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La Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), actualmente bajo el mando de Mario Alfredo Bosos Monroy, atraviesa una profunda crisis institucional. Bosos, un funcionario sin trayectoria ni conocimientos técnicos en inteligencia estratégica, fue designado presuntamente como pago de favores políticos por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Según fuentes internas, Bosos habría brindado apoyo económico a Jiménez durante un periodo de dificultades financieras, previo a su llegada al ministerio. Lejos de fortalecer las capacidades operativas de la DIGICI, Bosos ha consolidado su poder mediante el nepotismo. Ha colocado a su cuñado, Dimas Alejandro Ruano López —exoficial vinculado a una red de tumbes de droga que huyó ilegalmente a Estados Unidos en 2022—, y a su concuño, Wilfredo Quiñónez, como piloto institucional. Además, su hija, María Fernanda Bosos, ocupa un puesto clave en la Policía Nacional Civil (PNC), donde devenga un salario de Q15,000 mensuales, pese a no contar con la preparación requerida. El jefe de Contrainteligencia, Alex Estrada, cuenta con el respaldo total de Bosos. Estrada ha replicado el esquema, ubicando a su sobrina como asistente personal y a su madre como encargada de la cafetería de la institución. Cabe destacar que Estrada es sobrino de Edgar Estrada, uno de los hombres de confianza del ministro Jiménez, cuyo estilo de vida —incluida una lujosa residencia en zona 16 y un notorio ascenso económico— ha generado comentarios tanto dentro como fuera de la entidad. En medio de esta red de lealtades personales, la capacidad real de la DIGICI para ejecutar operaciones de inteligencia es prácticamente nula. Diversas fuentes denuncian que los fondos destinados al pago de información están siendo desviados para fines privados. Los señalamientos que vinculan a Mario Bosos Monroy con estructuras del narcotráfico continúan en aumento, y se menciona incluso la posibilidad de beneficios compartidos con altos funcionarios, incluido el presidente de la República. Lo más alarmante es que la DIGICI, que en el pasado fue considerada una de las agencias de inteligencia más confiables por la Embajada de Estados Unidos, hoy estaría siendo cooptada para fines de espionaje político y persecución interna. Este panorama evidencia una peligrosa captura de las estructuras de seguridad del Estado por intereses particulares, debilitando la lucha contra el crimen organizado y socavando la confianza ciudadana en el actual gobierno.

Washington no descarta consecuencias para quienes atenten contra la alianza histórica con Taiwán Una creciente alarma ha despertado en círculos diplomáticos de Estados Unidos tras revelarse la cercanía de funcionarios, empresarios, diputados y periodistas guatemaltecos con el régimen de la República Popular China. Fuentes en Washington aseguran que estos vínculos ya están siendo objeto de una investigación activa, dado el impacto potencial que podrían tener en el equilibrio geopolítico regional y en la alianza estratégica entre Guatemala y Taiwán. El gobierno estadounidense, firme defensor del orden internacional basado en reglas, ha expresado reiteradamente su oposición a la expansión de la influencia china en América Latina, especialmente cuando ésta compromete la estabilidad de relaciones bilaterales clave, como la de Guatemala con Taiwán. Analistas cercanos al Departamento de Estado advierten que habrá consecuencias si se concreta una reorientación diplomática impulsada por intereses ideológicos o económicos que contradigan compromisos asumidos con aliados democráticos. Personalidades bajo la lupa Una lista de nombres que han sido identificados públicamente por su afinidad o participación en actividades coordinadas con actores del régimen chino ha encendido alertas en Washington: Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX): Carlos Martínez (Viceministro) Ana Isabel Carrillo Paola Morris Ministro de la Defensa Henry David Saénz Ramos Ministra de Economía Gabriela García Empresarios con interés en China: Jorge Briz, expresidente de CACIF