Search Results

Una investigación reciente ha sacado a la luz un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno, en particular al Quinto viceministro Antinarcótico, Werner Ovalle y al exconvicto y asesor de confianza del ministro Jiménez, Vinicio Ramírez Sequen, a quien lo han señalado de realizar las "recolectas" dentro de las direcciones del MINGOB además de colocar a sus amigos íntimos para formar parte de esta nueva banda. Se les acusa de liderar una mafia que incluye a miembros de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Gobernación. Las fuentes revelan que esta red criminal está intentando manipular al viceministro de Transporte, Fernando Suriano para que intervenga en la gestión del Aeropuerto Internacional La Aurora, con el fin de llevar a cabo negocios ilegales que violan la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, se argumenta que no existe solución. Además, el ministro Félix Alvarado, presuntamente involucrado en prácticas corruptas desde su cargo en el Ministerio de Comunicaciones, ha puesto sus condiciones para recibir sobornos, además de otorgar contratos de forma irregular y se conoce que está siendo investigado por financiamiento electoral ilícito que incluye violación a las leyes financieras de los Estados Unidos. Asimismo, se ha revelado que la empresa seleccionada para realizar trabajos de recapeo en la pista de taxeo del aeropuerto pertenece a un familiar del ministro y carece de las certificaciones exigidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), utilizando asfalto de baja calidad que compromete la seguridad de las personas. Como si fuera poco, la directora interina de Aeronáutica, Azucena Zelaya Florián, identificada como la principal recaudadora de sobornos y financiera ilegal del partido Semilla, también figura en este entramado de corrupción. Las implicaciones de este caso no solo afectan la integridad de las instituciones estatales, sino que también ponen en riesgo la seguridad aérea del país. Las autoridades deben actuar con urgencia para investigar estas denuncias y restaurar la confianza pública en las instituciones.

En el marco del aniversario de la Revolución que se conmemora el próximo 20 de octubre, la Secretaría de Comunicación Social, liderada por Santiago Palomo, ha lanzado una ambiciosa campaña titulada "Una Revolución Viva". Este esfuerzo publicitario, que se estima en varios millones de quetzales, busca resaltar a personajes emblemáticos que han defendido la democracia en el país. Sin embargo, la campaña ha suscitado polémica debido a la inclusión no autorizada de la imagen de la reconocida escritora y periodista guatemalteca, María del Rosario Molina. La autora ha expresado su descontento tras descubrir que su fotografía aparece en una valla publicitaria bajo el lema "Guardianas de Nuestro Destino", sin que se le haya solicitado permiso para su uso. Molina, quien se ha declarado defensora de la democracia, enfatizó que no pertenece a ningún grupo político ni tiene vínculos con el actual gobierno. Considera que esta situación representa una falta de respeto hacia su persona y su trabajo. Además, la escritora señaló un error en la presentación de su nombre en el pie de foto, donde aparece como "María del Rosario Ramírez", lo que pone de relieve la ineficiencia y falta de profesionalismo del equipo encargado de la campaña. La controversia ha generado un debate sobre el uso de imágenes de figuras públicas en campañas gubernamentales, así como sobre la gestión de recursos en un contexto donde muchos ciudadanos cuestionan el despilfarro de dinero público. A medida que se acerca la fecha del aniversario, la Secretaría de Comunicación Social enfrenta críticas en torno a la campaña "Una Revolución Viva".

Recientemente ha surgido información sobre un acuerdo entre el presidente Bernardo Arévalo y miembros del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que ha generado polémica en el ámbito político y empresarial. Según fuentes cercanas, Arévalo habría negociado la paralización de la ley de Competencia a cambio de apoyo en temas relacionados con tierras y cacao. Lo que ha levantado más sospechas es que este acuerdo se realizó sin el conocimiento de los agremiados del CACIF, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del proceso. Esta falta de comunicación podría afectar la confianza entre el gobierno y el sector privado, además de generar tensiones dentro de la misma organización. La ley de Competencia, que busca promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas para fomentar un mercado justo y equilibrado, ha sido un tema central en la agenda económica del país. Su paralización podría tener implicaciones significativas en la regulación de los mercados y en la promoción de la competencia leal. Por otro lado, el hecho de que se hayan discutido temas sensibles como la tierra y el cacao en secreto añade un ambiente de complejidad entre los sectores que se dedican a este rubro, ya que ambos temas son cruciales para el desarrollo agrícola y económico del país. A medida que esta situación se desarrolla, es esencial que se mantenga un diálogo abierto y transparente entre el gobierno y los distintos sectores involucrados para asegurar que se tomen decisiones en el mejor interés del país y de sus ciudadanos. La falta de claridad y el secretismo no solo ponen en riesgo la confianza pública, sino que también podrían tener repercusiones negativas en la estabilidad económica a largo plazo.

