Blanca Odilia Alfaro Guerra, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se encuentra en negociaciones con el sindicato de la institución. Según fuentes cercanas, Alfaro estaría ofreciendo Q 5,000 a cada miembro para asegurar su apoyo y evitar interferencias en sus decisiones políticas. Esta propuesta se enmarca en un contexto de tensiones tras la intervención del Ministerio Público en el TSE por las irregularidades en las votaciones pasadas, donde se alega que los trabajadores fueron amedrentados por los fiscales.
Además de la compensación monetaria, se ha informado que Alfaro accedió a las exigencias del sindicato, autorizando un día adicional después de cada descanso por asueto o feriado. Lo que ha suscitado inquietudes sobre la ética de estas negociaciones. Analistas argumentan que estas tácticas podrían comprometer la integridad del TSE y su capacidad para llevar a cabo procesos electorales transparentes.
Otra de las medidas polémicas que Alfaro ha sugerido es reiniciar el padrón electoral desde cero, responsabilizando al MP de haber "secuestrado" la documentación electoral original. Sin embargo, fuentes del MP indican que solo se llevaron copias, y que la información es de carácter público. La idea de comenzar un nuevo padrón ha generado preocupación entre expertos, quienes señalan que esta acción podría ser considerada ilegal. La ley Electoral y de Partidos Políticos establece procedimientos claros para la actualización del padrón, y un cambio drástico podría levantar serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
Estos acontecimientos han llevado a un creciente escepticismo sobre la capacidad de la presidenta Alfaro para llevar adelante una administración imparcial y responsable, especialmente en su interés por asumir como jefa del Ministerio Público en el 2026.
La ciudadanía en general espera respuestas y acciones que garanticen la integridad del proceso electoral en el país.
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