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El proceso electoral para la Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ha tomado un giro controversial, con denuncias de presunta manipulación por parte de altos funcionarios de Gobierno. Según fuentes cercanas, la Planilla 5 está siendo manipulada por miembros del cartel de tumbe de drogas y sicariato dentro de la PNC denominado “La Charola”, encabezados por el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y respaldados por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. El martes 4 de febrero, se llevó a cabo un desayuno privado a puerta cerrada en el Restaurante Kloster, ubicado en Ciudad Cayalá, de acuerdo con las fuentes consultadas, habría tenido como objetivo consolidar la estrategia electoral de la Planilla 5, en lo que parece un intento por reforzar el control del gobierno sobre el CANG y, por ende, sobre decisiones clave dentro de la judicatura del país. Lo más alarmante de la situación, es que los miembros profesionales de la Policía Nacional Civil estarían siendo presionados para votar este viernes por la planilla mencionada. Se habla de un proceso viciado, que podría estar siendo manipulado por intereses políticos en busca de una cuota de poder dentro del gremio de abogados. El hecho de que una agrupación tan estrechamente vinculada a los círculos de poder esté buscando dominar la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del CANG es un indicio de cómo, según los críticos, las esferas gubernamentales intentan controlar una institución clave para la defensa de la justicia en Guatemala. Esta situación deja en evidencia la lucha por el control de instituciones fundamentales para el país, como el CANG. Habrá que estar atentos a los próximos desarrollos para saber si los comicios del CANG serán un reflejo de la independencia del gremio o si, por el contrario, quedarán bajo el dominio de los intereses de un gobierno que sigue buscando aumentar su influencia en todos los ámbitos.

El 10 de enero de 2025, la Dirección Guatemalteca de Aeronáutica Civil (DGAC), anunció en sus redes sociales que las gradas eléctricas y los elevadores del Aeropuerto Internacional La Aurora se encontraban en su fase final de instalación. Sin embargo, a pesar de este anuncio, fuentes cercanas han confirmado que estos equipos siguen sin funcionar. De acuerdo con las fuentes, el retraso se debe a irregularidades en el proceso de adquisición de los motores necesarios para el funcionamiento de las gradas y elevadores. La directora de Aeronáutica Civil, Azucena Celaya Florián, habría fraccionado la compra de los motores, adquiriendo los elementos de manera separada en lugar de realizar una compra conjunta, lo que habría generado retrasos y complicaciones. Además, se ha señalado que durante este proceso de compra se habrían llevado a cabo prácticas de soborno, lo que agrava aún más la situación. Las decisiones tomadas por Celaya Florián estarían vinculadas con las instrucciones que el exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, habría dado al viceministro de Transportes, Fernando Suriano, en complicidad con la propia directora de Aeronáutica Civil. Hasta el momento, ningún funcionario se ha pronunciado por el retraso en el funcionamiento de las gradas y elevadores, afectado principalmente a los pasajeros con movilidad reducida, quienes deben hacer frente a un acceso limitado y condiciones poco favorables para su desplazamiento dentro del aeropuerto.

