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Según fuentes cercanas aseguran que el ministro Francisco Jiménez junto a sus asesores Vinicio Ramírez y Gerardo Santeliz, en contubernio con la Primera viceministra de Seguridad, Claudia Palencia y el Segundo viceministro Administrativo, Felipe Sánchez González, estarían cobrando de manera anticipada por la estadía de narcotraficantes y sindicados de corrupción para ocupar una carceleta de lujo en la nueva construcción de la cárcel de Masagua Escuintla, financiada con fondos del BCIE. Pero no es el único escándalo que sacude al Ministerio de Gobernación, también se descubrió presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la cárcel de Masagua con la empresa mexicana TRADECO, conocida por su historial de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Esta empresa defraudó 80 millones de quetzales al Estado de Guatemala durante el gobierno del Partido Patriota, tras incumplir la construcción de 76 kilómetros de carretera en el departamento de Huehuetenango. Pese a estos antecedentes, TRADECO y sus subsidiarias, Inmobiliaria Rancho Sierra - ITECSA, este año lograron adjudicarse el contrato para el diseño y construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla. Además, se asegura que, el Consorcio Inmobiliaria Rancho Sierra – ITECSA, no conseguía una institución bancaria que les vendiera la fianza necesaria para firmar el contrato, hasta que lograron consolidar un acuerdo con el Banco CHN para que realizara un documento que fuera aceptado por el BCIE y que les pudiera adjudicar la obra, todo esto con el apoyo total del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. El proceso fue aún más irregular, el diseño de la cárcel fue adjudicado dos veces. La primera, bajo el NOG 19155034, por un monto de Q17,066,782.93 y posteriormente, se modificaron los planos con información interna del Ministerio de Gobernación, violando la Ley de Contrataciones del Estado. A pesar de estas anomalías, el ministro Jiménez reanudó el contrato 001-2022, autorizado mediante la Resolución Número 000123 del 21 de febrero de 2024.  El ministro de Gobernación delegó la firma para la suscripción de la enmienda del contrato a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Ministerio de Gobernación. TRADECO y sus representantes, Carlos González Macías y Juan Antonio Hernández Alvarado, han sido investigados por temas de narcotráfico en Estados Unidos. En 2019, ambos fueron ligados a proceso ​​por tráfico de drogas, incumplimientos de contratos y proyectos inconclusos en El Salvador y Honduras. El caso señala posibles actos de complicidad por parte del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, al permitir que una empresa con un historial tan cuestionable continúe operando en el país. TRADECO no solo ha defraudado al Estado de Guatemala, sino que también utiliza contratos gubernamentales para legitimar fondos provenientes del narcotráfico. Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos exigen al Ministerio Público una investigación exhaustiva que esclarezca las responsabilidades y lleve ante la justicia a los funcionarios responsables. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, así como de garantizar que las instituciones gubernamentales actúen en beneficio de la nación y no de sus propios intereses.

Chahal, Alta Verapaz.  La madrugada de este viernes 15 de noviembre estuvo marcada por un violento enfrentamiento en el municipio de Chahal, tras la presunta filtración proveniente del destacamento militar de Modesto Méndez, Petén, el cual se reportó una alerta de traza aérea detectada por los sistemas de radar. Esta unidad es comandada por el coronel De León Barrios, promoción 118, la misma a la que pertenece el ministro de la Defensa, Henry David Sáenz. La información filtrada, que detallaba movimientos en la zona, habría sido hallada en los teléfonos celulares de dos soldados del destacamento militar. Según datos preliminares, los mensajes llegaron a manos de un grupo de narcotraficantes locales, quienes emboscaron a una patrulla militar. El ataque dejó un saldo inicial de cinco civiles muertos, mientras que varios soldados se encuentran en calidad de desaparecidos. Testigos presenciales aseguran que, durante el enfrentamiento, una patrulla de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), adscrita al Quinto Viceministerio de Antinarcóticos, a cargo de Werner Ovalle, estaba presente en la zona, pero sus integrantes huyeron mientras se desarrollaba el ataque. Esta acción ha generado dudas y cuestionamientos sobre el papel de las fuerzas de seguridad en la operación. Fuentes cercanas han señalado que, el Ministro de la Defensa, esta tratando de manera desesperada de ocultar el hecho y ha contactado a un fiscal del MP en Chisec para que lo apoye. El incidente ha levantado serias preocupaciones sobre la integridad de las fuerzas de seguridad, especialmente tras la confirmación de la filtración de información interna. Este tipo de eventos evidencia las dificultades para combatir el narcotráfico en regiones donde las redes criminales han consolidado su influencia.

