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El pasado viernes, en un sorprendente giro de eventos, el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), Cristian Espinoza, decidió impartir una clase a un grupo de oficiales militares estudiantes del COSEDE mientras se recuperaba de una resaca monumental. Aparentemente, la resaca no solo nubló su juicio, sino que también inspiró una serie de revelaciones dignas de un guion de película de bajo presupuesto. Entre confesiones sobre su afinidad con el Presidente Bernardo Arévalo y disparates sobre políticas públicas, Espinoza se desató con comentarios que han dejado a muchos preguntándose si el verdadero riesgo para el país es el narcotráfico o el desvarío de su propio jefe de inteligencia. En un acto de sinceridad imprevista, el Secretario reveló que, contrariamente a las expectativas de su audiencia, el gobierno no tiene ninguna intención de detener la migración a pesar de las presiones de Estados Unidos. “La migración es un derecho”, sentenció con una convicción que parecía venir directamente de una noche de fiesta. A los presentes no les quedó claro si esta postura formaba parte de una estrategia secreta o simplemente era un efecto secundario del exceso de bebidas. Más allá de la sorpresiva lección de diplomacia, Espinoza no se contuvo en su crítica interna, describiendo a los ex empleados del gobierno como los verdaderos villanos de la historia y alegando que, en sus siete meses de mandato, había limpiado la casa despidiendo a más de la mitad del personal de SIE. Los informes sugieren que su método para identificar la corrupción parece haber sido tan efectivo como su manejo de las resacas: arbitrario y sin demasiada consideración por las consecuencias. Pero, como si la jornada no hubiera sido ya lo suficientemente surrealista, Espinoza cerró con una propuesta que desafía toda lógica: la legalización total de las drogas como solución al narcotráfico. "Si no puedes vencerlos, únete a ellos", podría haber sido el lema no oficial de la sesión, si es que hubieran tenido tiempo de pensar en uno mientras escuchaban la disertación. En resumen, los estudiantes del COSEDE que asistieron a la charla de Espinoza probablemente no esperaban un curso intensivo en teorías controvertidas y políticas públicas improvisadas. En lugar de salir con un conocimiento avanzado en inteligencia estratégica, se marcharon con la peor imagen del Secretario de Inteligencia Estratégica y creyendo que fue un error que un personaje como este haya llegado a ocupar una secretaría tan importante.

En un claro incumplimiento de los compromisos planteados por el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), encabezada por el Director General, David Custodio Boteo y el adjunto Helver Beltetón, los agentes policiales continúan enfrentando condiciones de trabajo deplorables. Entre los compromisos destacados por las autoridades, se mencionó el fortalecimiento de las capacidades operativas de la PNC y la garantía de condiciones dignas para el descanso de los agentes. Sin embargo, recientes denuncias y pruebas compartidas en redes sociales han puesto de manifiesto la falta de cumplimiento de estos compromisos. El caso más reciente que ilustra esta situación ocurrió en la Subestación 62-1-2 de Santa Elena Flores, Petén. Las imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran las condiciones precarias en las que viven los agentes, quienes han tenido que lidiar con filtraciones de agua en las áreas donde pernoctan debido a las fuertes lluvias. Este incidente es solo un ejemplo de las muchas sedes policiales que enfrentan problemas similares. La falta de infraestructura adecuada y el deterioro de las instalaciones de la PNC plantean una grave preocupación sobre el destino de los millones de quetzales asignados al Ministerio de Gobernación y a la PNC para mejorar las condiciones de trabajo. La pregunta que surge es si estos fondos están siendo utilizados para sus fines destinados o si han terminado en los bolsillos de las autoridades. Se espera que la Procuraduría de los Derechos Humanos y los diputados de oposición se acerquen a fiscalizar dicha situación. Las autoridades deberán dar una explicación sobre la gestión de los recursos y tomar medidas inmediatas para garantizar que los agentes policiales cuenten con las condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones con dignidad y eficacia.

