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Fuentes cercanas han revelado recientemente una supuesta red de espionaje que involucra a altos funcionarios del gobierno de Guatemala, liderada por el secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, y vinculada a varios actores clave dentro del ámbito de seguridad y telecomunicaciones del país. Según la información obtenida, el esquema de espionaje estaría orquestado principalmente por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto con el director de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), Mario Bozos, y el director General de Empresas de Seguridad Privada (DIGESS), Jorge Humberto Santizo, quienes estarían utilizando recursos del Estado para prácticas ilegales de vigilancia, espionaje telefónico y seguimiento. Uno de los puntos más críticos de esta investigación es la denuncia presentada ante el Ministerio Público, que señala que Santiago Palomo, junto al viceministro de Antinarcóticos, Werner Ovalle, y su asesor principal, el ex subgerente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Vinicio Ramírez Sequen, habrían adquirido un software de procedencia china para realizar escuchas telefónicas ilegales. Este software ha sido detectado por la Embajada de los Estados Unidos y está bajo investigación desde ese país. El acceso a esta tecnología de interceptación de comunicaciones es utilizado principalmente por Mario Bozos de la DIGICI, en su vínculo directo con las fuerzas de seguridad del país. No obstante, la investigación revela que esta actividad ilegal no se limita solo a la vigilancia de personas relacionadas con temas de seguridad, sino que también se ha extendido al seguimiento y monitoreo de opositores políticos, analistas críticos del gobierno y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, con el objetivo de proporcionar información valiosa a Palomo. Asimismo, se ha informado que dentro de la empresa de telefonía Tigo, existe una red de operadores que filtran información privada y que ilegalmente suplían información a CICIG desde el tiempo de Carlos Castresana y son quienes facilitan ilegalmente datos telefónicos privados a Palomo y a Mario Bozos. Esta red de espionaje ha generado gran preocupación, ya que involucra no solo a altos funcionarios públicos, sino también a empresas privadas del sector de telecomunicaciones, sugiriendo una complicidad en la violación de derechos humanos y de la privacidad de los ciudadanos. Por ahora, la investigación sigue en curso en el Ministerio Público, evaluando las pruebas y denuncias presentadas para aclarar el alcance de estas acciones ilegales de la presunta red de espionaje liderada por Santiago Palomo.

Una red de tráfico de influencias y manejo irregular de fondos ha salido a la luz, involucrando al jefe de la bancada de la UNE, Adim Maldonado quien es propietario de las cableras Sistecom e Intercable, y a Leticia Teleguario, exministra y asesora de ONU Mujeres. Según revelaciones recientes, Maldonado habría transferido 44.5 millones de quetzales a cinco ONGs controladas por Teleguario, quien a cambio habría prometido reuniones de alto nivel con figuras internacionales, incluyendo un posible encuentro con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas ONGs, cuya transparencia y manejo de fondos están ahora bajo investigación, habrían servido como canales para financiar estas promesas de influencia y posicionamiento en el ámbito político estadounidense. El escándalo no termina ahí. Fuentes cercanas al caso también aseguran que Teleguario ofreció a Maldonado usar sus conexiones con altos diplomáticos estadounidenses, como Todd Robinson y Luis Arreaga, para evitar que avanzaran en los tribunales de Estados Unidos las demandas legales contra Sistecom e Intercable. Estas empresas enfrentan acusaciones de robo de señal y violación de derechos de transmisión pertenecientes a gigantes de la industria como Paramount, Disney Channel, HBO/MAX y PlayBoy. Este caso pone en evidencia no solo posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y privados, sino también la presunta instrumentalización de ONGs para fines personales. Además, las implicaciones internacionales de las acusaciones podrían generar tensiones entre Guatemala y Estados Unidos, particularmente si las investigaciones revelan que actores diplomáticos estuvieron involucrados o influidos. Además de las acusaciones por el manejo de fondos, el diputado Maldonado estaría utilizando su relación con Teleguario para pasar información sensible y confidencial sobre sus colegas diputados a actores internacionales, incluida la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Organismos de la sociedad civil podrían pronunciarse y exigir una auditoría inmediata de las ONGs implicadas, así como una investigación exhaustiva sobre los fondos destinados a estas. Mientras tanto, analistas políticos señalan que este caso podría convertirse en un parteaguas en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en Guatemala. Se espera que existan consecuencias legales para los implicados o si, como en otros casos, estos escándalos quedan en la impunidad.