Miembros activos del Ejército han expuesto las lamentables condiciones de vida a las que están siendo sometidos, exponiendo una crisis interna nunca antes vista en la institución. Bajo la administración del actual ministro de Defensa, Henry David Saenz Ramos, los soldados se enfrentan a situaciones extremas que comprometen tanto su salud como su bienestar. A través de fotografías filtradas, se muestran raciones mínimas que no parecen ser ni nutritivas ni seguras para el consumo, lo que ha generado un creciente malestar de los propios soldados, no solo son insuficientes, sino que en muchos casos están en mal estado, provocando enfermedades estomacales y otros problemas de salud. Pero la crisis no termina ahí. Varias denuncias han señalado que en muchos comandos militares se está experimentando una grave falta de servicios básicos, como agua y electricidad, lo que pone en riesgo la operatividad de las tropas y su calidad de vida. Según fuente confiable señala que, los comandantes no están realizando los pagos correspondientes a los servicios, lo que se ha vinculado a sospechas de mal manejo de fondos y posibles casos de corrupción dentro de la cúpula militar. Este panorama refleja una alarmante decadencia en la administración del Ejército, que, bajo el mando de Sáenz Ramos, parece estar sumida en un clima de negligencia y corrupción. Los soldados, quienes se han visto obligados a vivir en condiciones extremas, exigen respuestas y un cambio inmediato en la gestión de los recursos, ya que consideran que están siendo tratados con total desprecio. La situación es especialmente grave en un contexto en el que la seguridad nacional y la efectividad de las fuerzas armadas son fundamentales. Miembros del Ejército han hecho un llamado urgente a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para que se lleve a cabo una supervisión rigurosa de la situación. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Henry David Sáenz Ramos, no ha emitido declaraciones oficiales respecto a las denuncias.

Un nuevo escándalo de corrupción ha surgido en torno al reelecto presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, líder del grupo conocido como "La Charola". Este séquito ha tomado el control de todas las operaciones del Hospital Roosevelt, gestionando las compras, contrataciones y el uso del presupuesto en una trama que pone en riesgo la integridad del sistema de salud pública. Fuentes confiables han indicado que hay remozamientos y equipamientos que han sido facturados y pagados, a pesar de que nunca existieron. En el foco de esta situación se encuentra el doctor Luis Arturo Chávez Velásquez, quien goza del respaldo de Nery Ramos, así como de la Comisión de Salud del Congreso y de influyentes sindicalistas del sector salud. Asimismo, el jefe de Registros Médicos, David Efraín López quien fue candidato a alcalde por el Partido Azul (Propiedad de Nery Ramos) del departamento de Santa Rosa, cuenta con privilegios y acceso total en el Hospital Roosevelt, este personaje junto al asesor Javier Antonio Stewart Girón; ambos con denuncias en el MP uno por abuso sexual y él otro por actos de corrupción, están contratando personal enviado desde el Congreso, devengando un salario mayor que él de los médicos y enfermeras, pero con la consigna de cobrar a los proveedores el 15% de comisión. La influencia de Nery Ramos se extiende a otros puestos clave dentro del hospital. El Gerente Financiero, Tadeo Morán Reyes y el jefe de presupuesto, Mario Pacheco, son otros de los cómplices que han sido mantenidos en sus posiciones para facilitar este esquema corrupto. También están involucrados en esta red Katherine Alejandra Quezada, quien junto a su pareja Edil Kenny Oquelí, manipula las contrataciones en beneficio. En el área de presupuesto, Elvia Margarita de León Sandoval ha sido beneficiada con viajes y recursos indebidos, mientras que en la gerencia se encuentran Dora Elizabeth Vicente y en el área de compras, Lisbeth Hernández e Iliana Gabriela Donis Barrera. El departamento de Tesorería está bajo el control de Víctor Leonel Arreaga Solórzano, todos operando bajo la dirección de David Efraín López hombre de confianza de Ramos. El Presidente del Congreso de la República, ha extendido su influencia más allá del ámbito político, infiltrándose en el sector de salud y afectando directamente a la población guatemalteca, urge una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes y de la implementación de medidas de transparencia y rendición de cuentas que recupere la confianza de los guatemaltecos.