La administración de los recursos en el Ministerio de la Defensa, es un tema sensible, ya que involucra la seguridad nacional. Sin embargo, recientes denuncias apuntan a una serie de delitos y abusos cometidos dentro de la Marina de la Defensa Nacional bajo la dirección del ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saénz Ramos, acompañado de la influencia del Vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes. A través de estos hechos, se ponen en evidencia no solo actos de corrupción, sino también la vulneración de principios fundamentales como la transparencia, el respeto a la ley y la honradez que el Gobierno de Bernardo Arévalo transmitió a inicios de su mandato. Primer caso: La sustracción ilegal de armamento y recursos del Estado Una de las primeras acusaciones tiene como protagonista al vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes, comandante de la Marina de la Defensa Nacional quien, según denuncias, ha permitido una serie de abusos en dicha institución. En particular, se señala que, bajo sus órdenes y con la complicidad del ministro de la Defensa, se han autorizado prácticas ilegales que involucran la sustracción y uso indebido de armamento, municiones y otros recursos del Estado. Se menciona que el oficial Barillas Ajin utilizó armamento y munición sin la debida autorización, lo que constituye un delito. A pesar de la gravedad del hecho, las sanciones impuestas fueron mínimas y únicamente administrativas, sin que se tomaran medidas legales o se denunciara el acto ante las autoridades competentes. Este comportamiento refleja una falta de voluntad política para abordar la corrupción y los abusos dentro de la institución. De acuerdo con las fuentes, el ministro y el vicealmirante habrían consentido que otros recursos de la Marina, como armamento y tolvas, fueran utilizados sin control ni normativas claras. Uno de los casos más alarmantes involucró a la señora Katerine Calvillo, quien, sin ninguna autorización, usó munición y equipos militares exclusivos para entrenamientos reservados solo para el personal militar. Además, la Guardia de Honor, que está bajo la responsabilidad de la Marina, también facilitó estas acciones ilícitas. A la presente fecha por acciones menores el ministro Saénz ha hecho alarde de cambiar a personal de los puestos y como lo indicó en una entrevista señaló que no toleraría actos que fueran objeto de corrupción, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. Fuentes cercanas aseguran que, esta es una organización que facilita recursos del estado bajo la tutela del ministro. Segundo caso: Tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública El segundo caso de corrupción involucra el proceso de contratación pública para la "Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros de Costo de la Marina de la Defensa Nacional". A través de la licitación número 22518827, adjudicada a la empresa Constructora de Oriente, dicha empresa, cuyo propietario es Edgar Estuardo Cruz, obtuvo el número de contrato 016-20024 por un monto de Q . 2,888,855.68  sin que se cumplieran los plazos estipulados, ya que los trabajos en el Comando Naval del Caribe no han sido finalizados, a pesar de la fecha límite de 2024. Facturas pagadas que constan los supuestos trabajos finalizados. Además, se señala que el Capitán de Navío Oscar Alfredo Gómez Cortez, subordinado directo del Vicealmirante Loarca, ha coaccionado a oficiales de la Marina para recibir dichos trabajos, a pesar de que se encuentran inconclusos y han generado irregularidades en su ejecución. La falta de supervisión y el abuso de poder por parte de los altos mandos de la Marina, junto con las presuntas conexiones de la empresa contratista con personas cercanas al ministro, son indicios de un posible esquema de tráfico de influencias y peculado por sustracción de fondos. La coacción no solo implicó amenazas, sino que se ofrecieron puestos dentro de la DIGECAM y otros beneficios para que los oficiales aceptaran el acto de simular la recepción de los trabajos. Este tipo de manipulación revela un patrón de tráfico de influencias y abuso de poder, donde la corrupción permea hasta las altas esferas del poder militar.   Fundamentos legales: Coacción  (Artículo 159 del Código Penal): Uso de amenazas o violencia para obligar a alguien a realizar una acción contra su voluntad. Peculado por sustracción (Artículo 419 del Código Penal): Apropiación indebida de recursos públicos. Extorsión  (Artículo 253 del Código Penal): Obtención de beneficios a través de intimidación o amenazas. Abuso de poder (Artículo 425 del Código Penal): Uso indebido de autoridad para obtener beneficios personales. Tráfico de influencias (Artículo 451 del Código Penal): Uso de la influencia de un funcionario para obtener ventajas personales. Un sistema de corrupción estructurado Las denuncias y evidencias presentadas muestran un patrón de corrupción y abuso de poder en la Marina de la Defensa Nacional, donde altos funcionarios han facilitado el uso indebido de recursos públicos, la manipulación de procesos contractuales y la coacción de oficiales para cumplir con órdenes ilegales. La falta de acción por parte del Ministro de la Defensa Nacional ante estos actos también plantea serias dudas sobre su responsabilidad y su compromiso con la transparencia y la integridad en la administración pública. Es crucial que las autoridades competentes, como la Contraloría General de Cuentas, tomen medidas inmediatas para investigar estos hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. La corrupción dentro de las instituciones de defensa pone en peligro la confianza pública y el bienestar de la nación.