La mañana del domingo 29 de diciembre estuvo marcada por un lamentable incidente en el kilómetro 512 de la Franja Transversal del Norte, en el barrio Playa Grande, departamento de Quiché. Un helicóptero perteneciente al Ejército de Guatemala sufrió una aparente caída, causando alarma y generando una serie de acusaciones que involucran a su alto mando. Fuentes oficiales han indicado que el comandante del Comando Aéreo Central La Aurora (CACEN), coronel de Aviación Piloto Aviador DEMA, Julio Roberto Ortiz Estrada, ordenó realizar un vuelo rasante con el objetivo de capturar tomas desde la 6ta Brigada de Playa Grande. Dichas imágenes, según señalamientos, serían utilizadas para publicaciones en redes sociales. Testimonios revelan la existencia de una grabación donde se escucha al coronel Ortiz Estrada dando la orden para ejecutar el vuelo. Este incidente también ha desatado una serie de acusaciones más graves contra Ortiz Estrada. De acuerdo con informes, el comandante es responsable de administrar el hangar presidencial y ha sido vinculado a presuntas irregularidades en el uso de las aeronaves oficiales, incluidas actividades privadas para altos funcionarios e influencers. Asimismo, se ha denunciado que, el ministro de la Defensa, Henry Saénz autorizó al comandante Ortiz Estrada no designarle los cargos de segundo ni tercer comandante en CACEN, permitiéndole operar sin supervisión directa a las acciones ilícitas vinculadas con el narcotráfico y el atribuirse los salarios de los puestos mencionados. Este vacío jerárquico se presta a un caso más de plazas fantasmas y corrupción dentro del Ministerio de la Defensa. Otra acusación que pesa sobre el coronel es el supuesto ofrecimiento de obsequios costosos a la Vicepresidenta de la República, con el propósito de asegurar su permanencia en el cargo y mantener sus operaciones sin interferencias. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta estas denuncias. Sin embargo, la caída del helicóptero y los señalamientos en torno al coronel Ortiz Estrada, podrían generar una oleada de críticas y exigencias de transparencia por parte de la ciudadanía. Este incidente pone en evidencia la necesidad de una investigación rigurosa por parte del Ministerio Publico y la Contraloría General de Cuentas para esclarecer las causas del accidente y las denuncias relacionadas con el manejo de recursos y el cumplimiento de las normativas en el Ejército de Guatemala.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) enfrenta un escándalo en su oficina de Guatemala, que ha provocado una investigación interna por parte de la propia organización y la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas. Según fuentes confiables dentro de la ONU en Nueva York aseguran que, Gardenia Villagrán, quien ocupa el cargo de comisionada de cumplimiento interno ("compliance") en la OIM en Guatemala, está bajo investigación por presuntas filtraciones de información sensible. Estas filtraciones incluyen nombres y estatus migratorio de migrantes y refugiados opositores a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, entre otros. La situación ha generado una inquietud particular, dada la vulnerabilidad de estas personas. Además, Villagrán también está siendo investigada por supuestamente formar parte de una estructura que exige pagos a migrantes a cambio de otorgarles estatus de refugiado. Lo que representaría graves violaciones éticas y legales que comprometen la misión humanitaria de la organización. El escándalo no se limita a Villagrán. La propia OIM está bajo investigación debido a presuntas irregularidades en la forma de pago a empleados y consultores. Se acusa a la organización de no reportar adecuadamente los ingresos de sus trabajadores, a pesar de la emisión de facturas, lo que podría derivar en problemas fiscales y administrativos. Estos eventos plantean serias interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la OIM, así como sobre su capacidad para proteger a las poblaciones migrantes vulnerables que dependen de su apoyo. La ONU y la OIM no han emitido declaraciones oficiales hasta el momento, pero se espera que los resultados de estas investigaciones se esclarezcan y permitan implementar medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales de la organización.