Fuentes cercanas han informado que José Fernando Suriano Buezo, viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, tiene un fuerte interés por ser ministro y estar orquestando la destitución de Félix Alvarado. Se han presentado serias acusaciones en contra de Suriano, quien supuestamente se estaría atribuyendo de manera ilegal tres sueldos: el de Viceministro, el de Director de Aeronáutica Civil y el de miembro de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COSESNA). Estas acusaciones agravan la situación, ya que se le señala de intentar adjudicarse el contrato para las gradas, el recapeo y las mangas de abordaje de pasajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Además, en un intento por socavar la imagen del ministro Alvarado, Suriano habría ordenado filtrar fotografías en las que se observa al titular del Ministerio de Comunicaciones viajando en un helicóptero acompañado de una dama distinguida. Estas acciones han vuelto a situar al Ministerio de Comunicaciones en el centro de la polémica, reavivando preocupaciones sobre posibles actos de corrupción que podrían afectar la reputación del actual gobierno. La situación sigue desarrollándose y se espera que las autoridades competentes tomen medidas al respecto.

Una investigación reciente ha sacado a la luz un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno, en particular al Quinto viceministro Antinarcótico, Werner Ovalle y al exconvicto y asesor de confianza del ministro Jiménez, Vinicio Ramírez Sequen, a quien lo han señalado de realizar las "recolectas" dentro de las direcciones del MINGOB además de colocar a sus amigos íntimos para formar parte de esta nueva banda. Se les acusa de liderar una mafia que incluye a miembros de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Gobernación. Las fuentes revelan que esta red criminal está intentando manipular al viceministro de Transporte, Fernando Suriano para que intervenga en la gestión del Aeropuerto Internacional La Aurora, con el fin de llevar a cabo negocios ilegales que violan la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, se argumenta que no existe solución. Además, el ministro Félix Alvarado, presuntamente involucrado en prácticas corruptas desde su cargo en el Ministerio de Comunicaciones, ha puesto sus condiciones para recibir sobornos, además de otorgar contratos de forma irregular y se conoce que está siendo investigado por financiamiento electoral ilícito que incluye violación a las leyes financieras de los Estados Unidos. Asimismo, se ha revelado que la empresa seleccionada para realizar trabajos de recapeo en la pista de taxeo del aeropuerto pertenece a un familiar del ministro y carece de las certificaciones exigidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), utilizando asfalto de baja calidad que compromete la seguridad de las personas. Como si fuera poco, la directora interina de Aeronáutica, Azucena Zelaya Florián, identificada como la principal recaudadora de sobornos y financiera ilegal del partido Semilla, también figura en este entramado de corrupción. Las implicaciones de este caso no solo afectan la integridad de las instituciones estatales, sino que también ponen en riesgo la seguridad aérea del país. Las autoridades deben actuar con urgencia para investigar estas denuncias y restaurar la confianza pública en las instituciones.

En el marco del aniversario de la Revolución que se conmemora el próximo 20 de octubre, la Secretaría de Comunicación Social, liderada por Santiago Palomo, ha lanzado una ambiciosa campaña titulada "Una Revolución Viva". Este esfuerzo publicitario, que se estima en varios millones de quetzales, busca resaltar a personajes emblemáticos que han defendido la democracia en el país. Sin embargo, la campaña ha suscitado polémica debido a la inclusión no autorizada de la imagen de la reconocida escritora y periodista guatemalteca, María del Rosario Molina. La autora ha expresado su descontento tras descubrir que su fotografía aparece en una valla publicitaria bajo el lema "Guardianas de Nuestro Destino", sin que se le haya solicitado permiso para su uso. Molina, quien se ha declarado defensora de la democracia, enfatizó que no pertenece a ningún grupo político ni tiene vínculos con el actual gobierno. Considera que esta situación representa una falta de respeto hacia su persona y su trabajo. Además, la escritora señaló un error en la presentación de su nombre en el pie de foto, donde aparece como "María del Rosario Ramírez", lo que pone de relieve la ineficiencia y falta de profesionalismo del equipo encargado de la campaña. La controversia ha generado un debate sobre el uso de imágenes de figuras públicas en campañas gubernamentales, así como sobre la gestión de recursos en un contexto donde muchos ciudadanos cuestionan el despilfarro de dinero público. A medida que se acerca la fecha del aniversario, la Secretaría de Comunicación Social enfrenta críticas en torno a la campaña "Una Revolución Viva".

