Bernardo Arévalo: “No me importa la opinión de la Embajada de Estados Unidos”
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Mientras públicamente insiste en la narrativa de un proceso “transparente” para la elección del próximo Fiscal General entre seis candidatos, Bernardo Arévalo se prepara, en la práctica, para confrontar abiertamente a Estados Unidos. Esto ocurre tras advertencias diplomáticas claras desde Washington, D.C.: ningún perfil con vínculos con estructuras mafiosas, narcotráfico, la izquierda radical o redes asociadas a CICIG debería llegar al cargo.
Lejos de atender esas señales, Bernardo Arévalo ha optado por operar en dirección contraria.
A través de las estructuras de Gustavo Alejos y Dionisio Gutiérrez, busca incidir en actores clave del sector privado para empujar la candidatura de Gabriel García Luna, pese a que, según fuentes, su perfil ya ha sido marcado desde Washington como no elegible. Y el financiamiento de esto lo articula Julio Saavedra desde PGN con apoyo del ministro de Finanzas Jonathan Menkos.
En los últimos días, Bernardo Arévalo no solo ha ignorado las advertencias: las ha desafiado de forma abierta. De acuerdo con testimonios, ha expresado en términos airados y vulgares que “le pela” lo que diga la Embajada de Estados Unidos, incluyendo a funcionarios como John Barrett, Jorgen Andrews o incluso al nuevo embajador Juan Rodríguez.
Pero esto no es solo retórica.
Bernardo Arévalo habría ordenado activar una campaña coordinada a favor de Gabriel García Luna, dejando al descubierto una convergencia que ya no intenta ocultarse: sectores de la narco-izquierda, operadores vinculados a redes sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., la estructura de influencia de Gustavo Alejos, el aparato jurídico heredado de CICIG bajo Luis Fernando Carrillo, intereses geopolíticos asociados al régimen ruso de Vladimir Putin, y una maquinaria de propaganda vinculada al Partido Comunista Chino, articulada según estas mismas fuentes por Juan Luis Font, Edgar Gutiérrez, Claudia Méndez Arriaza y Manfredo Marroquín.
La línea es clara: no se trata de una elección técnica, sino de una operación de captura.
En paralelo, Dionisio Gutiérrez, mediante su empresa en Estados Unidos V2G, estaría ejecutando acciones de lobby no registradas lo que podría constituir una violación a la legislación estadounidense utilizando intermediarios como Erika Aifan, Juan Francisco Sandoval, Edgar Ortíz y la ONG WOLA, con el objetivo de retrasar la llegada del nuevo embajador JR.
El patrón es consistente: presión política, manipulación de procesos institucionales y uso de redes internacionales para ganar tiempo y consolidar control.
Esto ya no es un simple pulso diplomático.
Es una confrontación directa con implicaciones que trascienden Guatemala.



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