Se filtra denuncia interpuesta por un grupo de empresarios de tiendas de armas, aseguran que fueron presionados por el personal del departamento jurídico de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) para realizar donaciones con fines particulares. Según la denuncia, los empresarios fueron “requeridos” a contribuir con regalos para el convivio del DIGECAM y para obsequios que el director de la institución, el coronel Hermes Danilo Torres Sac, entregará a los altos mandos. Las contribuciones incluyen artículos como microondas, planchas, licuadoras, botellas de whisky de 18 años, así como armas de alta gama y de colección. Los denunciantes señalan que, ante la amenaza de retrasos innecesarios en sus trámites y gestiones, se vieron obligados a ceder a estas exigencias. Asimismo, se conoce que el personal del departamento jurídico ha implementado maniobras ilegales con el objetivo de entorpecer los procesos, exigiendo pagos indebidos para agilizarlos. Fuentes cercanas evidencian la existencia de una red de corrupción que involucra a miembros de DIGECAM, la mafia en la Comisión de Importaciones y Exportaciones (COMBEX), y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con los empresarios afectados, estas instituciones estarían coordinadas para generar cobros ilegales y distribuirse las ganancias entre los implicados. Ante la gravedad de las acusaciones, se espera una respuesta por parte de las autoridades y que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Los afectados han manifestado su preocupación por las prácticas irregulares que afectan la transparencia y funcionamiento de sus operaciones legales en el país. Este escándalo pone nuevamente bajo la lupa los procesos administrativos y la integridad de las instituciones encargadas de regular y fiscalizar el comercio de armas, así como las redes de corrupción que persisten en diferentes niveles del sector público.

#MafiaSAT Un nuevo caso de extorsión empresarial ha salido a la luz, involucrando al Superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes y su familia. Fuentes oficiales confirmaron que un grupo de empleados de la SAT, junto con la Dirección General de Armas y Municiones (DIGECAM) y la empresa de importación COMBEX-IM, conforman la red criminal que estaría operando de manera ilegal y generando ingresos millonarios a través de un sistema de estafas que afecta gravemente a los importadores de armas y municiones en el país. Según las investigaciones, estos se dedican a manipular la información y los documentos de los importadores de armas y municiones, creando demoras y obstáculos innecesarios en los trámites. Estos retrasos son utilizados como una estrategia para obligar a los importadores a pagar sobornos y otros pagos ilegales que no están justificados, acumulando un total de más de un millón de quetzales mensuales. La operación conjunta de la SAT y la DIGECAM permite que este grupo extorsionador controle el proceso de importación, aprovechándose de su poder para generar beneficios ilícitos. Las fuentes indican que este modus operandi ha estado funcionando durante un largo periodo, con la complicidad de altos funcionarios de ambas instituciones, quienes no solo manipulan los trámites, sino que también imponen tarifas adicionales que afectan a las empresas importadoras de armas. Este nuevo escándalo se suma a otras investigaciones en contra del Superintendente, Marco Livio Díaz Reyes por presuntos vínculos con estructuras criminales, a quien el día de hoy le fue allanada la firma Moore Días-Reyes por presuntas irregularidades en temas tributarios. La situación actual está generando un clima de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones estatales, como la SAT y la DIGECAM, se ve cada vez más deteriorada donde los casos de corrupción sigan socavando la credibilidad del gobierno y la transparencia de sus funcionarios.