Antonio Malouf, exministro de Economía Salvador Biguria, ex director de FUNDESA Diputados y representantes políticos: Julio Héctor Estrada José Chic Carlos Barreda (miembro del PARLACEN) Periodistas señalados por vínculos con medios estatales chinos: Claudia Méndez Arriaza, quien asistió a un curso en China financiado por el Partido Comunista Chino Mario Rosales, comunicador pro-China en medios nacionales Luis Ángel Sas Aunque algunos de estos periodistas también han participado en viajes de familiarización organizados por Taiwán, su estrecha relación con entidades vinculadas al Partido Comunista Chino y sus agencias de propaganda ha generado serias dudas en Washington. Fuentes cercanas al gobierno estadounidense señalan que estas figuras ya son consideradas agentes de influencia pro-China  en la región, y advierten que más nombres podrían sumarse a la lista en las próximas semanas , conforme avancen las investigaciones.   Riesgos concretos para Guatemala El posible giro diplomático hacia Beijing no solo representaría una ruptura con Taiwán —país que, ha brindado cooperación técnica, asistencia financiera, becas y apoyo político durante décadas sino también un deterioro de la confianza internacional. Estados Unidos ha dejado claro, a través de declaraciones recientes y políticas de asistencia exterior, que los países que optan por alinear sus intereses con China continental podrían enfrentar repercusiones, incluyendo: Reducción o suspensión de programas de cooperación bilateral Restricciones a inversión extranjera Sanciones individuales para funcionarios y empresarios involucrados El caso de otros países centroamericanos que han roto lazos con Taiwán ha sido estudiado de cerca por Washington, y se evalúan sus consecuencias tanto económicas como de seguridad. Washington exige transparencia y responsabilidad Fuentes diplomáticas indican que tanto el Congreso guatemalteco como el Ministerio de Relaciones Exteriores deberán rendir cuentas sobre cualquier intento de modificar la política exterior del país sin un debate público y transparente. Estados Unidos considera que una relación cercana con Taiwán no solo beneficia a Guatemala en términos de cooperación y desarrollo, sino que también garantiza un contrapeso al avance autoritario del régimen chino en la región. “El mundo está observando. Y nosotros también”, habría afirmado un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, en referencia a los actores guatemaltecos que hoy se acercan peligrosamente a Beijing.

Un amplio grupo de figuras políticas guatemaltecas, incluyendo funcionarios de alto nivel, diputados y alcaldes, están siendo investigados por agencias de seguridad de los Estados Unidos debido a presuntos vínculos con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Los señalados han ocupado cargos clave durante los gobiernos de Jimmy Morales , Alejandro Giammattei y el actual presidente Bernardo Arévalo , así como en distintos niveles del Congreso de la República y gobiernos municipales. Fuentes cercanas a investigaciones internacionales confirmaron que los nombres figuran en expedientes abiertos por autoridades estadounidenses, aunque no todos han sido formalmente acusados hasta la fecha. Funcionarios bajo investigación, clasificados por gobierno Gobierno de Jimmy Morales (2016–2020) General   Cano Zamora General Erick Escobedo General Carranza España   (también vinculado al gobierno de Giammattei) Francis Argueta , exdirector de Aeronáutica Civil (también vinculado al gobierno de Giammattei) Alfredo Brito , exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia Ricardo Guzmán Loyo , exviceministro de Gobernación y actual asesor de INL Edwin Mayén , exsubdirector de Operaciones de la PNC Rony Espinoza , exdirector adjunto de la PNC Gobierno de Alejandro Giammattei (2020–2024) General Julio Roberto Estrada Ortiz , actual comandante del Comando Aéreo Central “La Aurora” Miguel Martínez , exjefe del extinto Centro de Gobierno General Reyes Chigua , exministro de la Defensa Nacional Gendri Rocael Reyes , exviceministro de Seguridad Coronel Franco Urzúa , exasesor del Centro de