Recientemente ha surgido información sobre un acuerdo entre el presidente Bernardo Arévalo y miembros del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que ha generado polémica en el ámbito político y empresarial. Según fuentes cercanas, Arévalo habría negociado la paralización de la ley de Competencia a cambio de apoyo en temas relacionados con tierras y cacao. Lo que ha levantado más sospechas es que este acuerdo se realizó sin el conocimiento de los agremiados del CACIF, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del proceso. Esta falta de comunicación podría afectar la confianza entre el gobierno y el sector privado, además de generar tensiones dentro de la misma organización. La ley de Competencia, que busca promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas para fomentar un mercado justo y equilibrado, ha sido un tema central en la agenda económica del país. Su paralización podría tener implicaciones significativas en la regulación de los mercados y en la promoción de la competencia leal. Por otro lado, el hecho de que se hayan discutido temas sensibles como la tierra y el cacao en secreto añade un ambiente de complejidad entre los sectores que se dedican a este rubro, ya que ambos temas son cruciales para el desarrollo agrícola y económico del país. A medida que esta situación se desarrolla, es esencial que se mantenga un diálogo abierto y transparente entre el gobierno y los distintos sectores involucrados para asegurar que se tomen decisiones en el mejor interés del país y de sus ciudadanos. La falta de claridad y el secretismo no solo ponen en riesgo la confianza pública, sino que también podrían tener repercusiones negativas en la estabilidad económica a largo plazo.

El Periódico, uno de los medios de comunicación más reconocidos de Guatemala, ha resurgido tras su abrupto cierre, pero este nuevo capítulo no está exento de polémica y alianzas dudosas. Con la desaparición del medio, también se desvaneció su reconocida sección “El Peladero”, famosa por sus agresivas acusaciones de corrupción dirigidas a figuras políticas y personas que se oponían a sus intereses. Esta columna, que generó numerosos enemigos, parece haber dejado un legado que algunos desean continuar, utilizando tácticas de extorsión y difamación, actividades claramente delictivas. Ahora, bajo el nombre de “El Pelex”, el espíritu del antiguo Peladero parece haber resucitado. Sin embargo, este nuevo proyecto no solo cambia de nombre, sino que también está respaldado por un entramado de financiamiento y liderazgo cuestionables. En la cúspide de esta nueva aventura mediática se encuentra Luis Arreaga, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, quien ha tomado un renovado interés en lo que llama “periodismo de investigación”. A su lado, Edgar Gutiérrez, conocido por sus usurpaciones de títulos académicos y sospechas de lavado de activos entre otros, ha asumido un rol central en este emprendimiento. De acuerdo con fuentes cercanas, el financiamiento de El Pelex proviene de una generosa donación de USAID, de la cual Arreaga y Gutiérrez se reparten el 40 %. Este proyecto se ha convertido en una fuente inagotable de rumores y acusaciones, con Gutiérrez a la cabeza de la producción de contenido, apoyado por un equipo de periodistas e informantes que incluyen a figuras como Alfred Kaltschmitt, Juan Luis Font, Alfredo Brito, Pavel Gerardo Vega, Ana Lucía Mendizábal, Juan Ordoñez, Denis Aguilar, Shirlie Rodríguez, Gerson Ortiz, Jovanna Garcon, Gustavo Alejos y el oficial retirado Douglas Barrera. Se informa que este grupo tiene la instrucción de elaborar artículos con un enfoque en calumnias y difamaciones “exclusivas”. Con este trasfondo, el público deberá estar preparado para el drama mediático que surgirá. Aquellos que se vean afectados por sus publicaciones deberán estar alertas y denunciar cualquier acto de calumnia. Aunque El Pelex se presenta como un proyecto que llegó para quedarse, su modus operandi plantea serias interrogantes sobre la ética y la responsabilidad en el periodismo, dejando entrever que, a pesar de un aparente aumento de poder y financiamiento, los escrúpulos parecen haber quedado en el camino.

Blanca Odilia Alfaro Guerra, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se encuentra en negociaciones con el sindicato de la institución. Según fuentes cercanas, Alfaro estaría ofreciendo Q 5,000 a cada miembro para asegurar su apoyo y evitar interferencias en sus decisiones políticas. Esta propuesta se enmarca en un contexto de tensiones tras la intervención del Ministerio Público en el TSE por las irregularidades en las votaciones pasadas, donde se alega que los trabajadores fueron amedrentados por los fiscales. Además de la compensación monetaria, se ha informado que Alfaro accedió a las exigencias del sindicato, autorizando un día adicional después de cada descanso por asueto o feriado. Lo que ha suscitado inquietudes sobre la ética de estas negociaciones. Analistas argumentan que estas tácticas podrían comprometer la integridad del TSE y su capacidad para llevar a cabo procesos electorales transparentes. Otra de las medidas polémicas que Alfaro ha sugerido es reiniciar el padrón electoral desde cero, responsabilizando al MP de haber "secuestrado" la documentación electoral original. Sin embargo, fuentes del MP indican que solo se llevaron copias, y que la información es de carácter público. La idea de comenzar un nuevo padrón ha generado preocupación entre expertos, quienes señalan que esta acción podría ser considerada ilegal. La ley Electoral y de Partidos Políticos establece procedimientos claros para la actualización del padrón, y un cambio drástico podría levantar serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Estos acontecimientos han llevado a un creciente escepticismo sobre la capacidad de la presidenta Alfaro para llevar adelante una administración imparcial y responsable, especialmente en su interés por asumir como jefa del Ministerio Público en el 2026. La ciudadanía en general espera respuestas y acciones que garanticen la integridad del proceso electoral en el país.