En un nuevo giro que pone en tela de juicio los principios de meritocracia y transparencia, el Ministro de la Defensa, Henry David Sáenz, ha sido señalado por promover de manera ilegal a otra de sus protegidas dentro de la institución. La reciente promoción de Rocío Alejandra Recinos Barrios, quien ha sido ascendida de sargento a teniente de manera irregular, ha generado una ola de controversia. Recinos Barrios, quien saltó cuatro grados militares en un corto período de tiempo, ha estado vinculada estrechamente con el Ministro Sáenz desde su asignación en la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Fuentes cercanas han confirmado que su ascenso es parte de una serie de movimientos similares que reflejan una clara preferencia por el favoritismo sobre la meritocracia. Esta situación contrasta el discurso del Presidente de la República, Bernardo Arévalo y del propio Ministro de la Defensa, quien en actos ceremoniales de ascenso celebrados en la Escuela Politécnica, subrayan la importancia de que "los ascensos militares deben estar vinculados a la meritocracia, como único medio para alcanzar los más altos puestos y grados militares." Estos mensajes, sin embargo, parecen ser tan falsos como los valores y principios que pretenden representar, ya que el Ministro Sáenz parece utilizar su posición para beneficiar a sus allegados en lugar de fomentar una verdadera cultura de mérito y transparencia.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha solicitado formalmente el retiro de antejuicio contra tres magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un presunto delito de prevaricato. Los magistrados involucrados son Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín. Esta solicitud fue presentada por parte de la PGN ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y responde a una controversia vinculada con el caso Bantrab. Además de la solicitud de retiro de antejuicio, ha surgido una situación adicional relacionada con presiones por parte del Ejecutivo. Fuentes cercanas al proceso han indicado que Santiago Palomo, ex vocero de la Corte de Constitucionalidad y actual Secretario de Comunicación Social, ha comenzado a ejercer presiones y amedrentamientos hacia sus antiguos colegas en la CC. Según las fuentes, Palomo ha estado realizando reuniones en distintas ubicaciones en zonas 14 y 1 con el objetivo de influir en la decisión sobre el retiro de antejuicio contra los magistrados suplentes. Estos eventos plantean interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la influencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales.

La premiación GTC Mujer, organizada por el Banco G&T Continental, destaca anualmente a mujeres guatemaltecas en categorías como ciudadana responsable, emprendedora o pyme, ejecutiva, deportista y artista. En esta edición, la Coronel de Sanidad Militar DEM, Verónica Eulalia Doño Lobo, ha sido seleccionada como semifinalista en la categoría de Responsabilidad Ciudadana. Sin embargo, la candidatura de la Coronel Doño Lobo ha desencadenado una ola de controversia. El 24 de julio, se difundió un oficio circular del Ejército que instruye a Comandantes, Jefes y Directores a alentar al personal a votar por la Coronel a través de un enlace proporcionado por los organizadores del evento. Esta directiva ha sido interpretada por algunos como un intento de influir en el resultado del concurso, lo que podría ir en contra de las normas que garantizan la imparcialidad del proceso de premiación. Críticas adicionales surgen respecto a la trayectoria de la Coronel Doño Lobo, debido a que fuentes internas han descrito su desempeño como mediocre, desmeritando su participación en un evento tan distinguido. La controversia ha puesto en evidencia la importancia de adherirse a las normas establecidas para asegurar que los premios se otorguen en función de los méritos auténticos de las candidatas. Además, circulan rumores sobre su presunta cercanía con el Ministro de la Defensa, lo que, según se ha alegado, podría haberle otorgado privilegios indebidos. Entre las afirmaciones también se menciona que su ex esposo habría recibido ascensos dentro de la institución militar, lo que añade un nuevo nivel de sospechas sobre favoritismos.