Gobierno Carlos Humberto Mota Ramírez , exfuncionario y actual comandante de la Brigada de Infantería de Marina Raúl Romero Segura , exministro de Desarrollo Social Fernando Manolo Rodas de León , exviceministro Antinarcótico Edwin Manfredo Ardiano López , exdirector general de la PNC Adal Rodríguez Najarro , director general adjunto de la PNC Francis Argueta  y General Carranza España , también señalados en el gobierno anterior Gobierno de Bernardo Arévalo (2024–presente) General Hermelindo Choz Soc , jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional Abelardo Pinto , ministro de Desarrollo Social (MIDES) Cabe resaltar que, dentro de este gobierno, existe la denuncia de una red criminal que opera dentro de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), presuntamente liderada por el diputado Luis Aguirre , esto ha despertado desde hace unos meses el interés de las autoridades de Estados Unidos, que la han colocado en su lista de investigación. Entre los señalados e investigados por su posible participación con esta estructura se encuentran: Werner Ovalle , actual superintendente de la SAT. Fue viceministro de Antinarcóticos y, en 2016, nombrado Intendente de Aduanas. Entre 2020 y 2022 ocupó la vicepresidencia regional de la Organización Mundial de Aduanas. En 2024 fue designado presidente de la Comisión Portuaria Nacional (CPN). Henry David Sáenz Ramos , ministro de la Defensa Nacional. Francisco Jiménez , ministro de Gobernación. David Custodio Boteo , director general de la Policía Nacional Civil (PNC). Helver Romeo Beltetón Moscoso , director general adjunto de la PNC. Vinicio Ramírez Sequen , exsubsecretario de SVET, operador político de Miguel Martínez y actual asesor en el Ministerio de Gobernación. Jorge Estuardo Vargas , exgerente general de EMPORNAC (2008–2012), actual diputado (2024–2028) y exoperador político de Alejandro Giammattei. Arturo Samayoa , empresario que acumuló millonarios negocios portuarios desde el gobierno de Jimmy Morales. Ricardo Monterroso , actual gerente general de la EPQ. Wendy Quinto , gerente de Seguridad de la EPQ. Ricardo Isaac Vásquez López , director titular de la junta directiva de la EPQ. Neri Fransuá Luna Bonilla , miembro de la junta directiva de la EPQ. José Enrique Gil , director suplente por parte del CIV. Fernando Suriano , viceministro de Comunicaciones. Otto Guillermo Wantland Cárcamo , gerente general de EMPORNAC. Entre otros funcionarios de aduanas, comandados por Werner Ovalle. Se ha denunciado que esta estructura criminal ha desmantelado mecanismos clave de control y seguridad en los puertos. Entre las acciones más preocupantes está la remoción de los marchamos de seguridad y del sistema de monitoreo de aproximación, lo cual ha facilitado la contaminación de cargas. Además, rescindieron el contrato de un radar que formaba parte de los sistemas de vigilancia portuaria.   Diputados bajo investigación Un grupo significativo de diputados en funciones también figura en las investigaciones por parte de agencias internacionales. Algunos de ellos representan departamentos con alta incidencia del crimen organizado o han sido señalados por su cercanía a estructuras delictivas. Entre los mencionados se encuentran: Nery Ramos , presidente del Congreso Allan Rodríguez  (VAMOS) Luis Fernando Aguirre  (CABAL) Esduin Jerson Javier , alias “3 Quiebres”  (Cambio) Helmer Josué Palencia Reyes  (Valor) Boris Roberto España Cáceres  (VAMOS) Nadia de León Torres  (Nosotros) Lourdes Teresita de León Torres  (UNE) Asimismo, aparecen diputados electos por Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Jutiapa e Izabal , departamentos históricamente vinculados a rutas del narcotráfico. Algunos de ellos son: Christian Joel Martínez Juárez, Vamos Cornelio Gonzalo García García ,   Todos Darwin Alberto Lucas Paz, UNE Darwin Edgardo Ramírez Cameros, Independiente Erick Geovany Martínez Hernández, Vamos Fidencio Lima Pop, Partido Político Visión con Valores Guillermo Alberto Cifuentes Barragán, Vamos Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro,  TODOS Herman Otoniel Echeverría Casado, Vamos  