
Arturo Samayoa es una figura clave en los puertos de Guatemala, cuya influencia ha perdurado desde la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Samayoa siempre ha logrado reposicionarse y continuar con sus negocios en las dos principales portuarias del país, proveyendo una amplia gama de servicios.
Durante el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei, las empresas de Samayoa atravesaron momentos difíciles. Sin embargo, el panorama cambió favorablemente cuando comenzaron a recibir nuevamente contratos, permitiéndoles mantenerse activos en el sector portuario. Cabe resaltar que Samayoa no actúa solo, su socio el diputado Estuardo Vargas, junto a su otro compañero de fórmula, Roberto Arreaga y su esposa Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, abogada y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionalidad Regional del Parlacen, han sido piezas fundamentales para sobornar y traficar influencias logrando sabotear proyectos que van en contra de los intereses de Vargas y sus nexos con el narcotráfico.
No obstante, fuentes cercanas al sector revelan que la reciente adjudicación de un contrato para la instalación de cámaras de seguridad en la Empresa Portuaria Quetzal, alteró el equilibrio de poder entre las empresas de Samayoa y Vargas. Una empresa competidora logró ganar la licitación para el proyecto, lo que dejó fuera del negocio a Vargas y su socio.
Lo anterior no detuvo a Estuardo Vargas, Arturo Samayoa y sus socios, ahora se encuentran saboteando el nuevo proyecto de cámaras de seguridad que tiene como objetivo garantizar la seguridad en la Empresa Portuaria Quetzal y reforzar las iniciativas antinarcóticos impulsadas por la Embajada de Estados Unidos. La adjudicación de este proyecto recayó en una empresa internacional seleccionada por una junta calificadora, sin embargo, la intervención de Karla Gutiérrez y su esposo Roberto Arreaga habría influido en la solicitud de revisión del proceso por parte de altos funcionarios dentro de la Contraloría General de Cuentas, justo después de la adjudicación.
Fuentes cercanas aseguran que la Embajada de Estados Unidos, así como sus agencias, han comenzado a investigar las acciones de los involucrados en este intento de manipulación del proceso. Karla Gutiérrez y Roberto Arreaga, quienes han sido objeto de investigaciones previas por parte de las autoridades estadounidenses desde el gobierno de Jimmy Morales, podrían enfrentar graves sanciones. Se espera que la Embajada retire sus visas debido a su presunta vinculación con actos de corrupción, asociación ilícita y actividades que favorecen al narcotráfico y la evasión fiscal.
Este nuevo escándalo pone de manifiesto los oscuros entramados de poder que operan en el sector portuario de Guatemala, donde la política y los negocios se entrelazan de manera cuestionable. A medida que las investigaciones avanzan, la presión sobre Samayoa, el diputado Vargas y sus socios aumenta, lo que podría desencadenar nuevos descubrimientos sobre las redes de corrupción que afectan a uno de los sectores más estratégicos del país.
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