Una fuente oficial ha presentado serias acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección de comisionados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en Guatemala. De acuerdo con la denuncia, miembros de la Planilla 8, responsables de elegir a tres comisionados para cada una de estas instituciones, estarían implicados en prácticas corruptas que incluyen la oferta de dinero y favores políticos a los comisionados ya comprometidos con sus listas de votos, lo que estarían promoviendo la alteración de resultados en este proceso de selección. La denuncia señala que estos miembros de la Planilla 8 han presumido en sus reuniones de contar con el apoyo de destacados personajes como Dionisio Gutiérrez, la Embajada de los Estados Unidos y figuras como Todd Robinson, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Jordán Rodas y Erika Aifán. Este respaldo, según se alega, ha sido utilizado para fortalecer su influencia en el proceso, aumentando el riesgo de tráfico de influencias al involucrar actores externos en la manipulación del proceso. En un giro aún más preocupante, se ha revelado que se organizó un viaje a El Salvador del 5 al 7 de julio, bajo la apariencia de un curso-taller patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Durante este evento, en el que participaron la delegada del Departamento de Estado de EE. UU. y una delegación de Colombia enviada por Iván Velásquez, encabezada por Thelma Aldana, los comisionados fueron presionados para apoyar a candidatos específicos para la CSJ. Los candidatos en cuestión incluyen a los decanos Milton Estuardo Argueta Pinto (Universidad Francisco Marroquín), Luis Antonio Ruano Castillo (Universidad Mariano Gálvez), Luis Fernando Cabrera Juárez (Universidad Mesoamericana) y Hugo Rolando Escobar Menaldo (Universidad Rafael Landívar). Fuentes cercanas al evento han señalado que, lejos de solicitar apoyo de manera transparente, se emplearon tácticas intimidatorias. Los decanos presentes fueron informados que Gregorio Saavedra lideraría la comisión de postulación y que debían someterse a sus directrices, bajo amenaza de consecuencias adversas una vez que el grupo asumiera el control de las cortes. Este tipo de coacción, junto con los ofrecimientos monetarios, subraya la gravedad de la acusación del delito de tráfico de influencias. Hugo Escobar Menaldo, uno de los candidatos propuestos, ha declarado que su grupo estaría dispuesto a hacer "lo que fuera necesario" para alcanzar los objetivos establecidos en la reunión. Esta declaración subraya las preocupaciones sobre la integridad del proceso. Dado el contexto y la gravedad de las acusaciones, es imperativo que el Ministerio Público investigue de manera exhaustiva si las actividades de la Planilla 8, incluidas las invitaciones a El Salvador, las posibles amenazas, sobornos y el tráfico de influencias, han afectado la legitimidad del proceso de selección de magistrados. La revelación de estas prácticas sugiere la existencia de una comisión paralela que podría estar manipulando el proceso para responder a intereses políticos, lo que plantea serios riesgos de corrupción y falta de transparencia en la administración judicial.

El Superintendente de la Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, se encuentra bajo observación luego de que se revelara un acuerdo para mantener en secreto la información sobre varias compras realizadas por la entidad, incluyendo la adquisición millonaria de vehículos de lujo. Según registros en el portal de Guatecompras, la SAT habría adquirido la compra de vehículos en Cofiño Stahl por un monto total de Q. 47,717,910.00. El contrato detalla que el lote incluye vehículos pick up doble cabina, microbuses, automóviles sedán y vehículos tipo panel. Esta revelación ha suscitado críticas sobre el manejo de fondos públicos y la transparencia en la gestión de la SAT, especialmente considerando que el proceso de compra se quiso manejar con tanta discreción. Se cuestiona si es apropiado que el Superintendente se otorgue este tipo de lujos, especialmente cuando la entidad está encargada de fiscalizar el cumplimiento tributario y el manejo transparente de los recursos del Estado. Este tema ha levantado preocupaciones sobre posibles gastos extravagantes en otras áreas de la administración de Marco Livio Díaz Reyes. Seguiremos dando continuidad a esta información.

Un video difundido en redes sociales ha expuesto a supuestos miembros de la Policía Nacional Civil realizando un allanamiento sin orden judicial en una residencia en el departamento de San Marcos. A pesar de portar uniformes similares a los oficiales de la institución, ninguno de ellos estaba debidamente identificado y utilizaron vehículos particulares para llevar a cabo el supuesto operativo. Horas después,  se reportó en el municipio de Ayutla, unos hombres fuertemente armados intentaron secuestrar a un empresario, en el lugar quedó fallecido su guardaespaldas quien evitó el secuestro. Sin embargo, lo más sorprendente de esta nota y según fuentes confiables aseguran que, las órdenes para estos operativos ilegales provienen directamente del Director Adjunto de la PNC, Helver Romeo Beltetón Moscoso, en colaboración con el comisario Edilzar Fuentes de la comisaría 42. Se ha revelado que estos altos funcionarios están coordinando un cuerpo paralelo dentro de la PNC y el resurgimiento de una CIACS, dedicado a realizar "tumbes", detenciones ilegales y actos de intimidación contra detractores del gobierno. Este descubrimiento pone en entredicho la integridad y el profesionalismo de la Policía Nacional Civil, una institución encargada de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley en Guatemala. La falta de transparencia y el abuso flagrante de autoridad por parte de altos mandos plantean serias preguntas sobre la verdadera agenda detrás de estas acciones ilegales.