Arturo Samayoa es una figura clave en los puertos de Guatemala, cuya influencia ha perdurado desde la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Samayoa siempre ha logrado reposicionarse y continuar con sus negocios en las dos principales portuarias del país, proveyendo una amplia gama de servicios. Durante el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei, las empresas de Samayoa atravesaron momentos difíciles. Sin embargo, el panorama cambió favorablemente cuando comenzaron a recibir nuevamente contratos, permitiéndoles mantenerse activos en el sector portuario. Cabe resaltar que Samayoa no actúa solo, su socio el diputado Estuardo Vargas, junto a su otro compañero de fórmula, Roberto Arreaga y su esposa Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, abogada y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionalidad Regional del Parlacen, han sido piezas fundamentales para sobornar y traficar influencias logrando sabotear proyectos que van en contra de los intereses de Vargas y sus nexos con el narcotráfico. No obstante, fuentes cercanas al sector revelan que la reciente adjudicación de un contrato para la instalación de cámaras de seguridad en la Empresa Portuaria Quetzal, alteró el equilibrio de poder entre las empresas de Samayoa y Vargas. Una empresa competidora logró ganar la licitación para el proyecto, lo que dejó fuera del negocio a Vargas y su socio. Lo anterior no detuvo a Estuardo Vargas, Arturo Samayoa y sus socios, ahora se encuentran saboteando el nuevo proyecto de cámaras de seguridad que tiene como objetivo garantizar la seguridad en la Empresa Portuaria Quetzal y reforzar las iniciativas antinarcóticos impulsadas por la Embajada de Estados Unidos. La adjudicación de este proyecto recayó en una empresa internacional seleccionada por una junta calificadora, sin embargo, la intervención de Karla Gutiérrez y su esposo Roberto Arreaga habría influido en la solicitud de revisión del proceso por parte de altos funcionarios dentro de la Contraloría General de Cuentas, justo después de la adjudicación. Fuentes cercanas aseguran que la Embajada de Estados Unidos, así como sus agencias, han comenzado a investigar las acciones de los involucrados en este intento de manipulación del proceso. Karla Gutiérrez y Roberto Arreaga, quienes han sido objeto de investigaciones previas por parte de las autoridades estadounidenses desde el gobierno de Jimmy Morales, podrían enfrentar graves sanciones. Se espera que la Embajada retire sus visas debido a su presunta vinculación con actos de corrupción, asociación ilícita y actividades que favorecen al narcotráfico y la evasión fiscal. Este nuevo escándalo pone de manifiesto los oscuros entramados de poder que operan en el sector portuario de Guatemala, donde la política y los negocios se entrelazan de manera cuestionable. A medida que las investigaciones avanzan, la presión sobre Samayoa, el diputado Vargas y sus socios aumenta, lo que podría desencadenar nuevos descubrimientos sobre las redes de corrupción que afectan a uno de los sectores más estratégicos del país.