Jeovanni Omar Domínguez Orozco, Partido Político Visión con Valores Joel Rubén Martínez Herrera, Vamos Juan Ramon Rivas García, Vamos Julio César López Escobar,  Cabal Karla Betzaida Cardona Arreaga, UNE Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo,  Cabal Leopoldo Salazar Samayoa, Vamos Lucrecia Carola Samayoa Reyes,  BIEN Luis Alberto Contreras Colindres,  CREO Manrique Obel Gálvez De León, UNE Mario Velásquez Pérez, CABAL Mario Ernesto Gálvez Muñoz, UNE Martín Nicolás Segundo, UNE Marvin Adrián Zepeda, TODOS Maynor Estuardo Castillo Y Castillo, Vamos Oscar Rolando Corleto Rivera, Independiente Randy Araely Coc Figueroa, Victoria   Alcaldes señalados También figuran alcaldes y exalcaldes , principalmente de los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Jutiapa, donde el narcotráfico ha ganado terreno en los últimos años: Walter Nájera , Sipacate, Escuintla Jonatan Zarceño , Iztapa, Escuintla Odilia González , Puerto de San José, Escuintla Vinicio Najarro , exalcalde del mismo municipio Abraham Rivera , alcalde de Escuintla Henry Ayala , exalcalde de San Lorenzo, Suchitepéquez Manolo Lapoyeu , actual alcalde de San Lorenzo Miguel Ixcal , Santo Domingo, Suchitepéquez Fredis Ávila , exalcalde de Pasaco, Jutiapa Ottoniel Pineda , actual alcalde de Pasaco Ottoniel Lima , exalcalde de Nueva Concepción, Escuintla Isaías Corado , actual alcalde de Nueva Concepción   Aunque las investigaciones aún están en curso, el creciente número de figuras políticas bajo escrutinio refuerza la percepción internacional de que el narcotráfico ha logrado infiltrar distintos niveles del aparato estatal. La presión sobre el presidente Arévalo —quien ha prometido una lucha frontal contra la corrupción— aumenta, al tiempo que se evidencia la continuidad de redes de poder entre distintos gobiernos. Estas revelaciones exponen una estructura política profundamente interconectada, cuya penetración trasciende ideologías, partidos y administraciones.

Una reciente investigación ha revelado irregularidades dentro del sistema penitenciario. Varios reos ya sentenciados, que por norma deberían cumplir su condena en la Granja Penal de Pavón, continúan en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Según fuentes internas, esta situación responde a decisiones tomadas por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo que ha despertado inquietudes sobre posibles actos de favorecimiento y complicidad con los sentenciados. Estos privados de libertad no solo permanecen ilegalmente en el centro preventivo, sino que además ejercen control sobre los sectores, manejan negocios ilícitos gozando de privilegios dentro del penal, de los cuales se presume el ministro Jiménez recibe ganancias. Lo siguiente detalla un listado de los sentenciados y su influencia actual dentro del preventivo: Nombre Nacionalidad Sector / Función Observaciones Franklin Geovany Pineda Velásquez Guatemalteco Control total del sistema, Sector 12 Figura clave en toda la estructura de poder carcelario Jesús Eduardo Sandoval Silva Colombiano Controla panadería del Sector 7 Maneja negocio desde prisión Juan Carlos Paredes Guatemalteco Control del Sector 7 Coordinador interno Walter Puxunic Sinsinai Guatemalteco Ex PNC, maneja tortillería en Sector 7 Ex PNC con contactos internos Macedonio Alberto Quiñones “el mono” Guatemalteco Sector 7 Reo con alto nivel de influencia Pedro Paulo Hernández Luargas Guatemalteco Mano derecha de “el mono” Segundo al mando en el Sector 7 José Luis Cervantes Mexicano Sin sector específico Vínculos con autoridades, goza de privilegios César Garay Carrillo Mexicano Sin sector específico Vínculos con autoridades, goza de privilegios Jonathan Ignacio Garay Mexicano Sin sector específico Vínculos con autoridades, goza de privilegios Alias “el Belloso” Guatemalteco Control total del Sector 8 Otro líder de gran poder dentro del penal Los privilegios otorgados a estos reos, el poder que muestran y su permanencia ilegal en el preventivo de zona la 18 reflejan una profunda crisis de gobernabilidad , la cual desaprueba el trabajo del ministro Francisco Jiménez y del Gobierno.