La preocupación se intensifica en torno a las recientes decisiones tomadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que han resultado en despidos masivos y cuestionables prácticas administrativas. El 31 de agosto, el MAGA rescindió los contratos de más de 400 extensionistas, profesionales que desempeñaban un papel crucial en la implementación de programas y actividades dirigidas a las comunidades rurales. Estos extensionistas, reconocidos por su experiencia y capacidad para colaborar directamente con las comunidades, han sido gravemente afectados por estas medidas. Los beneficiarios de los programas que gestionaban estos profesionales han expresado su descontento y preocupación, advirtiendo que la salida de estos trabajadores provocará el abandono de las comunidades, dejándolas nuevamente en el olvido. Además, se ha señalado que el Gobierno ha priorizado sus intereses al contratar personal sin la experiencia adecuada, a menudo con estudios en áreas no relacionadas con el desarrollo comunitario. Muchos de los nuevos empleados son, además, familiares de directores departamentales o autoridades del MAGA. A esta situación se suman otras preocupaciones. Se ha reportado que, desde junio pasado, se exigió a los extensionistas despedidos presentar un finiquito firmado para recibir el pago de sus salarios, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad de las operaciones financieras en el MAGA. Además, se han documentado irregularidades en la facturación. Con la llegada del nuevo gobierno, se ha solicitado a los empleados 029 que razonaran las facturas por sí mismos, una tarea que debería ser realizada únicamente por un abogado o auditor, especialmente cuando la SAT solicita cambios en la descripción de los documentos. También ha surgido la preocupación de que el MAGA planea recontratar a algunos de estos profesionales en octubre para evitar que trabajen en septiembre, de manera que pierdan su relación laboral y reducir así el número de demandas laborales potenciales. Esta táctica parece diseñada para minimizar el impacto de las reclamaciones legales por parte de los extensionistas despedidos. Para empeorar la situación, se ha revelado que los 500 millones asignados al MAGA se utilizaron para la compra de abono sin seguir los procedimientos adecuados de compras y contrataciones, lo que agrava la falta de transparencia en la gestión del ministerio. La situación en el MAGA continúa evolucionando, y es fundamental mantener una vigilancia constante sobre el manejo de estos despidos y las prácticas relacionadas para asegurar la transparencia y la justicia en el trato a los empleados afectados.

Un grupo de mujeres agentes recién egresadas de la Academia de la Policía Nacional Civil ha denunciado públicamente ser víctimas de acoso sexual en la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA). Según sus testimonios, han enfrentado comportamientos inapropiados y abusivos por parte de algunos jefes de delegaciones dentro de la institución. Las denunciantes, quienes han solicitado mantener el anonimato por razones de seguridad, afirman haber sido sometidas a acoso sexual persistente. A pesar de su rechazo a las propuestas de sus agresores, han experimentado represalias que incluyen largas jornadas laborales, restricciones en sus días de descanso y negación de permisos por motivos personales. Estas acciones, según las agentes, forman parte de una serie de represalias por haber rechazado los avances sexuales, creando un entorno de trabajo hostil e intimidante. La falta de apoyo y protección por parte de sus superiores ha sido un factor determinante en su decisión de hacer públicas estas denuncias. Las agentes han informado que han presentado esta situación a la Cúpula de la Policía Nacional Civil, al Ministro Francisco Jiménez y a la Primera Viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, solicitando medidas concretas. Sin embargo, sus quejas han sido aparentemente ignoradas. De continuar con la falta de respuesta, las agentes están preparadas para llevar el caso al Ministerio Público y presentar pruebas de los hechos denunciados. La gravedad de estas acusaciones exige una respuesta urgente y eficaz para asegurar la integridad y el bienestar de quienes forman parte de la institución. La Policía Nacional Civil y las autoridades competentes tienen la responsabilidad de garantizar un entorno laboral seguro y libre de abusos para todos sus miembros. Se espera que las autoridades tomen medidas inmediatas para investigar exhaustivamente estas denuncias y brindar el apoyo necesario a las agentes afectadas.