Guatemala enfrenta una de las crisis más graves en la historia reciente de su Ejército, impulsada por una estructura criminal que ha estado operando desde la administración del Gobierno anterior, encabezada por el Capitán de Navío Carlos Humberto Mota Ramírez y el Coronel de Aviación Julio Roberto, mejor conocido como “El Mono” Ortiz Estrada, fuentes cercanas aseguran estos dos personajes no son reconocidos por sus méritos militares, sino por su vinculación con graves actos de corrupción y desfalcos millonarios. Su accionar dentro del Ministerio de la Defensa Nacional durante el gobierno de Alejandro Giammattei ha dejado un rastro de ilegalidad y deterioro al Estado. La carrera de Mota Ramírez, lejos de estar marcada por un compromiso con la defensa nacional, se ha caracterizado por su vinculación con actos de enriquecimiento ilícito. Durante su permanencia en la Dirección de Finanzas del MINDEF, se documentan diversas operaciones financieras sospechosas que han sido señaladas como la base de su enriquecimiento personal, dejando en evidencia la falta de ética y legalidad en sus funciones. Su llegada a estas posiciones de poder no fue fortuita, sino fruto de una red de influencias por medio de su aliado Miguel Martínez, Mota Ramírez obtuvo un permiso especial para ocupar el puesto de jefe adjunto de las unidades financieras y ejecutoras del Ministerio de Gobernación. A pesar de los graves cargos que pesan sobre él, el Capitán Mota Ramírez sigue disfrutando de una protección institucional que le ha permitido ascender dentro del Ejército. Recientemente, el ministro de la Defensa, Henry Saénz, lo nombró comandante del Comando Naval del Pacífico, una posición estratégica que le otorga un control significativo sobre las aguas del país. A pesar de la evidencia que lo vincula con actos criminales, Saénz ha decidido promover su ascenso dentro de las filas militares, lo que ha generado una fuerte preocupación. Según información proveniente de fuentes internas del Comando, se tiene conocimiento de que el próximo 18 de enero, el ministro Saénz ascenderá ilegalmente a Mota Ramírez al rango de Vicealmirante, un acto que no solo contraviene la normativa militar, sino que también refuerza la conexión entre las altas esferas del ejército y el crimen organizado. Este tipo de prácticas ha generado un descontento creciente entre los oficiales superiores y subalternos del Ejército, quienes observan cómo el poder militar ha sido desvirtuado y utilizado para intereses personales y criminales. Aunque el presidente Bernardo Arévalo, en su rol de Comandante General del Ejército, ha prometido implementar un gobierno diferente, estas redes de corrupción y abuso de poder siguen operando sin obstáculos significativos. Las evidencias de corrupción de Mota Ramírez y Ortiz Estrada no solo son de conocimiento público a nivel nacional, sino que también han trascendido fronteras. En diversas embajadas y organismos internacionales, ya se ha iniciado un seguimiento a las empresas locales y extranjeras involucradas en los negocios ilícitos orquestados por estos oficiales. Sin embargo, la falta de denuncias formales en Guatemala, presuntamente debido a “arreglos” con las autoridades militares actuales, ha impedido que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación exhaustiva.

Fuentes cercanas han revelado recientemente una supuesta red de espionaje que involucra a altos funcionarios del gobierno de Guatemala, liderada por el secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, y vinculada a varios actores clave dentro del ámbito de seguridad y telecomunicaciones del país. Según la información obtenida, el esquema de espionaje estaría orquestado principalmente por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto con el director de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), Mario Bozos, y el director General de Empresas de Seguridad Privada (DIGESS), Jorge Humberto Santizo, quienes estarían utilizando recursos del Estado para prácticas ilegales de vigilancia, espionaje telefónico y seguimiento. Uno de los puntos más críticos de esta investigación es la denuncia presentada ante el Ministerio Público, que señala que Santiago Palomo, junto al viceministro de Antinarcóticos, Werner Ovalle, y su asesor principal, el ex subgerente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Vinicio Ramírez Sequen, habrían adquirido un software de procedencia china para realizar escuchas telefónicas ilegales. Este software ha sido detectado por la Embajada de los Estados Unidos y está bajo investigación desde ese país. El acceso a esta tecnología de interceptación de comunicaciones es utilizado principalmente por Mario Bozos de la DIGICI, en su vínculo directo con las fuerzas de seguridad del país. No obstante, la investigación revela que esta actividad ilegal no se limita solo a la vigilancia de personas relacionadas con temas de seguridad, sino que también se ha extendido al seguimiento y monitoreo de opositores políticos, analistas críticos del gobierno y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, con el objetivo de proporcionar información valiosa a Palomo. Asimismo, se ha informado que dentro de la empresa de telefonía Tigo, existe una red de operadores que filtran información privada y que ilegalmente suplían información a CICIG desde el tiempo de Carlos Castresana y son quienes facilitan ilegalmente datos telefónicos privados a Palomo y a Mario Bozos. Esta red de espionaje ha generado gran preocupación, ya que involucra no solo a altos funcionarios públicos, sino también a empresas privadas del sector de telecomunicaciones, sugiriendo una complicidad en la violación de derechos humanos y de la privacidad de los ciudadanos. Por ahora, la investigación sigue en curso en el Ministerio Público, evaluando las pruebas y denuncias presentadas para aclarar el alcance de estas acciones ilegales de la presunta red de espionaje liderada por Santiago Palomo.