La gestión del actual secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Christian Esaú Espinoza Sandoval, ha sido fuertemente cuestionada por decisiones que, han debilitado seriamente el Sistema de Inteligencia en Guatemala. Uno de los casos más graves es la contratación onerosa de Julio Roberto Barrios Prado como asesor del despacho superior. Barrios, quien recibe un salario anual de más de Q298,000, tiene antecedentes penales por violación. Además, enfrenta denuncias por otros delitos, como abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, hurto agravado y falsedad material. A pesar de este historial, Barrios fue contratado por Espinoza, quien también es su socio comercial en la organización civil Diálogos. Esta decisión ha generado preocupación sobre la transparencia y ética dentro de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece la necesidad de contar con un sistema de inteligencia robusto y eficiente. Sin embargo, bajo el liderazgo de Espinoza, se desmanteló el funcionamiento del Centro de Formación y Profesionalización en Inteligencia Estratégica, creado en 2019, el cual era el órgano responsable de capacitar al personal de inteligencia. Además, se eliminó el Sistema de Carrera, que garantizaba igualdad de oportunidades y un avance profesional basado en méritos. Otro proyecto afectado ha sido el Centro Nacional de Inteligencia, una de las iniciativas más ambiciosas y costosas del Estado en materia de seguridad. El abandono de este proyecto representa una pérdida significativa de recursos y capacidades operativas. También se han reportado despidos injustificados de personal clave dentro de la institución. Algunos exfuncionarios han denunciado haber sido separados de sus cargos con acusaciones falsas, lo que ha afectado directamente la operatividad de la SIE. Una denuncia adicional señala que un programa de cooperación con la Embajada de Estados Unidos estaría siendo utilizado para realizar seguimientos ilegales a diputados, analistas y medios de comunicación críticos al gobierno. Expertos y analistas coinciden en que la administración de Espinoza ha representado un retroceso en los esfuerzos por fortalecer la inteligencia estratégica del país. En lugar de reforzar la seguridad nacional, sus acciones han generado desconfianza y debilitado una de las instituciones diseñadas para la protección del Estado y sus ciudadanos.

Agencias del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Sección de Economía y Política, el FBI HSI y la CIA, bajo las órdenes de Washington, están llevando a cabo una investigación exhaustiva contra el viceministro Antinarcótico, Werner Ovalle. El principal objetivo es desmantelar las redes criminales que él estaría liderando junto con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; el ministro de la Defensa, Henry Sáenz; y otros involucrados de la Embajada de EE. UU., encubiertos por el asesor de INL, Ricardo Guzmán Loyo. Las agencias mencionadas han señalado a estos como los responsables del aumento y flujo de cocaína en el país. Además, se ha evidenciado que Ovalle desmanteló unidades especializadas como DIPAFRONT y las unificó bajo su mando. Las pruebas recabadas hasta ahora vinculan a Werner Ovalle, quien, durante su administración como Intendente de Aduanas en el gobierno de Alejandro Giammattei, habría tenido acceso a información y recursos que le permitieron perpetrar operaciones de narcotráfico, corrupción y defraudación. Se permitió que grupos del crimen organizado operaran con libertad, no solo en el tráfico de drogas, sino también en el contrabando en los puertos y otras áreas clave para el comercio internacional. En este contexto, las organizaciones de narcotráfico habrían utilizado los puertos como puntos estratégicos para el tráfico de drogas, sin que las autoridades pudieran tomar medidas efectivas. Hace unos días, de manera inesperada, los líderes de los 48 cantones se pronunciaron a través de una conferencia de prensa, calificando a Werner Ovalle de "impresentable" para asumir el cargo de Superintendente de la Administración Tributaria (SAT). Exigieron una investigación profunda sobre su figura, afirmando que su liderazgo está viciado y obstaculiza los esfuerzos por controlar la corrupción y el narcotráfico dentro de las aduanas. Este escándalo ha puesto en entredicho la gestión de Ovalle y también la capacidad del gobierno para mantener el orden en una de las instituciones clave en la lucha contra el narcotráfico.

