
Una fuente oficial ha presentado serias acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección de comisionados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en Guatemala.
De acuerdo con la denuncia, miembros de la Planilla 8, responsables de elegir a tres comisionados para cada una de estas instituciones, estarían implicados en prácticas corruptas que incluyen la oferta de dinero y favores políticos a los comisionados ya comprometidos con sus listas de votos, lo que estarían promoviendo la alteración de resultados en este proceso de selección.
La denuncia señala que estos miembros de la Planilla 8 han presumido en sus reuniones de contar con el apoyo de destacados personajes como Dionisio Gutiérrez, la Embajada de los Estados Unidos y figuras como Todd Robinson, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Jordán Rodas y Erika Aifán. Este respaldo, según se alega, ha sido utilizado para fortalecer su influencia en el proceso, aumentando el riesgo de tráfico de influencias al involucrar actores externos en la manipulación del proceso.
En un giro aún más preocupante, se ha revelado que se organizó un viaje a El Salvador del 5 al 7 de julio, bajo la apariencia de un curso-taller patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Durante este evento, en el que participaron la delegada del Departamento de Estado de EE. UU. y una delegación de Colombia enviada por Iván Velásquez, encabezada por Thelma Aldana, los comisionados fueron presionados para apoyar a candidatos específicos para la CSJ. Los candidatos en cuestión incluyen a los decanos Milton Estuardo Argueta Pinto (Universidad Francisco Marroquín), Luis Antonio Ruano Castillo (Universidad Mariano Gálvez), Luis Fernando Cabrera Juárez (Universidad Mesoamericana) y Hugo Rolando Escobar Menaldo (Universidad Rafael Landívar).
Fuentes cercanas al evento han señalado que, lejos de solicitar apoyo de manera transparente, se emplearon tácticas intimidatorias. Los decanos presentes fueron informados que Gregorio Saavedra lideraría la comisión de postulación y que debían someterse a sus directrices, bajo amenaza de consecuencias adversas una vez que el grupo asumiera el control de las cortes. Este tipo de coacción, junto con los ofrecimientos monetarios, subraya la gravedad de la acusación del delito de tráfico de influencias.
Hugo Escobar Menaldo, uno de los candidatos propuestos, ha declarado que su grupo estaría dispuesto a hacer "lo que fuera necesario" para alcanzar los objetivos establecidos en la reunión. Esta declaración subraya las preocupaciones sobre la integridad del proceso.
Dado el contexto y la gravedad de las acusaciones, es imperativo que el Ministerio Público investigue de manera exhaustiva si las actividades de la Planilla 8, incluidas las invitaciones a El Salvador, las posibles amenazas, sobornos y el tráfico de influencias, han afectado la legitimidad del proceso de selección de magistrados. La revelación de estas prácticas sugiere la existencia de una comisión paralela que podría estar manipulando el proceso para responder a intereses políticos, lo que plantea serios riesgos de corrupción y falta de transparencia en la administración judicial.
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