Una red de tráfico de influencias y manejo irregular de fondos ha salido a la luz, involucrando al jefe de la bancada de la UNE, Adim Maldonado quien es propietario de las cableras Sistecom e Intercable, y a Leticia Teleguario, exministra y asesora de ONU Mujeres. Según revelaciones recientes, Maldonado habría transferido 44.5 millones de quetzales a cinco ONGs controladas por Teleguario, quien a cambio habría prometido reuniones de alto nivel con figuras internacionales, incluyendo un posible encuentro con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas ONGs, cuya transparencia y manejo de fondos están ahora bajo investigación, habrían servido como canales para financiar estas promesas de influencia y posicionamiento en el ámbito político estadounidense. El escándalo no termina ahí. Fuentes cercanas al caso también aseguran que Teleguario ofreció a Maldonado usar sus conexiones con altos diplomáticos estadounidenses, como Todd Robinson y Luis Arreaga, para evitar que avanzaran en los tribunales de Estados Unidos las demandas legales contra Sistecom e Intercable. Estas empresas enfrentan acusaciones de robo de señal y violación de derechos de transmisión pertenecientes a gigantes de la industria como Paramount, Disney Channel, HBO/MAX y PlayBoy. Este caso pone en evidencia no solo posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y privados, sino también la presunta instrumentalización de ONGs para fines personales. Además, las implicaciones internacionales de las acusaciones podrían generar tensiones entre Guatemala y Estados Unidos, particularmente si las investigaciones revelan que actores diplomáticos estuvieron involucrados o influidos. Además de las acusaciones por el manejo de fondos, el diputado Maldonado estaría utilizando su relación con Teleguario para pasar información sensible y confidencial sobre sus colegas diputados a actores internacionales, incluida la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Organismos de la sociedad civil podrían pronunciarse y exigir una auditoría inmediata de las ONGs implicadas, así como una investigación exhaustiva sobre los fondos destinados a estas. Mientras tanto, analistas políticos señalan que este caso podría convertirse en un parteaguas en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en Guatemala. Se espera que existan consecuencias legales para los implicados o si, como en otros casos, estos escándalos quedan en la impunidad.