Una red de complicidad entre altos funcionarios del gobierno de Guatemala y cárteles de narcotráfico está poniendo en grave peligro la seguridad nacional del país. Diversas fuentes han señalado a figuras clave del gobierno, entre ellas el ministro de Gobernación Francisco Jiménez, el viceministro de Antinarcóticos Werner Ovalle, el ministro de Defensa Nacional Henry Sáenz, el presidente del Congreso Nery Ramos, y los diputados Luis Fernando Aguirre Estrada del partido CABAL y Samuel Pérez del oficialismo, quienes estarían involucrados en una estructura que facilita el tráfico de drogas a través del país. Esta situación ha atraído la atención de Estados Unidos, que ha enviado una fuerza de tarea para monitorear y recolectar información sobre esta red de complicidad. Uno de los funcionarios más señalados es Werner Ovalle, quien antes de ser viceministro de Antinarcóticos, ocupó el cargo de intendente de Aduanas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ovalle está siendo investigado por las autoridades estadounidenses debido a la falta de control en la verificación de operaciones antinarcóticas en los puertos del país. Durante 2024, bajo su gestión, Guatemala fue utilizada como ruta de tránsito para el narcotráfico, lo que generó preocupación a nivel internacional. Además, el ministro de Defensa Nacional Henry Sáenz y el comandante de la Brigada de Infantería de Marina Carlos Humberto Mota Ramírez también están siendo investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción. La situación empeoró cuando fueron divulgados videos que muestran a un convoy de narcotraficantes mexicanos fuertemente armados cruzando la frontera hacia Huehuetenango sin ninguna intervención por parte de las autoridades. En otro video se observa un enfrentamiento entre cárteles que emplean explosivos en sus ataques, destacándose la ausencia total de las fuerzas de seguridad, lo que han informado que, bajo la orden del ministro de Gobernación, se suspendieron los patrullajes en la zona, permitiendo el libre tránsito de los narcotraficantes. La creciente evidencia de la colaboración entre altos funcionarios del gobierno y los cárteles de narcotráfico ha puesto a Guatemala en una situación crítica. La presión internacional sobre el gobierno está aumentando, mientras que la inacción de las autoridades locales revela la complejidad de esta red de corrupción. La necesidad de una investigación exhaustiva, transparencia y rendición de cuentas es urgente para frenar esta corrupción institucionalizada y recuperar la confianza en las fuerzas de seguridad y en el gobierno de Guatemala.

El diputado Samuel Pérez ha sido protagonista de una serie de situaciones controvertidas que han puesto en evidencia su conducta irresponsable, tanto en su vida personal como en su rol público. Desde altercados públicos hasta presuntos encubrimientos, las acciones del diputado parecen reflejar una cultura de impunidad y corrupción que persiste en la política de muchos países. Un incidente particularmente notable ocurrió en agosto de 2023, cuando Pérez protagonizó un altercado con la seguridad privada de un edificio en zona 4. En ese momento, se le vio intentando ingresar por la fuerza a un lugar, empujando al agente de seguridad del lugar e incluso se observó la agresividad con la que trató a su acompañante cuando intentaba calmarlo. Lo más alarmante de este hecho fue que el diputado se encontraba visiblemente alterado por el consumo de alcohol. Este episodio mostró abuso de autoridad, violencia de género y una actitud agresiva e intransigente, algo que se ha vuelto una constante en su comportamiento público. Apenas unos meses después, en mayo de 2024, el diputado nuevamente se vio involucrado en una situación bochornosa. Esta vez, se le vio en un centro nocturno, aparentemente en estado de ebriedad, besando a una trabajadora sexual. El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales, provocando una ola de comentarios negativos. Al ser cuestionado por los medios, Pérez optó por ignorar las preguntas, lo que dejó en claro su actitud evasiva y su desdén hacia la opinión pública. Sin embargo, el incidente más grave ocurrió el pasado 15 de marzo de 2025, cuando el diputado Pérez estuvo involucrado en un fatal accidente de tráfico en la carretera RN-10, cerca de Santa Lucía Milpas Altas. En el accidente, un transeúnte, Julio César Coyoy Vicente, perdió la vida al ser atropellado por el vehículo en el que viajaba el diputado. Según los informes iniciales de los Bomberos Voluntarios, tanto Pérez como su acompañante estaban bajo los efectos del alcohol. A su llegada al lugar, Pérez se mostró agresivo y confrontativo con los agentes y cuerpo de bomberos, identificándose como diputado del Congreso de la República. En el vehículo, además, se encontraron botellas de cerveza y dos colmillos que presuntamente contenían cocaína. A pesar de estos hallazgos, el informe fue rápidamente desmentido y retirado, aduciendo que la información era falsa. El encubrimiento del caso fue aún más evidente cuando fuentes cercanas señalaron que el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el Director de la Policía Nacional Civil intervinieron para suprimir cualquier evidencia relacionada con el accidente. Se alegó que incluso se amenazó a los agentes y al jefe de la comisaría de San Lucas con ser enviados a las peores comisarías del país si filtraban información sobre el incidente. Además, se mencionó que existieron sobornos a los familiares de la víctima para evitar que la verdad saliera a la luz. Es particularmente revelador que estas situaciones ocurran dentro del mismo contexto en el que aliados de la no reconocida bancada Semilla, a la que pertenecía Pérez, se jactaban de ser un partido progresista y anticorrupción. En sus discursos, defendían su compromiso con la transparencia, la ética y la justicia social. Sin embargo, el comportamiento del diputado pone en evidencia la profunda contradicción entre las palabras de sus aliados y sus acciones, dejando claro que en ocasiones la realidad no coincide con el mensaje que intentan vender a la ciudadanía. Las reiteradas conductas irresponsables de Samuel Pérez no son solo un reflejo de la falta de ética y moral en un político, sino también de un sistema que permite y encubre este tipo de comportamientos. Los ciudadanos merecen representantes que actúen con responsabilidad y respeto, tanto en sus funciones públicas como en su vida personal. El caso de Pérez es un claro ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción pueden infiltrarse en las instituciones y socavar la confianza del pueblo en sus gobernantes. Sin una rendición de cuentas adecuada, estas situaciones seguirán empañando la política y la democracia, dejando a la ciudadanía con más preguntas que respuestas.

