Una investigación reciente ha sacado a la luz un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno, en particular al Quinto viceministro Antinarcótico, Werner Ovalle y al exconvicto y asesor de confianza del ministro Jiménez, Vinicio Ramírez Sequen, a quien lo han señalado de realizar las "recolectas" dentro de las direcciones del MINGOB además de colocar a sus amigos íntimos para formar parte de esta nueva banda. Se les acusa de liderar una mafia que incluye a miembros de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Gobernación.
Las fuentes revelan que esta red criminal está intentando manipular al viceministro de Transporte, Fernando Suriano para que intervenga en la gestión del Aeropuerto Internacional La Aurora, con el fin de llevar a cabo negocios ilegales que violan la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, se argumenta que no existe solución.
Además, el ministro Félix Alvarado, presuntamente involucrado en prácticas corruptas desde su cargo en el Ministerio de Comunicaciones, ha puesto sus condiciones para recibir sobornos, además de otorgar contratos de forma irregular y se conoce que está siendo investigado por financiamiento electoral ilícito que incluye violación a las leyes financieras de los Estados Unidos. Asimismo, se ha revelado que la empresa seleccionada para realizar trabajos de recapeo en la pista de taxeo del aeropuerto pertenece a un familiar del ministro y carece de las certificaciones exigidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), utilizando asfalto de baja calidad que compromete la seguridad de las personas.
Como si fuera poco, la directora interina de Aeronáutica, Azucena Zelaya Florián, identificada como la principal recaudadora de sobornos y financiera ilegal del partido Semilla, también figura en este entramado de corrupción. Las implicaciones de este caso no solo afectan la integridad de las instituciones estatales, sino que también ponen en riesgo la seguridad aérea del país. Las autoridades deben actuar con urgencia para investigar estas denuncias y restaurar la confianza pública en las instituciones.
Comments