El sistema judicial de Guatemala podría estar en el ojo crítico debido a un escándalo alarmante. Resulta que los jueces Mynor Moto Morataya y Julio César Vásquez Xol han sido implicados en un caso de corrupción tras recibir cuantiosos sobornos de la mafia narco-cafetalera y del ex gerente de FEDECOCAGUA, el ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler, conocido por sus vínculos con lavado de dinero y socio del defraudador bancario Ítalo Alberto Antoniotti Lira. Estos sobornos tenían como objetivo principal desestimar los casos de ASODEFIR y de FEDECOCAGUA, casos en los cuales también está involucrada la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. Estas acciones comprometen gravemente la integridad del sistema judicial guatemalteco y podrían tener repercusiones legales y diplomáticas de gran envergadura. En respuesta a este escándalo, se espera que en los próximos días se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer estos actos corruptos.

La primavera ha traído más que flores, nuevamente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se ve envuelto en un escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Félix Manuel Alvarado Browning, ministro con doble nacionalidad guatemalteca-estadounidense, se encuentra en el ojo de la justicia tras ser implicado en un caso de lavado de activos y financiamiento electoral ilícito. Según fuentes cercanas al MICIVI, Alvarado Browning habría firmado su carta de renuncia antes de desaparecer durante sus vacaciones, en medio de crecientes investigaciones en su contra. El caso toma una dimensión internacional debido a la implicación de fondos provenientes de Estados Unidos en la campaña electoral del presidente Arévalo. El Ministerio Público guatemalteco ya se encuentra realizando las investigaciones del caso y se anticipa que en los próximos días se solicite la colaboración de autoridades estadounidenses debido al carácter transnacional de los delitos presuntamente cometidos. Fuentes cercana indican que la situación ha generado una profunda tensión dentro del gobierno y no se descarta que la oposición y la sociedad civil hagan un llamado a la transparencia y exijan respuestas claras y contundentes ante este escandaloso caso que compromete la integridad del proceso democrático y la gestión gubernamental en Guatemala.

En un giro irónico y absolutamente inesperado, la verdad sale a la luz en Parloteo: ¡las familias de los honorables diputados están cosechando frutos gracias a la ayuda internacional destinada a inmigrantes ilegales en Guatemala! Resulta que la mamá del respetado Diputado Samuel Pérez, la señora Claudia Álvarez Lutin, ha sido contratada por la OIM con fondos generosos de USAID. ¡Qué casualidad que también una pariente del diputado José Inés Castillo de la bancada UNE se haya unido al festín! No contentos con simplemente beneficiarse, nuestros queridos representantes políticos han decidido unir fuerzas entre partidos para maximizar las ganancias. Juntos han montado una oficina en el edificio Reforma 10 de la zona 10, donde planean coordinar un proyecto millonario para albergar a inmigrantes. La ironía alcanza su punto álgido cuando parte de este presupuesto, según rumores, se utilizará para emplear a los mismos inmigrantes que han cruzado ilegalmente nuestras fronteras. ¡Qué nobleza la de nuestros líderes en preocuparse por los forasteros antes que por sus propios compatriotas desempleados! Claro está, los partidos políticos como Semilla y UNE han justificado este derroche como "pagos de salarios" para los inmigrantes, pero quién sabe cuántos más estarán metiendo la mano en la bolsa. Mientras tanto, los guatemaltecos se preguntan si algún día verán a sus propios hijos y hermanos conseguir empleo en condiciones tan favorables como las de los recién llegados. En fin, como dice el refrán, "en la unión está la fuerza" y parece que nuestros honorables diputados han tomado este consejo muy a pecho, uniendo fuerzas para saquear con estilo internacional los recursos destinados a los más vulnerables.

Una noticia reveladora llega a la redacción del Parloteo, hace unos días el exdiputado de Semilla, Alberto Sánchez, fue arrestado en la zona 1 y trasladado a la Torre de Tribunales por portación ilegal de arma de fuego, según informaron las autoridades. Sin embargo, fuentes cercanas indican que la captura podría estar relacionada con una presunta persecución por parte de un comando de la Policía Nacional Civil, dirigido por un primo del actual Presidente del Congreso de la República, Nery Ramos. En el operativo participaron cinco patrullas y dos vehículos con placas alteradas, junto con más de quince agentes policiales. Según las fuentes, durante la detención intentaron obligar al exdiputado a desbloquear su celular, a lo que él se opuso firmemente. Una fuente cercana al exdiputado reveló que este ya había denunciado previamente persecución por parte del oficialismo ante dos instituciones internacionales y una agencia de Estados Unidos. Continuaremos revelando los detalles que están detrás de esta detención.