El 23 de febrero de 2025, el municipio de San José La Máquina, en Suchitepéquez, fue escenario de las emotivas honras fúnebres del Agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Mateo Enrique Sac Pacaja. El oficial perdió la vida en el cumplimiento de su deber en el municipio de Sumpango, Sacatepéquez, donde se encontraba prestando servicio. La ceremonia fue un momento de tristeza y respeto, pero también de indignación debido a la ausencia de las altas autoridades de la PNC incluyendo al ministro de Gobernación y sus viceministros. Su ausencia fue vista como una falta de reconocimiento y respeto hacia el sacrificio realizado por el agente, lo que generó descontento entre los presentes durante el acto. Sin embargo, el malestar no terminó ahí. Fuentes cercanas a la institución han revelado que existen denuncias generalizadas de actos de corrupción dentro de la PNC, incluyendo supuestos sobornos gestionados por altos mandos para evitar sanciones y traslados de ciertos oficiales. De igual forma, se ha informado sobre cobros ilegales para ingresar a la Academia de la PNC, lo que pone en duda la transparencia y los procesos internos de la institución. Más preocupantes aún son las denuncias por acoso sexual que han surgido en los últimos meses, especialmente en dicha academia. A pesar de que estas denuncias han sido presentadas, las autoridades encargadas han hecho caso omiso de ellas, lo que alimenta la desconfianza dentro de la fuerza policial. Adicionalmente, se ha hablado de despidos injustificados de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), señalando que estas decisiones están siendo tomadas de manera arbitraria por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. La falta de apoyo por parte de las autoridades en momentos cruciales, junto con la creciente corrupción y las denuncias de abusos dentro de la institución, está deteriorando la moral de los miembros de la PNC. Esto refleja una crisis interna evidente, que hasta ahora no ha sido abordada ni comentada por las autoridades responsables.

Fuentes confiables han revelado detalles sobre un negocio ilícito que involucra la compra de cientos de pistolas de la marca Beretta, en cual se encuentra implicado el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por imponer ilegalmente estas armas en la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con las mismas fuentes, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra, estaría también involucrada en el negocio debido a su parentesco con Óscar Grazioso, propietario de una empresa importadora y tienda de armas. Las pistolas Beretta, que se pretenden adquirir para la PNC, son de baja calidad, lo que contradice los discursos oficiales sobre la dignificación y modernización de la institución policial. Lo más alarmante de la situación es que este supuesto negocio está siendo avalado por el presidente Bernardo Arévalo. En la Oficina de Asuntos Económicos y el Grupo Militar en Cayalá, la operación ha generado desaprobación, pues se considera que pone en riesgo el desempeño de la PNC y su capacidad para cumplir con su labor de manera efectiva. Se espera que en los próximos días se interponga una denuncia formal que involucra al Ministro de Gobernación, al Director de la PNC y a la Ministra Grazioso. Este escándalo podría agravar aún más la crisis política y sumir al gobierno en un nuevo escándalo de corrupción de alto nivel.

Según fuentes internas del Ministerio Público, se encuentra en curso una investigación avanzada sobre una presunta estructura de lavado de activos vinculada a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei, esto con la colaboración de los empresarios Mauricio López (padre e hijo) propietarios de la empresa ASPETRO, y Abel Roldán quienes habrían participado en este entramado ilícito. De acuerdo con la denuncia, los señores López, quienes son propietarios de la empresa ASPETRO y según fuentes cercanas les retiraron sus visas por continuar involucrados en casos de corrupción, habrían utilizado a Roldán para implementar proyectos en distintos puntos del país, tales como la construcción de viviendas y la instalación de infraestructura vial. Asimismo, se menciona que la empresa GAPSA, fundada por Roldán y su socio Gustavo Herrera, quien se encuentra refugiado en Nicaragua, estuvo involucrada en diversas actividades ilícitas. Uno de los proyectos destacados es la construcción de la casa de Miguel Martínez y Alejandro Giammattei en el municipio de Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, financiado a través de ASPETRO. Además, se menciona la implementación de la cinta asfáltica que conecta este municipio con Palín, Escuintla, utilizando las empresas del señor Miguel Raxón, ubicadas en la zona 12 de la ciudad capital. La denuncia también sugiere que el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, podría estar vinculado en el desarrollo de un edificio de más de 10 niveles en la colonia Granai, zona 11, a través de un terreno otorgado por él. Se ha señalado que, en esta red de corrupción también están implicados los alcaldes, Juan Manuel Asturias de Antigua Guatemala y Federico Bethancourt Sánchez alcalde de Ciudad Vieja, quienes habrían otorgado licencias de construcción de manera irregular. En otro giro, la denuncia apunta que los señores López están involucrados en la compra de propiedades de lujo en diversas zonas, como El Pulté, zona 16 y en el departamento de Escuintla, utilizando los recursos de contratos de construcción obtenidos de manera corrupta. Para lavar el dinero, se habrían utilizado proyectos inmobiliarios, como Naru16, Brisa Zona 16 y Lomas de San Isidro, en los cuales Roldán habría jugado un papel clave en la compra de propiedades y su legalización. Según información extra oficial, el MP habría estado intentando girar órdenes de captura. Sin embargo, la corrupción que existe entre los jueces y altos mandos de la PNC han imposibilitado las acciones, debido a que se ha filtrado información lo que pone en alerta a los jueces bloqueando las acciones pertinentes. Se espera que las autoridades correspondientes continúen con el proceso de investigación para desmantelar esta red de corrupción que según han indicado, está profundamente enraizada en dicho ministerio.

Una fuente dentro del Congreso ha revelado que existe un grupo de personas que manipula y vende información relacionada con los contratados por el Ministerio Público. Según las fuentes, estos individuos estarían recibiendo pagos para influir en el proceso de selección, ayudando a que ciertos aplicantes vinculados a actividades criminales sean favorecidos, logrando alterar pruebas de polígrafo y desaparecer información sensible en su contra. Otro relato de un colaborador de INL que pidió el anonimato, señaló que estas personas inicialmente fueron contratadas por USAID. Además, se ha señalado que este grupo no actúa de manera aislada. Al parecer, mantiene estrechos vínculos con una mafia dentro de la Policía Nacional Civil, la cual juega un papel clave en la manipulación de datos. Según la denuncia, miembros de la PNC ayudarían a borrar o fabricar información falsa que afecta tanto a los aplicantes que desean ingresar al MP como a aquellos que buscan perjudicar a los finalistas. Este esquema de corrupción pone en peligro la integridad de los procesos dentro del Ministerio Público y la justicia en general, al permitir que personas con antecedentes criminales accedan a puestos claves. Se espera que las autoridades se pronuncien sobre las denuncias,   A continuación, se presenta la lista de las personas que estarían involucradas en la manipulación y venta de información. 1.     ANABELLA CAROLINA  HERRERA IXTUC RAMIREZ        PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN II 2.     EVELYN CAROLINA  DE LEÓN ROJAS PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN I 3.     LUISANA DANESA  HERNÁNDEZ CHACÓN PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN I 4.     MANUEL ALBERTO  KELLY MEDRANO COORDINADOR DE RECOPILACION DE DATOS DE CAMPO 5.     MARLON DAVID  TRUJILLO SÁNCHEZ PSICÓLOGO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 6.     SULMI RUBI  NORIEGA HERNÁNDEZ PSICÓLOGO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN