de la Policía Nacional Civil intervinieron para suprimir cualquier evidencia relacionada con el accidente. Se alegó que incluso se amenazó a los agentes y al jefe de la comisaría de San Lucas con ser enviados a las peores comisarías del país si filtraban información sobre el incidente. Además, se mencionó que existieron sobornos a los familiares de la víctima para evitar que la verdad saliera a la luz. Es particularmente revelador que estas situaciones ocurran dentro del mismo contexto en el que aliados de la no reconocida bancada Semilla, a la que pertenecía Pérez, se jactaban de ser un partido progresista y anticorrupción. En sus discursos, defendían su compromiso con la transparencia, la ética y la justicia social. Sin embargo, el comportamiento del diputado pone en evidencia la profunda contradicción entre las palabras de sus aliados y sus acciones, dejando claro que en ocasiones la realidad no coincide con el mensaje que intentan vender a la ciudadanía. Las reiteradas conductas irresponsables de Samuel Pérez no son solo un reflejo de la falta de ética y moral en un político, sino también de un sistema que permite y encubre este tipo de comportamientos. Los ciudadanos merecen representantes que actúen con responsabilidad y respeto, tanto en sus funciones públicas como en su vida personal. El caso de Pérez es un claro ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción pueden infiltrarse en las instituciones y socavar la confianza del pueblo en sus gobernantes. Sin una rendición de cuentas adecuada, estas situaciones seguirán empañando la política y la democracia, dejando a la ciudadanía con más preguntas que respuestas.

El 23 de febrero de 2025, el municipio de San José La Máquina, en Suchitepéquez, fue escenario de las emotivas honras fúnebres del Agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Mateo Enrique Sac Pacaja. El oficial perdió la vida en el cumplimiento de su deber en el municipio de Sumpango, Sacatepéquez, donde se encontraba prestando servicio. La ceremonia fue un momento de tristeza y respeto, pero también de indignación debido a la ausencia de las altas autoridades de la PNC incluyendo al ministro de Gobernación y sus viceministros. Su ausencia fue vista como una falta de reconocimiento y respeto hacia el sacrificio realizado por el agente, lo que generó descontento entre los presentes durante el acto. Sin embargo, el malestar no terminó ahí. Fuentes cercanas a la institución han revelado que existen denuncias generalizadas de actos de corrupción dentro de la PNC, incluyendo supuestos sobornos gestionados por altos mandos para evitar sanciones y traslados de ciertos oficiales. De igual forma, se ha informado sobre cobros ilegales para ingresar a la Academia de la PNC, lo que pone en duda la transparencia y los procesos internos de la institución. Más preocupantes aún son las denuncias por acoso sexual que han surgido en los últimos meses, especialmente en dicha academia. A pesar de que estas denuncias han sido presentadas, las autoridades encargadas han hecho caso omiso de ellas, lo que alimenta la desconfianza dentro de la fuerza policial. Adicionalmente, se ha hablado de despidos injustificados de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), señalando que estas decisiones están siendo tomadas de manera arbitraria por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. La falta de apoyo por parte de las autoridades en momentos cruciales, junto con la creciente corrupción y las denuncias de abusos dentro de la institución, está deteriorando la moral de los miembros de la PNC. Esto refleja una crisis interna evidente, que hasta ahora no ha sido abordada ni comentada por las autoridades responsables.

Fuentes confiables han revelado detalles sobre un negocio ilícito que involucra la compra de cientos de pistolas de la marca Beretta, en cual se encuentra implicado el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por imponer ilegalmente estas armas en la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con las mismas fuentes, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra, estaría también involucrada en el negocio debido a su parentesco con Óscar Grazioso, propietario de una empresa importadora y tienda de armas. Las pistolas Beretta, que se pretenden adquirir para la PNC, son de baja calidad, lo que contradice los discursos oficiales sobre la dignificación y modernización de la institución policial. Lo más alarmante de la situación es que este supuesto negocio está siendo avalado por el presidente Bernardo Arévalo. En la Oficina de Asuntos Económicos y el Grupo Militar en Cayalá, la operación ha generado desaprobación, pues se considera que pone en riesgo el desempeño de la PNC y su capacidad para cumplir con su labor de manera efectiva. Se espera que en los próximos días se interponga una denuncia formal que involucra al Ministro de Gobernación, al Director de la PNC y a la Ministra Grazioso. Este escándalo podría agravar aún más la crisis política y sumir al gobierno en un nuevo escándalo de corrupción de alto nivel.