La mañana del domingo 29 de diciembre estuvo marcada por un lamentable incidente en el kilómetro 512 de la Franja Transversal del Norte, en el barrio Playa Grande, departamento de Quiché. Un helicóptero perteneciente al Ejército de Guatemala sufrió una aparente caída, causando alarma y generando una serie de acusaciones que involucran a su alto mando. Fuentes oficiales han indicado que el comandante del Comando Aéreo Central La Aurora (CACEN), coronel de Aviación Piloto Aviador DEMA, Julio Roberto Ortiz Estrada, ordenó realizar un vuelo rasante con el objetivo de capturar tomas desde la 6ta Brigada de Playa Grande. Dichas imágenes, según señalamientos, serían utilizadas para publicaciones en redes sociales. Testimonios revelan la existencia de una grabación donde se escucha al coronel Ortiz Estrada dando la orden para ejecutar el vuelo. Este incidente también ha desatado una serie de acusaciones más graves contra Ortiz Estrada. De acuerdo con informes, el comandante es responsable de administrar el hangar presidencial y ha sido vinculado a presuntas irregularidades en el uso de las aeronaves oficiales, incluidas actividades privadas para altos funcionarios e influencers. Asimismo, se ha denunciado que, el ministro de la Defensa, Henry Saénz autorizó al comandante Ortiz Estrada no designarle los cargos de segundo ni tercer comandante en CACEN, permitiéndole operar sin supervisión directa a las acciones ilícitas vinculadas con el narcotráfico y el atribuirse los salarios de los puestos mencionados. Este vacío jerárquico se presta a un caso más de plazas fantasmas y corrupción dentro del Ministerio de la Defensa. Otra acusación que pesa sobre el coronel es el supuesto ofrecimiento de obsequios costosos a la Vicepresidenta de la República, con el propósito de asegurar su permanencia en el cargo y mantener sus operaciones sin interferencias. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta estas denuncias. Sin embargo, la caída del helicóptero y los señalamientos en torno al coronel Ortiz Estrada, podrían generar una oleada de críticas y exigencias de transparencia por parte de la ciudadanía. Este incidente pone en evidencia la necesidad de una investigación rigurosa por parte del Ministerio Publico y la Contraloría General de Cuentas para esclarecer las causas del accidente y las denuncias relacionadas con el manejo de recursos y el cumplimiento de las normativas en el Ejército de Guatemala.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) enfrenta un escándalo en su oficina de Guatemala, que ha provocado una investigación interna por parte de la propia organización y la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas. Según fuentes confiables dentro de la ONU en Nueva York aseguran que, Gardenia Villagrán, quien ocupa el cargo de comisionada de cumplimiento interno ("compliance") en la OIM en Guatemala, está bajo investigación por presuntas filtraciones de información sensible. Estas filtraciones incluyen nombres y estatus migratorio de migrantes y refugiados opositores a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, entre otros. La situación ha generado una inquietud particular, dada la vulnerabilidad de estas personas. Además, Villagrán también está siendo investigada por supuestamente formar parte de una estructura que exige pagos a migrantes a cambio de otorgarles estatus de refugiado. Lo que representaría graves violaciones éticas y legales que comprometen la misión humanitaria de la organización. El escándalo no se limita a Villagrán. La propia OIM está bajo investigación debido a presuntas irregularidades en la forma de pago a empleados y consultores. Se acusa a la organización de no reportar adecuadamente los ingresos de sus trabajadores, a pesar de la emisión de facturas, lo que podría derivar en problemas fiscales y administrativos. Estos eventos plantean serias interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la OIM, así como sobre su capacidad para proteger a las poblaciones migrantes vulnerables que dependen de su apoyo. La ONU y la OIM no han emitido declaraciones oficiales hasta el momento, pero se espera que los resultados de estas investigaciones se esclarezcan y permitan implementar medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales de la organización.

Se filtra denuncia interpuesta por un grupo de empresarios de tiendas de armas, aseguran que fueron presionados por el personal del departamento jurídico de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) para realizar donaciones con fines particulares. Según la denuncia, los empresarios fueron “requeridos” a contribuir con regalos para el convivio del DIGECAM y para obsequios que el director de la institución, el coronel Hermes Danilo Torres Sac, entregará a los altos mandos. Las contribuciones incluyen artículos como microondas, planchas, licuadoras, botellas de whisky de 18 años, así como armas de alta gama y de colección. Los denunciantes señalan que, ante la amenaza de retrasos innecesarios en sus trámites y gestiones, se vieron obligados a ceder a estas exigencias. Asimismo, se conoce que el personal del departamento jurídico ha implementado maniobras ilegales con el objetivo de entorpecer los procesos, exigiendo pagos indebidos para agilizarlos. Fuentes cercanas evidencian la existencia de una red de corrupción que involucra a miembros de DIGECAM, la mafia en la Comisión de Importaciones y Exportaciones (COMBEX), y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con los empresarios afectados, estas instituciones estarían coordinadas para generar cobros ilegales y distribuirse las ganancias entre los implicados. Ante la gravedad de las acusaciones, se espera una respuesta por parte de las autoridades y que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Los afectados han manifestado su preocupación por las prácticas irregulares que afectan la transparencia y funcionamiento de sus operaciones legales en el país. Este escándalo pone nuevamente bajo la lupa los procesos administrativos y la integridad de las instituciones encargadas de regular y fiscalizar el comercio de armas, así como las redes de corrupción que persisten en diferentes niveles del sector público.