Nuevas investigaciones han puesto en evidencia al Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, tras revelarse presuntos vínculos con una estructura criminal y brindar asesorías a empresas relacionadas con el presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León. Estas asesorías habrían sido realizadas a través de la firma de auditores llamada Moore Díaz Reyes . Según las investigaciones, el hermano del Superintendente, Julio César Díaz Reyes, jugó un papel crucial en estas operaciones al encargarse de la contabilidad y asesoramiento de las empresas contratistas y proveedores del Estado escondiendo todo tipo de problemas para ser favorecidos. Esta práctica, además, se habría perpetuado desde el gobierno de Alejandro Giammattei, y ahora se ven involucrados otros funcionarios del actual gobierno incluyendo al presidente de la República, Bernardo Arévalo. Otros presuntos involucrados en esta estructura incluyen a William Estuardo Dionisio Cruz y Evelyn De León. De León, además de estar asociada con la firma, funge como catedrática en la Universidad Internacional, una institución que, de acuerdo con fuentes cercanas, habría recibido inversiones provenientes del capital generado por estas asesorías. Asimismo, las investigaciones señalan que Marco Livio Díaz Reyes habría realizado negociaciones con personas de otras nacionalidades. Está situación trae fuertes consecuencias al desgaste de la imagen del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien llegó al poder con una plataforma de cambio y honestidad, lo que podría ver su reputación empañada. Aunque no se ha presentado evidencia directa que lo involucre, la percepción de cercanía entre su gobierno y un funcionario acusado de irregularidades podría alimentar dudas sobre la transparencia de su administración. Este tipo de casos, que involucran a altos funcionarios públicos, puede erosionar la confianza en las instituciones estatales si no se aborda de manera efectiva. Una acción rápida y transparente de parte de las autoridades judiciales es esencial para reforzar la autoridad del sistema de justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley.

Fuentes oficiales señalan al teniente coronel Mario Roberto Campos Ávalos, quien fue sorprendido saliendo de un auto hotel, acompañado de una subalterna. Lo más alarmante es que Campos Ávalos estaba al volante de un vehículo oficial, propiedad del Ministerio de la Defensa, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso indebido de los recursos públicos.   El escándalo fue destapado cuando el esposo de la subalterna sorprendida con el oficial se encontraba en las cercanías del establecimiento y logró captar la escena con su teléfono móvil. A pesar de la gravedad de la situación, la influencia de Campos Ávalos dentro del Ministerio de la Defensa parece haber jugado un papel crucial en su protección. Según fuentes cercanas, el teniente coronel es amigo cercano y compañero de promoción de Duvalier Dossantos Recinos Castellanos, coronel de Artillería y actual director de la Dirección General de Gestión Integral de Reducción de Riesgos del Ministerio de la Defensa. Esta relación de confianza entre ambos ha permitido que Campos Ávalos no enfrente las consecuencias de sus actos. En un intento por minimizar el escándalo y proteger su carrera, Dossantos Recinos habría tomado la decisión de trasladar a Campos Ávalos a un puesto menos visible dentro de la institución, nombrándolo como oficial financiero de la Dirección de Riesgos. Este repentino nombramiento ha generado especulaciones sobre un posible encubrimiento entre el coronel Dossantos Recinos y el ministro Saénz quienes tienen una relación estrecha de amistad. Este tipo de casos cuestiona la ética y la responsabilidad de las autoridades del MINDEF, quienes debería de tomar cartas en el asunto por el uso indebido de vehículos del Estado y la conducta inapropiada de los oficiales involucrados, que se ven favorecidos por ser allegados al ministro de la Defensa, Henry David Saénz.