Según fuentes internas del Ministerio Público, se encuentra en curso una investigación avanzada sobre una presunta estructura de lavado de activos vinculada a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei, esto con la colaboración de los empresarios Mauricio López (padre e hijo) propietarios de la empresa ASPETRO, y Abel Roldán quienes habrían participado en este entramado ilícito. De acuerdo con la denuncia, los señores López, quienes son propietarios de la empresa ASPETRO y según fuentes cercanas les retiraron sus visas por continuar involucrados en casos de corrupción, habrían utilizado a Roldán para implementar proyectos en distintos puntos del país, tales como la construcción de viviendas y la instalación de infraestructura vial. Asimismo, se menciona que la empresa GAPSA, fundada por Roldán y su socio Gustavo Herrera, quien se encuentra refugiado en Nicaragua, estuvo involucrada en diversas actividades ilícitas. Uno de los proyectos destacados es la construcción de la casa de Miguel Martínez y Alejandro Giammattei en el municipio de Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, financiado a través de ASPETRO. Además, se menciona la implementación de la cinta asfáltica que conecta este municipio con Palín, Escuintla, utilizando las empresas del señor Miguel Raxón, ubicadas en la zona 12 de la ciudad capital. La denuncia también sugiere que el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, podría estar vinculado en el desarrollo de un edificio de más de 10 niveles en la colonia Granai, zona 11, a través de un terreno otorgado por él. Se ha señalado que, en esta red de corrupción también están implicados los alcaldes, Juan Manuel Asturias de Antigua Guatemala y Federico Bethancourt Sánchez alcalde de Ciudad Vieja, quienes habrían otorgado licencias de construcción de manera irregular. En otro giro, la denuncia apunta que los señores López están involucrados en la compra de propiedades de lujo en diversas zonas, como El Pulté, zona 16 y en el departamento de Escuintla, utilizando los recursos de contratos de construcción obtenidos de manera corrupta. Para lavar el dinero, se habrían utilizado proyectos inmobiliarios, como Naru16, Brisa Zona 16 y Lomas de San Isidro, en los cuales Roldán habría jugado un papel clave en la compra de propiedades y su legalización. Según información extra oficial, el MP habría estado intentando girar órdenes de captura. Sin embargo, la corrupción que existe entre los jueces y altos mandos de la PNC han imposibilitado las acciones, debido a que se ha filtrado información lo que pone en alerta a los jueces bloqueando las acciones pertinentes. Se espera que las autoridades correspondientes continúen con el proceso de investigación para desmantelar esta red de corrupción que según han indicado, está profundamente enraizada en dicho ministerio.

Una fuente dentro del Congreso ha revelado que existe un grupo de personas que manipula y vende información relacionada con los contratados por el Ministerio Público. Según las fuentes, estos individuos estarían recibiendo pagos para influir en el proceso de selección, ayudando a que ciertos aplicantes vinculados a actividades criminales sean favorecidos, logrando alterar pruebas de polígrafo y desaparecer información sensible en su contra. Otro relato de un colaborador de INL que pidió el anonimato, señaló que estas personas inicialmente fueron contratadas por USAID. Además, se ha señalado que este grupo no actúa de manera aislada. Al parecer, mantiene estrechos vínculos con una mafia dentro de la Policía Nacional Civil, la cual juega un papel clave en la manipulación de datos. Según la denuncia, miembros de la PNC ayudarían a borrar o fabricar información falsa que afecta tanto a los aplicantes que desean ingresar al MP como a aquellos que buscan perjudicar a los finalistas. Este esquema de corrupción pone en peligro la integridad de los procesos dentro del Ministerio Público y la justicia en general, al permitir que personas con antecedentes criminales accedan a puestos claves. Se espera que las autoridades se pronuncien sobre las denuncias,   A continuación, se presenta la lista de las personas que estarían involucradas en la manipulación y venta de información. 1.     ANABELLA CAROLINA  HERRERA IXTUC RAMIREZ        PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN II 2.     EVELYN CAROLINA  DE LEÓN ROJAS PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN I 3.     LUISANA DANESA  HERNÁNDEZ CHACÓN PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN I 4.     MANUEL ALBERTO  KELLY MEDRANO COORDINADOR DE RECOPILACION DE DATOS DE CAMPO 5.     MARLON DAVID  TRUJILLO SÁNCHEZ PSICÓLOGO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 6.     SULMI RUBI  NORIEGA HERNÁNDEZ PSICÓLOGO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN

En los pasillos del poder en Washington, dos grupos empresariales guatemaltecos están librando una batalla silenciosa para asegurarse de que sus intereses prevalezcan en la política exterior de Estados Unidos. CACIF, a través de la firma Continental Partners, y el Guatemala Business Council, por medio del influyente bufete Williams & Jensen, han desplegado estrategias de cabildeo con un objetivo claro: proteger su influencia en el gobierno de Bernardo Arévalo y asegurar condiciones favorables para sus negocios en Guatemala. CACIF: Del Enemigo al Aliado del Gobierno de Arévalo En la campaña electoral, Arévalo y su partido Semilla prometieron un “futuro sin CACIF”, denunciando la captura del Estado por parte del sector empresarial tradicional. Sin embargo, esa postura cambió drásticamente una vez en el poder. Documentos y fuentes cercanas revelan que CACIF ha estado utilizando la firma de lobby Continental Partners para gestionar relaciones en Washington, promoviendo una narrativa favorable al gobierno de Arévalo. El gobierno, en un aparente gesto de “buena voluntad” (o pago encubierto), ha retribuido este respaldo con contratos gubernamentales multimillonarios y beneficios regulatorios para empresas afiliadas a CACIF. Aunque oficialmente el Estado guatemalteco no ha contratado a ningún grupo de lobby en EE. UU., la orden de Arévalo a su gabinete ha sido clara: facilitar cientos de millones de quetzales a CACIF y sus empresas como muestra de gratitud por su apoyo ante las autoridades estadounidenses. El Guatemala Business Council y la Defensa del Status Quo Mientras tanto, el Guatemala Business Council—que agrupa a una élite empresarial más selecta y menos visible—ha apostado por una estrategia diferente. Mediante el poderoso bufete Williams & Jensen, han asegurado que los intereses del sector privado sean protegidos ante cualquier intento de regulación o presión externa. Pero su agenda va más allá: han cabildeado de manera indirecta para garantizar la protección de sus negocios en EEUU, evitar ser políticamente perseguidos por el Departamento de Estado e informar a Senadores y Congresistas sobre los intentos ilegales del partido Semilla por remover a la Fiscal General. Irónicamente, fuentes cercanas señalan que este grupo habría sido quienes financiaron a través de Leticia Teleguario las entradas a una fiesta de gala en Washington donde participaron Teleguario, el presidente del Congreso Nery Ramos, y los diputados Julio Héctor Estrada, Adim Maldonado, Karina Paz y el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Eduardo Beteta.   ¿Corrupción o Estrategia Maquiavélica? El verdadero escándalo no es solo que CACIF y el Guatemala Business Council estén cabildeando en Washington—eso es una práctica común entre sectores empresariales con poder. Lo alarmante es que el gobierno de Arévalo, que prometió independencia y transparencia, ha cedido ante estos grupos a cambio de su respaldo en EE.UU. Mientras el pueblo guatemalteco enfrenta crisis económicas, corrupción e inseguridad, los verdaderos hilos del poder se están moviendo en oficinas de lujo en Washington, donde los intereses de unos pocos prevalecen sobre el bienestar de la nación.

Guatemala atraviesa una etapa de alta tensión política, marcada por la cercanía de posibles extradiciones de narcotraficantes y la implicación de altos funcionarios del Gobierno. Sin embargo, en medio de este contexto, ha emergido una campaña mediática que estaría generando incertidumbre sobre lo que realmente podría suceder en los próximos días. Santiago Palomo y el periodista José Rubén Zamora parecen estar trabajando en un Peladero que, según fuentes cercanas, dista mucho de los hechos que realmente se están preparando. A través de este medio, se ha intentado difundir que la reciente visita del secretario Marco Rubio al país tenía como propósito iniciar una serie de extradiciones exprés de los miembros del denominado "Pacto de Corruptos". Sin embargo, según informantes, esta narrativa no refleja los planes reales, ya que las extradiciones se estarían enfocando en figuras de altas esferas del Gobierno. Entre los funcionarios señalados se encuentran Francisco Jiménez, ministro de Gobernación; Werner Ovalle, quinto viceministro de Antinarcóticos; y Wilber Arreaga, actual subdirector de Análisis e Información Antinarcótica de la SGAIA-PNC. Estos altos cargos están siendo investigados por su presunta participación en el "tumbe" de 9.5 toneladas de cocaína, decomisadas el pasado 7 de diciembre de 2024 en República Dominicana. Además, se les vincula con el tráfico de precursores químicos y fentanilo, que fueron introducidos ilegalmente en el país con la complicidad de la SAT, a cambio de una fuerte suma de dinero. Por otro lado, otra preocupación de Santiago Palomo es el riesgo de perder la Unidad de Seguimiento Ilegal que había sido creada con financiamiento de USAID. Esta unidad ha sido fundamental en la recopilación de información sobre actividades ilícitas en el país y su posible desaparición estaría afectando los intereses políticos de Palomo. Las acusaciones que salpican a miembros del Gobierno, como el ministro de Gobernación y los altos funcionarios de la SGAIA-PNC, agravan aún más la situación. La presunta vinculación de estos funcionarios con el narcotráfico y la corrupción institucionalizada representa una amenaza directa a los esfuerzos por desmantelar las estructuras delictivas que operan en Guatemala. Si se confirman las extradiciones, se podrían dar pasos cruciales para frenar la impunidad, aunque la manipulación de la información y los intereses políticos siguen marcando la agenda mediática del país.

El proceso electoral para la Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ha tomado un giro controversial, con denuncias de presunta manipulación por parte de altos funcionarios de Gobierno. Según fuentes cercanas, la Planilla 5 está siendo manipulada por miembros del cartel de tumbe de drogas y sicariato dentro de la PNC denominado “La Charola”, encabezados por el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y respaldados por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. El martes 4 de febrero, se llevó a cabo un desayuno privado a puerta cerrada en el Restaurante Kloster, ubicado en Ciudad Cayalá, de acuerdo con las fuentes consultadas, habría tenido como objetivo consolidar la estrategia electoral de la Planilla 5, en lo que parece un intento por reforzar el control del gobierno sobre el CANG y, por ende, sobre decisiones clave dentro de la judicatura del país. Lo más alarmante de la situación, es que los miembros profesionales de la Policía Nacional Civil estarían siendo presionados para votar este viernes por la planilla mencionada. Se habla de un proceso viciado, que podría estar siendo manipulado por intereses políticos en busca de una cuota de poder dentro del gremio de abogados. El hecho de que una agrupación tan estrechamente vinculada a los círculos de poder esté buscando dominar la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del CANG es un indicio de cómo, según los críticos, las esferas gubernamentales intentan controlar una institución clave para la defensa de la justicia en Guatemala. Esta situación deja en evidencia la lucha por el control de instituciones fundamentales para el país, como el CANG. Habrá que estar atentos a los próximos desarrollos para saber si los comicios del CANG serán un reflejo de la independencia del gremio o si, por el contrario, quedarán bajo el dominio de los intereses de un gobierno que sigue buscando aumentar su influencia en todos los ámbitos.