Guatemala atraviesa una etapa de alta tensión política, marcada por la cercanía de posibles extradiciones de narcotraficantes y la implicación de altos funcionarios del Gobierno. Sin embargo, en medio de este contexto, ha emergido una campaña mediática que estaría generando incertidumbre sobre lo que realmente podría suceder en los próximos días.
Santiago Palomo y el periodista José Rubén Zamora parecen estar trabajando en un Peladero que, según fuentes cercanas, dista mucho de los hechos que realmente se están preparando. A través de este medio, se ha intentado difundir que la reciente visita del secretario Marco Rubio al país tenía como propósito iniciar una serie de extradiciones exprés de los miembros del denominado "Pacto de Corruptos". Sin embargo, según informantes, esta narrativa no refleja los planes reales, ya que las extradiciones se estarían enfocando en figuras de altas esferas del Gobierno.
Entre los funcionarios señalados se encuentran Francisco Jiménez, ministro de Gobernación; Werner Ovalle, quinto viceministro de Antinarcóticos; y Wilber Arreaga, actual subdirector de Análisis e Información Antinarcótica de la SGAIA-PNC. Estos altos cargos están siendo investigados por su presunta participación en el "tumbe" de 9.5 toneladas de cocaína, decomisadas el pasado 7 de diciembre de 2024 en República Dominicana. Además, se les vincula con el tráfico de precursores químicos y fentanilo, que fueron introducidos ilegalmente en el país con la complicidad de la SAT, a cambio de una fuerte suma de dinero.
Por otro lado, otra preocupación de Santiago Palomo es el riesgo de perder la Unidad de Seguimiento Ilegal que había sido creada con financiamiento de USAID. Esta unidad ha sido fundamental en la recopilación de información sobre actividades ilícitas en el país y su posible desaparición estaría afectando los intereses políticos de Palomo.
Las acusaciones que salpican a miembros del Gobierno, como el ministro de Gobernación y los altos funcionarios de la SGAIA-PNC, agravan aún más la situación. La presunta vinculación de estos funcionarios con el narcotráfico y la corrupción institucionalizada representa una amenaza directa a los esfuerzos por desmantelar las estructuras delictivas que operan en Guatemala. Si se confirman las extradiciones, se podrían dar pasos cruciales para frenar la impunidad, aunque la manipulación de la información y los intereses políticos siguen marcando la agenda mediática del país.
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