#MafiaSAT Un nuevo caso de extorsión empresarial ha salido a la luz, involucrando al Superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes y su familia. Fuentes oficiales confirmaron que un grupo de empleados de la SAT, junto con la Dirección General de Armas y Municiones (DIGECAM) y la empresa de importación COMBEX-IM, conforman la red criminal que estaría operando de manera ilegal y generando ingresos millonarios a través de un sistema de estafas que afecta gravemente a los importadores de armas y municiones en el país. Según las investigaciones, estos se dedican a manipular la información y los documentos de los importadores de armas y municiones, creando demoras y obstáculos innecesarios en los trámites. Estos retrasos son utilizados como una estrategia para obligar a los importadores a pagar sobornos y otros pagos ilegales que no están justificados, acumulando un total de más de un millón de quetzales mensuales. La operación conjunta de la SAT y la DIGECAM permite que este grupo extorsionador controle el proceso de importación, aprovechándose de su poder para generar beneficios ilícitos. Las fuentes indican que este modus operandi ha estado funcionando durante un largo periodo, con la complicidad de altos funcionarios de ambas instituciones, quienes no solo manipulan los trámites, sino que también imponen tarifas adicionales que afectan a las empresas importadoras de armas. Este nuevo escándalo se suma a otras investigaciones en contra del Superintendente, Marco Livio Díaz Reyes por presuntos vínculos con estructuras criminales, a quien el día de hoy le fue allanada la firma Moore Días-Reyes por presuntas irregularidades en temas tributarios. La situación actual está generando un clima de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones estatales, como la SAT y la DIGECAM, se ve cada vez más deteriorada donde los casos de corrupción sigan socavando la credibilidad del gobierno y la transparencia de sus funcionarios.

Nuevas investigaciones han puesto en evidencia al Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, tras revelarse presuntos vínculos con una estructura criminal y brindar asesorías a empresas relacionadas con el presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León. Estas asesorías habrían sido realizadas a través de la firma de auditores llamada Moore Díaz Reyes . Según las investigaciones, el hermano del Superintendente, Julio César Díaz Reyes, jugó un papel crucial en estas operaciones al encargarse de la contabilidad y asesoramiento de las empresas contratistas y proveedores del Estado escondiendo todo tipo de problemas para ser favorecidos. Esta práctica, además, se habría perpetuado desde el gobierno de Alejandro Giammattei, y ahora se ven involucrados otros funcionarios del actual gobierno incluyendo al presidente de la República, Bernardo Arévalo. Otros presuntos involucrados en esta estructura incluyen a William Estuardo Dionisio Cruz y Evelyn De León. De León, además de estar asociada con la firma, funge como catedrática en la Universidad Internacional, una institución que, de acuerdo con fuentes cercanas, habría recibido inversiones provenientes del capital generado por estas asesorías. Asimismo, las investigaciones señalan que Marco Livio Díaz Reyes habría realizado negociaciones con personas de otras nacionalidades. Está situación trae fuertes consecuencias al desgaste de la imagen del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien llegó al poder con una plataforma de cambio y honestidad, lo que podría ver su reputación empañada. Aunque no se ha presentado evidencia directa que lo involucre, la percepción de cercanía entre su gobierno y un funcionario acusado de irregularidades podría alimentar dudas sobre la transparencia de su administración. Este tipo de casos, que involucran a altos funcionarios públicos, puede erosionar la confianza en las instituciones estatales si no se aborda de manera efectiva. Una acción rápida y transparente de parte de las autoridades judiciales es esencial para reforzar la autoridad del sistema de justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley.