En los pasillos del poder en Washington, dos grupos empresariales guatemaltecos están librando una batalla silenciosa para asegurarse de que sus intereses prevalezcan en la política exterior de Estados Unidos. CACIF, a través de la firma Continental Partners, y el Guatemala Business Council, por medio del influyente bufete Williams & Jensen, han desplegado estrategias de cabildeo con un objetivo claro: proteger su influencia en el gobierno de Bernardo Arévalo y asegurar condiciones favorables para sus negocios en Guatemala.
CACIF: Del Enemigo al Aliado del Gobierno de Arévalo
En la campaña electoral, Arévalo y su partido Semilla prometieron un “futuro sin CACIF”, denunciando la captura del Estado por parte del sector empresarial tradicional. Sin embargo, esa postura cambió drásticamente una vez en el poder. Documentos y fuentes cercanas revelan que CACIF ha estado utilizando la firma de lobby Continental Partners para gestionar relaciones en Washington, promoviendo una narrativa favorable al gobierno de Arévalo.
El gobierno, en un aparente gesto de “buena voluntad” (o pago encubierto), ha retribuido este respaldo con contratos gubernamentales multimillonarios y beneficios regulatorios para empresas afiliadas a CACIF. Aunque oficialmente el Estado guatemalteco no ha contratado a ningún grupo de lobby en EE. UU., la orden de Arévalo a su gabinete ha sido clara: facilitar cientos de millones de quetzales a CACIF y sus empresas como muestra de gratitud por su apoyo ante las autoridades estadounidenses.
El Guatemala Business Council y la Defensa del Status Quo
Mientras tanto, el Guatemala Business Council—que agrupa a una élite empresarial más selecta y menos visible—ha apostado por una estrategia diferente. Mediante el poderoso bufete Williams & Jensen, han asegurado que los intereses del sector privado sean protegidos ante cualquier intento de regulación o presión externa. Pero su agenda va más allá: han cabildeado de manera indirecta para garantizar la protección de sus negocios en EEUU, evitar ser políticamente perseguidos por el Departamento de Estado e informar a Senadores y Congresistas sobre los intentos ilegales del partido Semilla por remover a la Fiscal General. Irónicamente, fuentes cercanas señalan que este grupo habría sido quienes financiaron a través de Leticia Teleguario las entradas a una fiesta de gala en Washington donde participaron Teleguario, el presidente del Congreso Nery Ramos, y los diputados Julio Héctor Estrada, Adim Maldonado, Karina Paz y el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Eduardo Beteta.
¿Corrupción o Estrategia Maquiavélica?
El verdadero escándalo no es solo que CACIF y el Guatemala Business Council estén cabildeando en Washington—eso es una práctica común entre sectores empresariales con poder. Lo alarmante es que el gobierno de Arévalo, que prometió independencia y transparencia, ha cedido ante estos grupos a cambio de su respaldo en EE.UU.
Mientras el pueblo guatemalteco enfrenta crisis económicas, corrupción e inseguridad, los verdaderos hilos del poder se están moviendo en oficinas de lujo en Washington, donde los intereses de unos pocos prevalecen sobre el bienestar de la nación.
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