Un nuevo caso de extorsión empresarial ha salido a la luz, involucrando al Superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes y su familia.
Fuentes oficiales confirmaron que un grupo de empleados de la SAT, junto con la Dirección General de Armas y Municiones (DIGECAM) y la empresa de importación COMBEX-IM, conforman la red criminal que estaría operando de manera ilegal y generando ingresos millonarios a través de un sistema de estafas que afecta gravemente a los importadores de armas y municiones en el país.
Según las investigaciones, estos se dedican a manipular la información y los documentos de los importadores de armas y municiones, creando demoras y obstáculos innecesarios en los trámites. Estos retrasos son utilizados como una estrategia para obligar a los importadores a pagar sobornos y otros pagos ilegales que no están justificados, acumulando un total de más de un millón de quetzales mensuales.
La operación conjunta de la SAT y la DIGECAM permite que este grupo extorsionador controle el proceso de importación, aprovechándose de su poder para generar beneficios ilícitos. Las fuentes indican que este modus operandi ha estado funcionando durante un largo periodo, con la complicidad de altos funcionarios de ambas instituciones, quienes no solo manipulan los trámites, sino que también imponen tarifas adicionales que afectan a las empresas importadoras de armas.
Este nuevo escándalo se suma a otras investigaciones en contra del Superintendente, Marco Livio Díaz Reyes por presuntos vínculos con estructuras criminales, a quien el día de hoy le fue allanada la firma Moore Días-Reyes por presuntas irregularidades en temas tributarios.
La situación actual está generando un clima de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones estatales, como la SAT y la DIGECAM, se ve cada vez más deteriorada donde los casos de corrupción sigan socavando la credibilidad del gobierno y la transparencia de sus funcionarios.
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