El Periódico, uno de los medios de comunicación más reconocidos de Guatemala, ha resurgido tras su abrupto cierre, pero este nuevo capítulo no está exento de polémica y alianzas dudosas. Con la desaparición del medio, también se desvaneció su reconocida sección “El Peladero”, famosa por sus agresivas acusaciones de corrupción dirigidas a figuras políticas y personas que se oponían a sus intereses. Esta columna, que generó numerosos enemigos, parece haber dejado un legado que algunos desean continuar, utilizando tácticas de extorsión y difamación, actividades claramente delictivas. Ahora, bajo el nombre de “El Pelex”, el espíritu del antiguo Peladero parece haber resucitado. Sin embargo, este nuevo proyecto no solo cambia de nombre, sino que también está respaldado por un entramado de financiamiento y liderazgo cuestionables. En la cúspide de esta nueva aventura mediática se encuentra Luis Arreaga, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, quien ha tomado un renovado interés en lo que llama “periodismo de investigación”. A su lado, Edgar Gutiérrez, conocido por sus usurpaciones de títulos académicos y sospechas de lavado de activos entre otros, ha asumido un rol central en este emprendimiento. De acuerdo con fuentes cercanas, el financiamiento de El Pelex proviene de una generosa donación de USAID, de la cual Arreaga y Gutiérrez se reparten el 40 %. Este proyecto se ha convertido en una fuente inagotable de rumores y acusaciones, con Gutiérrez a la cabeza de la producción de contenido, apoyado por un equipo de periodistas e informantes que incluyen a figuras como Alfred Kaltschmitt, Juan Luis Font, Alfredo Brito, Pavel Gerardo Vega, Ana Lucía Mendizábal, Juan Ordoñez, Denis Aguilar, Shirlie Rodríguez, Gerson Ortiz, Jovanna Garcon, Gustavo Alejos y el oficial retirado Douglas Barrera. Se informa que este grupo tiene la instrucción de elaborar artículos con un enfoque en calumnias y difamaciones “exclusivas”. Con este trasfondo, el público deberá estar preparado para el drama mediático que surgirá. Aquellos que se vean afectados por sus publicaciones deberán estar alertas y denunciar cualquier acto de calumnia. Aunque El Pelex se presenta como un proyecto que llegó para quedarse, su modus operandi plantea serias interrogantes sobre la ética y la responsabilidad en el periodismo, dejando entrever que, a pesar de un aparente aumento de poder y financiamiento, los escrúpulos parecen haber quedado en el camino.

Blanca Odilia Alfaro Guerra, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se encuentra en negociaciones con el sindicato de la institución. Según fuentes cercanas, Alfaro estaría ofreciendo Q 5,000 a cada miembro para asegurar su apoyo y evitar interferencias en sus decisiones políticas. Esta propuesta se enmarca en un contexto de tensiones tras la intervención del Ministerio Público en el TSE por las irregularidades en las votaciones pasadas, donde se alega que los trabajadores fueron amedrentados por los fiscales. Además de la compensación monetaria, se ha informado que Alfaro accedió a las exigencias del sindicato, autorizando un día adicional después de cada descanso por asueto o feriado. Lo que ha suscitado inquietudes sobre la ética de estas negociaciones. Analistas argumentan que estas tácticas podrían comprometer la integridad del TSE y su capacidad para llevar a cabo procesos electorales transparentes. Otra de las medidas polémicas que Alfaro ha sugerido es reiniciar el padrón electoral desde cero, responsabilizando al MP de haber "secuestrado" la documentación electoral original. Sin embargo, fuentes del MP indican que solo se llevaron copias, y que la información es de carácter público. La idea de comenzar un nuevo padrón ha generado preocupación entre expertos, quienes señalan que esta acción podría ser considerada ilegal. La ley Electoral y de Partidos Políticos establece procedimientos claros para la actualización del padrón, y un cambio drástico podría levantar serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Estos acontecimientos han llevado a un creciente escepticismo sobre la capacidad de la presidenta Alfaro para llevar adelante una administración imparcial y responsable, especialmente en su interés por asumir como jefa del Ministerio Público en el 2026. La ciudadanía en general espera respuestas y acciones que garanticen la integridad del proceso electoral en el país.