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, ha sido vinculado a un escándalo relacionado con el aumento de salarios de los diputados del Congreso de la República, que venía planeando desde meses atrás, pero al ser cuestionado sobre el tema, fingió desconocerlo. La polémica surgió cuando se dio a conocer que una partida significativa del presupuesto había sido asignada no solo para gastos administrativos del Congreso, sino también para el aumento de sueldos de los legisladores. Fuentes cercanas aseguran que el diputado Julio Héctor Estrada aseguraba que las partidas asignadas eran recursos destinados a la construcción de un nuevo edificio de propiedad del Congreso. Sin embargo, varios documentos internos del Legislativo muestran que parte de este presupuesto efectivamente sería destinado a las mejoras salariales de los legisladores. Este caso pone en evidencia la falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables de la administración financiera del Congreso, quienes no han ofrecido una explicación clara y detallada sobre la asignación de estos fondos. Se espera que en los próximos días sectores de la sociedad civil exijan una revisión minuciosa de las finanzas del Congreso, con el fin de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la población. El caso podría tener repercusiones políticas significativas, ya que afecta la credibilidad de la institución legislativa y pone en duda la ética de aquellos encargados de velar por los intereses del pueblo. Se espera que en los próximos días se realicen investigaciones adicionales sobre el destino de los recursos públicos, y que los responsables de la asignación del presupuesto y el aumento de salarios rindan cuentas ante la opinión pública.

El ministro de la Defensa, Henry David Sáenz Ramos, se encuentra nuevamente señalado tras una serie de situaciones que apuntan a una presunta falta de transparencia en la gestión de fondos y violación de acuerdos internacionales. Fuentes oficiales han confirmado que Sáenz Ramos, en un intento por acercarse a Estados Unidos, habría mentido al presidente Bernardo Arévalo sobre la construcción de una Escuela de Derechos Humanos, sin autorización expresa y fuera de los límites establecidos por el presupuesto ministerial, lo cual es una grave irregularidad financiera. Sin embargo, lo que realmente ha generado mayor preocupación es que esta acción contraviene un acuerdo internacional clave: el compromiso adquirido por los países miembros de la CFAC, que establece que cada nación debe tener un rol específico dentro de la región. Según los términos del acuerdo, la República Dominicana es el país encargado de la gestión y certificación de la Escuela de Derechos Humanos. Esta escuela tiene como objetivo capacitar a las fuerzas armadas de los países miembros en el respeto a los derechos fundamentales, y es la única institución autorizada para emitir los certificados correspondientes. El Ministerio de la Defensa de Guatemala, no solo ha desobedecido el acuerdo internacional, sino que además ha puesto en riesgo las relaciones diplomáticas con República Dominicana y otros países de la región, quienes han expresado su preocupación por el incumplimiento de los compromisos pactados en la CFAC. El presidente Bernardo Arévalo, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre este tema, ha sido informado por fuentes cercanas de la gravedad de la situación. Se espera que en los próximos días se emita una postura oficial para abordar las implicaciones políticas y diplomáticas que esta acción podría tener. Diversos sectores de la sociedad civil podrían exigir una investigación exhaustiva sobre el manejo de los fondos públicos y la legitimidad de las decisiones tomadas por Sáenz Ramos, así como una revisión de los acuerdos internacionales firmados por Guatemala en el marco de la CFAC.

Según fuentes cercanas aseguran que el ministro Francisco Jiménez junto a sus asesores Vinicio Ramírez y Gerardo Santeliz, en contubernio con la Primera viceministra de Seguridad, Claudia Palencia y el Segundo viceministro Administrativo, Felipe Sánchez González, estarían cobrando de manera anticipada por la estadía de narcotraficantes y sindicados de corrupción para ocupar una carceleta de lujo en la nueva construcción de la cárcel de Masagua Escuintla, financiada con fondos del BCIE. Pero no es el único escándalo que sacude al Ministerio de Gobernación, también se descubrió presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la cárcel de Masagua con la empresa mexicana TRADECO, conocida por su historial de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Esta empresa defraudó 80 millones de quetzales al Estado de Guatemala durante el gobierno del Partido Patriota, tras incumplir la construcción de 76 kilómetros de carretera en el departamento de Huehuetenango. Pese a estos antecedentes, TRADECO y sus subsidiarias, Inmobiliaria Rancho Sierra - ITECSA, este año lograron adjudicarse el contrato para el diseño y construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla. Además, se asegura que, el Consorcio Inmobiliaria Rancho Sierra – ITECSA, no conseguía una institución bancaria que les vendiera la fianza necesaria para firmar el contrato, hasta que lograron consolidar un acuerdo con el Banco CHN para que realizara un documento que fuera aceptado por el BCIE y que les pudiera adjudicar la obra, todo esto con el apoyo total del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. El proceso fue aún más irregular, el diseño de la cárcel fue adjudicado dos veces. La primera, bajo el NOG 19155034, por un monto de Q17,066,782.93 y posteriormente, se modificaron los planos con información interna del Ministerio de Gobernación, violando la Ley de Contrataciones del Estado. A pesar de estas anomalías, el ministro Jiménez reanudó el contrato 001-2022, autorizado mediante la Resolución Número 000123 del 21 de febrero de 2024.  El ministro de Gobernación delegó la firma para la suscripción de la enmienda del contrato a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Ministerio de Gobernación. TRADECO y sus representantes, Carlos González Macías y Juan Antonio Hernández Alvarado, han sido investigados por temas de narcotráfico en Estados Unidos. En 2019, ambos fueron ligados a proceso ​​por tráfico de drogas, incumplimientos de contratos y proyectos inconclusos en El Salvador y Honduras. El caso señala posibles actos de complicidad por parte del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, al permitir que una empresa con un historial tan cuestionable continúe operando en el país. TRADECO no solo ha defraudado al Estado de Guatemala, sino que también utiliza contratos gubernamentales para legitimar fondos provenientes del narcotráfico. Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos exigen al Ministerio Público una investigación exhaustiva que esclarezca las responsabilidades y lleve ante la justicia a los funcionarios responsables. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, así como de garantizar que las instituciones gubernamentales actúen en beneficio de la nación y no de sus propios intereses.

Chahal, Alta Verapaz.  La madrugada de este viernes 15 de noviembre estuvo marcada por un violento enfrentamiento en el municipio de Chahal, tras la presunta filtración proveniente del destacamento militar de Modesto Méndez, Petén, el cual se reportó una alerta de traza aérea detectada por los sistemas de radar. Esta unidad es comandada por el coronel De León Barrios, promoción 118, la misma a la que pertenece el ministro de la Defensa, Henry David Sáenz. La información filtrada, que detallaba movimientos en la zona, habría sido hallada en los teléfonos celulares de dos soldados del destacamento militar. Según datos preliminares, los mensajes llegaron a manos de un grupo de narcotraficantes locales, quienes emboscaron a una patrulla militar. El ataque dejó un saldo inicial de cinco civiles muertos, mientras que varios soldados se encuentran en calidad de desaparecidos. Testigos presenciales aseguran que, durante el enfrentamiento, una patrulla de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), adscrita al Quinto Viceministerio de Antinarcóticos, a cargo de Werner Ovalle, estaba presente en la zona, pero sus integrantes huyeron mientras se desarrollaba el ataque. Esta acción ha generado dudas y cuestionamientos sobre el papel de las fuerzas de seguridad en la operación. Fuentes cercanas han señalado que, el Ministro de la Defensa, esta tratando de manera desesperada de ocultar el hecho y ha contactado a un fiscal del MP en Chisec para que lo apoye. El incidente ha levantado serias preocupaciones sobre la integridad de las fuerzas de seguridad, especialmente tras la confirmación de la filtración de información interna. Este tipo de eventos evidencia las dificultades para combatir el narcotráfico en regiones donde las redes criminales han consolidado su influencia.