Según fuentes cercanas aseguran que el ministro Francisco Jiménez junto a sus asesores Vinicio Ramírez y Gerardo Santeliz, en contubernio con la Primera viceministra de Seguridad, Claudia Palencia y el Segundo viceministro Administrativo, Felipe Sánchez González, estarían cobrando de manera anticipada por la estadía de narcotraficantes y sindicados de corrupción para ocupar una carceleta de lujo en la nueva construcción de la cárcel de Masagua Escuintla, financiada con fondos del BCIE.
Pero no es el único escándalo que sacude al Ministerio de Gobernación, también se descubrió presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la cárcel de Masagua con la empresa mexicana TRADECO, conocida por su historial de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Esta empresa defraudó 80 millones de quetzales al Estado de Guatemala durante el gobierno del Partido Patriota, tras incumplir la construcción de 76 kilómetros de carretera en el departamento de Huehuetenango. Pese a estos antecedentes, TRADECO y sus subsidiarias, Inmobiliaria Rancho Sierra - ITECSA, este año lograron adjudicarse el contrato para el diseño y construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla.
Además, se asegura que, el Consorcio Inmobiliaria Rancho Sierra – ITECSA, no conseguía una institución bancaria que les vendiera la fianza necesaria para firmar el contrato, hasta que lograron consolidar un acuerdo con el Banco CHN para que realizara un documento que fuera aceptado por el BCIE y que les pudiera adjudicar la obra, todo esto con el apoyo total del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
El proceso fue aún más irregular, el diseño de la cárcel fue adjudicado dos veces. La primera, bajo el NOG 19155034, por un monto de Q17,066,782.93 y posteriormente, se modificaron los planos con información interna del Ministerio de Gobernación, violando la Ley de Contrataciones del Estado. A pesar de estas anomalías, el ministro Jiménez reanudó el contrato 001-2022, autorizado mediante la Resolución Número 000123 del 21 de febrero de 2024. El ministro de Gobernación delegó la firma para la suscripción de la enmienda del contrato a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Ministerio de Gobernación.
TRADECO y sus representantes, Carlos González Macías y Juan Antonio Hernández Alvarado, han sido investigados por temas de narcotráfico en Estados Unidos. En 2019, ambos fueron ligados a proceso por tráfico de drogas, incumplimientos de contratos y proyectos inconclusos en El Salvador y Honduras.
El caso señala posibles actos de complicidad por parte del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, al permitir que una empresa con un historial tan cuestionable continúe operando en el país. TRADECO no solo ha defraudado al Estado de Guatemala, sino que también utiliza contratos gubernamentales para legitimar fondos provenientes del narcotráfico.
Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos exigen al Ministerio Público una investigación exhaustiva que esclarezca las responsabilidades y lleve ante la justicia a los funcionarios responsables.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, así como de garantizar que las instituciones gubernamentales actúen en beneficio de la nación y no de sus propios intereses.
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