El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha establecido una nueva instancia mediante el acuerdo ministerial 214-2024 con el objetivo de investigar y perseguir a quienes expresen opiniones contrarias a la agenda LGBTI, comunidades y autoridades de los pueblos originarios. Esta medida, que busca vigilar y sancionar las posturas disidentes, ha suscitado una serie de preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad.
La creación de esta instancia ha generado alarma por varias razones. En primer lugar, se teme que la medida pueda legitimar la percepción errónea de que en Guatemala existen problemas generalizados de crímenes raciales y de odio. Críticos argumentan que la implementación de esta herramienta ideológica podría exacerbar las divisiones sociales en lugar de promover la cohesión y el entendimiento mutuo.
Además, se argumenta que el acuerdo ministerial 214-2024 podría contribuir a aumentar la polarización entre los ciudadanos. La idea de que un órgano estatal se dedique a investigar opiniones contrarias sobre la agenda LGBTI es vista por algunos como una forma de fomentar el odio y la desconfianza entre diferentes grupos dentro del país.
El Ministro Jiménez, acusado por algunos de ser resentido e inseguro incluso hasta mediocre en la manera en cómo ha llevado a cabo su labor dentro del Ministerio de Gobernación, ha sido criticado por permitir la creación de esta instancia que, según detractores, podría imitar escenarios problemáticos observados en otros contextos internacionales. Por ejemplo, se menciona el caso de Sudáfrica, donde las narrativas falsas sobre conflictos raciales han llevado a incidentes de odio y crímenes atroces.
Distintas opiniones sostienen que esta política podría contribuir a una mayor fragmentación y confrontación entre la población guatemalteca.
Comments