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Corrupción en la Marina de la Defensa Nacional: Una red de abusos bajo el mando del Ministro de la Defensa y su círculo cercano


La administración de los recursos en el Ministerio de la Defensa, es un tema sensible, ya que involucra la seguridad nacional. Sin embargo, recientes denuncias apuntan a una serie de delitos y abusos cometidos dentro de la Marina de la Defensa Nacional bajo la dirección del ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saénz Ramos, acompañado de la influencia del Vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes. A través de estos hechos, se ponen en evidencia no solo actos de corrupción, sino también la vulneración de principios fundamentales como la transparencia, el respeto a la ley y la honradez que el Gobierno de Bernardo Arévalo transmitió a inicios de su mandato.


Primer caso: La sustracción ilegal de armamento y recursos del Estado

Una de las primeras acusaciones tiene como protagonista al vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes, comandante de la Marina de la Defensa Nacional quien, según denuncias, ha permitido una serie de abusos en dicha institución. En particular, se señala que, bajo sus órdenes y con la complicidad del ministro de la Defensa, se han autorizado prácticas ilegales que involucran la sustracción y uso indebido de armamento, municiones y otros recursos del Estado.


Se menciona que el oficial Barillas Ajin utilizó armamento y munición sin la debida autorización, lo que constituye un delito. A pesar de la gravedad del hecho, las sanciones impuestas fueron mínimas y únicamente administrativas, sin que se tomaran medidas legales o se denunciara el acto ante las autoridades competentes. Este comportamiento refleja una falta de voluntad política para abordar la corrupción y los abusos dentro de la institución.


De acuerdo con las fuentes, el ministro y el vicealmirante habrían consentido que otros recursos de la Marina, como armamento y tolvas, fueran utilizados sin control ni normativas claras. Uno de los casos más alarmantes involucró a la señora Katerine Calvillo, quien, sin ninguna autorización, usó munición y equipos militares exclusivos para entrenamientos reservados solo para el personal militar. Además, la Guardia de Honor, que está bajo la responsabilidad de la Marina, también facilitó estas acciones ilícitas. A la presente fecha por acciones menores el ministro Saénz ha hecho alarde de cambiar a personal de los puestos y como lo indicó en una entrevista señaló que no toleraría actos que fueran objeto de corrupción, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. Fuentes cercanas aseguran que, esta es una organización que facilita recursos del estado bajo la tutela del ministro.


Segundo caso: Tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública

El segundo caso de corrupción involucra el proceso de contratación pública para la "Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros de Costo de la Marina de la Defensa Nacional". A través de la licitación número 22518827, adjudicada a la empresa Constructora de Oriente, dicha empresa, cuyo propietario es Edgar Estuardo Cruz, obtuvo el número de contrato 016-20024 por un monto de Q. 2,888,855.68 sin que se cumplieran los plazos estipulados, ya que los trabajos en el Comando Naval del Caribe no han sido finalizados, a pesar de la fecha límite de 2024.


Facturas pagadas que constan los supuestos trabajos finalizados.

Además, se señala que el Capitán de Navío Oscar Alfredo Gómez Cortez, subordinado directo del Vicealmirante Loarca, ha coaccionado a oficiales de la Marina para recibir dichos trabajos, a pesar de que se encuentran inconclusos y han generado irregularidades en su ejecución. La falta de supervisión y el abuso de poder por parte de los altos mandos de la Marina, junto con las presuntas conexiones de la empresa contratista con personas cercanas al ministro, son indicios de un posible esquema de tráfico de influencias y peculado por sustracción de fondos.


La coacción no solo implicó amenazas, sino que se ofrecieron puestos dentro de la DIGECAM y otros beneficios para que los oficiales aceptaran el acto de simular la recepción de los trabajos. Este tipo de manipulación revela un patrón de tráfico de influencias y abuso de poder, donde la corrupción permea hasta las altas esferas del poder militar.

 

Fundamentos legales:

  1. Coacción (Artículo 159 del Código Penal): Uso de amenazas o violencia para obligar a alguien a realizar una acción contra su voluntad.

  2. Peculado por sustracción (Artículo 419 del Código Penal): Apropiación indebida de recursos públicos.

  3. Extorsión (Artículo 253 del Código Penal): Obtención de beneficios a través de intimidación o amenazas.

  4. Abuso de poder (Artículo 425 del Código Penal): Uso indebido de autoridad para obtener beneficios personales.

  5. Tráfico de influencias (Artículo 451 del Código Penal): Uso de la influencia de un funcionario para obtener ventajas personales.


Un sistema de corrupción estructurado

Las denuncias y evidencias presentadas muestran un patrón de corrupción y abuso de poder en la Marina de la Defensa Nacional, donde altos funcionarios han facilitado el uso indebido de recursos públicos, la manipulación de procesos contractuales y la coacción de oficiales para cumplir con órdenes ilegales. La falta de acción por parte del Ministro de la Defensa Nacional ante estos actos también plantea serias dudas sobre su responsabilidad y su compromiso con la transparencia y la integridad en la administración pública.


Es crucial que las autoridades competentes, como la Contraloría General de Cuentas, tomen medidas inmediatas para investigar estos hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. La corrupción dentro de las instituciones de defensa pone en peligro la confianza pública y el bienestar de la nación.

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