La preocupación se intensifica en torno a las recientes decisiones tomadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que han resultado en despidos masivos y cuestionables prácticas administrativas. El 31 de agosto, el MAGA rescindió los contratos de más de 400 extensionistas, profesionales que desempeñaban un papel crucial en la implementación de programas y actividades dirigidas a las comunidades rurales. Estos extensionistas, reconocidos por su experiencia y capacidad para colaborar directamente con las comunidades, han sido gravemente afectados por estas medidas. Los beneficiarios de los programas que gestionaban estos profesionales han expresado su descontento y preocupación, advirtiendo que la salida de estos trabajadores provocará el abandono de las comunidades, dejándolas nuevamente en el olvido. Además, se ha señalado que el Gobierno ha priorizado sus intereses al contratar personal sin la experiencia adecuada, a menudo con estudios en áreas no relacionadas con el desarrollo comunitario. Muchos de los nuevos empleados son, además, familiares de directores departamentales o autoridades del MAGA. A esta situación se suman otras preocupaciones. Se ha reportado que, desde junio pasado, se exigió a los extensionistas despedidos presentar un finiquito firmado para recibir el pago de sus salarios, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad de las operaciones financieras en el MAGA. Además, se han documentado irregularidades en la facturación. Con la llegada del nuevo gobierno, se ha solicitado a los empleados 029 que razonaran las facturas por sí mismos, una tarea que debería ser realizada únicamente por un abogado o auditor, especialmente cuando la SAT solicita cambios en la descripción de los documentos. También ha surgido la preocupación de que el MAGA planea recontratar a algunos de estos profesionales en octubre para evitar que trabajen en septiembre, de manera que pierdan su relación laboral y reducir así el número de demandas laborales potenciales. Esta táctica parece diseñada para minimizar el impacto de las reclamaciones legales por parte de los extensionistas despedidos. Para empeorar la situación, se ha revelado que los 500 millones asignados al MAGA se utilizaron para la compra de abono sin seguir los procedimientos adecuados de compras y contrataciones, lo que agrava la falta de transparencia en la gestión del ministerio. La situación en el MAGA continúa evolucionando, y es fundamental mantener una vigilancia constante sobre el manejo de estos despidos y las prácticas relacionadas para asegurar la transparencia y la justicia en el trato a los empleados afectados.

Un grupo de mujeres agentes recién egresadas de la Academia de la Policía Nacional Civil ha denunciado públicamente ser víctimas de acoso sexual en la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA). Según sus testimonios, han enfrentado comportamientos inapropiados y abusivos por parte de algunos jefes de delegaciones dentro de la institución. Las denunciantes, quienes han solicitado mantener el anonimato por razones de seguridad, afirman haber sido sometidas a acoso sexual persistente. A pesar de su rechazo a las propuestas de sus agresores, han experimentado represalias que incluyen largas jornadas laborales, restricciones en sus días de descanso y negación de permisos por motivos personales. Estas acciones, según las agentes, forman parte de una serie de represalias por haber rechazado los avances sexuales, creando un entorno de trabajo hostil e intimidante. La falta de apoyo y protección por parte de sus superiores ha sido un factor determinante en su decisión de hacer públicas estas denuncias. Las agentes han informado que han presentado esta situación a la Cúpula de la Policía Nacional Civil, al Ministro Francisco Jiménez y a la Primera Viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, solicitando medidas concretas. Sin embargo, sus quejas han sido aparentemente ignoradas. De continuar con la falta de respuesta, las agentes están preparadas para llevar el caso al Ministerio Público y presentar pruebas de los hechos denunciados. La gravedad de estas acusaciones exige una respuesta urgente y eficaz para asegurar la integridad y el bienestar de quienes forman parte de la institución. La Policía Nacional Civil y las autoridades competentes tienen la responsabilidad de garantizar un entorno laboral seguro y libre de abusos para todos sus miembros. Se espera que las autoridades tomen medidas inmediatas para investigar exhaustivamente estas denuncias y brindar el apoyo necesario a las agentes afectadas.

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha establecido una nueva instancia mediante el acuerdo ministerial 214-2024 con el objetivo de investigar y perseguir a quienes expresen opiniones contrarias a la agenda LGBTI, comunidades y autoridades de los pueblos originarios. Esta medida, que busca vigilar y sancionar las posturas disidentes, ha suscitado una serie de preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad. La creación de esta instancia ha generado alarma por varias razones. En primer lugar, se teme que la medida pueda legitimar la percepción errónea de que en Guatemala existen problemas generalizados de crímenes raciales y de odio. Críticos argumentan que la implementación de esta herramienta ideológica podría exacerbar las divisiones sociales en lugar de promover la cohesión y el entendimiento mutuo. Además, se argumenta que el acuerdo ministerial 214-2024 podría contribuir a aumentar la polarización entre los ciudadanos. La idea de que un órgano estatal se dedique a investigar opiniones contrarias sobre la agenda LGBTI es vista por algunos como una forma de fomentar el odio y la desconfianza entre diferentes grupos dentro del país. El Ministro Jiménez, acusado por algunos de ser resentido e inseguro incluso hasta mediocre en la manera en cómo ha llevado a cabo su labor dentro del Ministerio de Gobernación, ha sido criticado por permitir la creación de esta instancia que, según detractores, podría imitar escenarios problemáticos observados en otros contextos internacionales. Por ejemplo, se menciona el caso de Sudáfrica, donde las narrativas falsas sobre conflictos raciales han llevado a incidentes de odio y crímenes atroces. Distintas opiniones sostienen que esta política podría contribuir a una mayor fragmentación y confrontación entre la población guatemalteca.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, ha decidido que la mejor manera de motivar a los especialistas del Ejército Nacional es obligarlos a pagar de su propio bolsillo por su pasaje, alimentación y estancia para asistir a una reunión en la ciudad capital. La única recompensa por este sacrificio, según las denuncias, es la oportunidad de ver a Sáenz posar para una fotografía en el Domo de la zona 13. Un verdadero ejemplo de eficiencia y gestión, sin duda. Pero eso no es todo, el malestar dentro del ejército va en aumento. Se rumora que un grupo de jóvenes oficiales está afinando los detalles para un golpe de estado que no solo pretende destituir al ministro Sáenz, sino también al Presidente de la República. El descontento surge de los abusos hacia especialistas y sargentos mayores, y de la presunta implicación de Sáenz, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y la cúpula de la Policía Nacional Civil, en una trama de actos de corrupción y su presunta influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en Guatemala. Según fuentes cercanas, después del escándalo del reciente caso "El Mecanismo" se han destapado estructuras de tráfico de personas y un alarmante aumento del 130 % en el flujo de cocaína en el país. Para añadir un toque final a este drama, se señala que el Comando Sur podría estar contemplando la opción de apoyar el relevo en el ejército y capturar a los ministros Sáenz y Jiménez, por haber traicionado la confianza depositada en ellos. Todo esto, mientras Guatemala se tambalea en una crisis institucional con serias implicaciones para la seguridad y estabilidad nacional.

En una serie de controversias que siguen marcando su gestión, el Ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, ha vuelto a quedar en el ojo crítico tras una reciente reunión con los Sargentos Mayores del país. Fuentes cercanas al evento han revelado que, en lugar de reconocer la labor de estos oficiales, Sáenz les exigió cubrir su propio pasaje y estadía en la ciudad capital. La mayoría de los sargentos consideraron la reunión una pérdida de tiempo, y algunos llegaron a gastar hasta mil quetzales para asistir al “distinguido” evento. La situación parece no mejorar para el Ministro, ya que también se ha planeado una reunión similar con los Especialistas en el Domo de zona 13. Se estima que estos oficiales deberán desembolsar el 15 % de su salario en transporte y estadía para participar en lo que muchos consideran un nuevo gasto innecesario. Además, se ha conocido que en una reunión de alto nivel en México el pasado 2 de agosto, el ministro Sáenz no solo mostró un preocupante desconocimiento sobre temas cruciales como la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico, sino que además hizo concesiones que algunos consideran una amenaza a la soberanía territorial de Guatemala. La falta de preparación y el manejo inadecuado de la situación generaron malestar entre sus filas y una percepción de debilidad nacional frente a los intereses mexicanos. Estas acciones han incrementado las críticas hacia Sáenz, quien ya enfrentaba cuestionamientos por su gestión en el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala.